Estado colombiano solo tiene acreditadas 219 víctimas de la UP

Terminó este viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia pública en el caso por el exterminio del partido Unión Patriótica en Colombia.

Esta audiencia es parecida a la etapa de juicio en un proceso penal colombiano, por cuanto durante los 5 días se escuchó al Estado, las víctimas, testigos, peritos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pruebas que ahora deberán analizar los magistrados que integran la Corte IDH.

(Le puede interesar: Corte IDH escucha a Estado y víctimas por caso del exterminio de la UP)

En la sesión de este viernes, que fue la última de la audiencia pública, se escucharon los argumentos finales de las partes en este proceso que por las  sucesivas y graves violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años, según el informe de fondo de la CIDH. 

Colombia, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), reiteró en la sesión que el Estado reconoce su responsabilidad en los hechos que causaron el exterminio sistemático de de la Unión Patriótica, y de hecho, presentó un video con los nombres de varias víctimas que reconoce e hizo minutos de silencio por ellas. 

Sin embargo, insistieron en que no debe ordenarse una reparación individual a las más de 6.000 víctimas de las que habló en su informe de fondo la CIDH -en este informe señalan la responsabilidad del Estado en los hechos-. Para el Estado, no se tuvieron en cuenta las reparaciones colectivas que ya se han entregado y, más allá de eso, señalaron que solo 219 víctimas están debidamente identificadas y acreditadas en el proceso, por lo cual una eventual reparación individual solo podría ordenarse frente a esa cantidad de personas. 

"El Estado reconoce su responsabilidad pero insiste en que las víctimas en reparaciones deben estar bien individualizadas, identificadas", manifestó Juana Acosta, del equipo de la Andje.

Además, manifestaron una posible falta de competencia de la Corte IDH, pese a fue el mismo Estado el que presentó a la Corte el caso  -por estar en desacuerdo con el informe de fondo de la CIDH-, y que ya en Colombia hay procesos judiciales e incluso en la JEP hay dos casos que se relacionan con los hechos, por lo que no debería intervenir la Corte, que solo tiene competencia subsidiaria, es decir, si internamente no se investiga y juzga.

En ese sentido, los representantes de la Anje dijeron que consideran que la justicia interna ha logrado avances como 55 condenas por el exterminio de la UP, que hay 979 investigaciones abiertas y activas; y que 19 sentencias de Justicia y Paz presentan avances en el esclarecimiento del contexto en diversas regiones con victimización de la UP. Estas sentencias reconocen a  77 víctimas de la UP.

(En contexto: Colombia pide que Corte-IDH emita fallo colectivo en caso de la UP)

Por su parte, los representantes de víctimas insistieron en la impunidad que ha reinado en el caso.

Jael Quiroga, de la Corporación Reiniciar, dijo que por 4 días se escuchó "el horror  del genocidio de la UP y cómo fue propiciado por acciones y omisiones del Estado", y manifestó que el reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado es parcial y muy limitado y contradice la magnitud que tuvo este caso. 

"La violencia contra la Unión Patriótica solo podrá encontrar verdadera justicia cuando todas las autoridades competentes investiguen, esclarezcan todo el exterminio en su completa dimensión y se sancione a los responsables. Este caso se encuentra en la impunidad, rechazamos la invocación del principio de subsidiariedad que opera cuando el Estado ya brindó respuesta efectiva las víctimas y no cuando espera a brindarla", expresó frente a los reclamos de la Andje de que internamente se había atendido este caso. 

En ese sentido ella, y otros representantes de víctimas, pidieron a la Corte IDH que ordene como reparaciones que haya restitución, búsqueda de de desaparecidos, aportes en verdad y reparación, compensación económica y que frente al partido político, se restituyan sus curules y haya seguridad jurídica sobre la personería del partido para enfrentar "la innegable desventaja que enfrentan los militantes en sus posibilidades reales de participación política tras el exterminio".

También hubo una intervención de Antonia Urrejola, relatora para Colombia de la CIDH, ya que en su informe de  fondo, la Comisión dijo que Colombia era responsable de las acusaciones y debía reparar a las víctimas.

Urrejola señaló este viernes que "la Comisión Interamericana solicita a la Corte que declare que el Estado incumplió con su deber de juzgar y sancionar. Declare reparar integralmente a las víctimas, y que las reparaciones colectivas no eximen la reparación de cada una de las víctimas. La masividad de las violaciones y sistematicidad no disminuyen el alcance de reparaciones individuales", manifestó.

La comisionada dijo que ante esta masividad, no se puede decir que reparar a 219 personas es insuficiente y que en este caso la responsabilidad internacional del Estado es evidente.

"Las víctimas han tenido múltiples y diferenciados daños, no solo por los crímenes sino por la impunidad en que se encuentran los hechos", añadió Urrejola quien pidió a la Corte IDH que en consecuencia dicte una reparación integral "y con perspectiva de género, cuando así corresponda, para las víctimas de este masivo exterminio".

(Le puede interesar: ‘Implementar el acuerdo puede ayudar a bajar violencia en Colombia’: Relatora de la CIDH para Colombia)

Terminada esta audiencia pública, las partes (víctimas y Estado) deben enviar los alegatos por escrito a la Corte, y luego los magistrados de la Corte IDH deberán revisarlos, junto con las demás pruebas, testimonios, peritajes y otras múltiples pruebas que se allegaron y escucharon en el proceso. 

Este extenso expediente llegó como petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace más de 20 años,  y ahora está en la recta final.  Tras evaluar todas las pruebas, en una sesión privada los magistrados se reunirán para estudiar un proyecto de sentencia y finalmente esta se conocerá. En este último paso podrían demorarse varios años. 

-Más de 760 personas reclutadas en el conflicto siguen desaparecidas

-Magistrado Juan C. Granados pidió que su caso se envíe al Congreso

-¿En qué circunstancias se puede heredar una pensión en Colombia?

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET