‘Implementar el acuerdo puede ayudar a bajar violencia en Colombia’

La violencia que ha estado azotando a Colombia en los últimos meses –con más de 50 masacres registradas por la ONG Indepaz– y el continuado asesinato de ex-Farc y líderes sociales no son ajenos a los ojos del continente.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó en entrevista con EL TIEMPO que mantienen un monitoreo constante a lo que pasa en el país en temas no solo de homicidios y masacres, sino también de las recientes denuncias de violencia policial.

Igualmente señaló que están pendientes de retomar conversaciones con el Gobierno para una eventual visita de la CIDH.

La CIDH ha acompañado la situación de derechos humanos en Colombia a través de sus diferentes mecanismos, como son las actividades de monitoreo, las medidas cautelares y el sistema de casos y peticiones. Recientemente hemos recibido con mucha preocupación información sobre masacres ocurridas en los departamentos de Nariño y el Cauca. Y, desde luego, hemos dado un seguimiento muy cercano a la grave situación de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales del país.

A juicio de la Comisión, la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz puede contribuir significativamente a la disminución de la violencia en Colombia. Si bien el Estado ha anunciado avances en la implementación de las reformas contempladas en el Acuerdo, la CIDH ha observado que persisten retos muy importantes en la implementación de los compromisos, particularmente en diversos territorios del país en donde hay presencia de grupos armados.

La CIDH observa como uno de los retos la continuidad de la violencia en el país. La Comisión ha sostenido que la violencia en Colombia es una realidad extremadamente compleja y, por consiguiente, no atribuible a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores estructurales. Sin embargo, nota con alarma que la violencia se ha enfocado en diversos territorios, especialmente en aquellos que de manera histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio principalmente de líderes y lideresas sociales, poblaciones indígenas y afrodescendientes, entre otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, la Comisión destaca que uno de los aspectos relevantes para la construcción de una paz sólida y duradera es la reincorporación efectiva de excombatientes de las Farc a la vida económica, social y política del país. En este sentido, insta al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para la implementación de la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Hemos recibido información sobre el uso excesivo y letal de la fuerza policial en la ciudad de Bogotá durante las manifestaciones ocurridas con ocasión del asesinato del abogado Javier Ordóñez.

Quiero resaltar que, en los últimos meses, la Comisión ha sacado tres comunicados sobre la escalada de violencia en el país, en los cuales expresamos nuestra preocupación por el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales; hacemos un llamado a redoblar los esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz; y condenando el uso excesivo de la fuerza policial y expresando preocupación por los hechos de violencia.

Existen estándares en materia de militarización de la seguridad ciudadana, el uso restringido de la jurisdicción penal militar y el uso legítimo de la fuerza, que son muy importantes al analizar la situación de derechos humanos en Colombia.

En este sentido, es fundamental la separación clara entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas.

Por otra parte, la jurisdicción penal militar debe estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales de las funciones propias de las fuerzas militares, y todas las vulneraciones de derechos humanos deben ser conocidas en la jurisdicción ordinaria, lo cual incluye las cometidas por militares contra militares.

Finalmente, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad y bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Todos estos estándares que menciono son temas muy importantes en el actual contexto colombiano. Sabemos que actualmente hay varios debates sobre estos temas y estamos monitoreando de cerca la incorporación de estos en el ámbito interno, tanto en las normas jurídicas como en las prácticas y políticas públicas.

La Comisión cuenta con varios mecanismos de seguimiento, como las visitas país y las visitas in loco, en ambos casos se precisa de la anuencia del Estado. Confiamos en que Colombia está abierta al escrutinio internacional, como lo han estado casi todos los países de la región, a excepción de Venezuela y Nicaragua, desde 2019.

Esperamos la predisposición de Colombia para recibir oportunamente una visita de la CIDH. Un indicador muy positivo al respecto es que con anterioridad de la pandemia ya se venían adelantando conversaciones para la realización de una visita mía como Relatora de país enfocada en la situación de los pueblos indígenas, sobre cuyos derechos humanos también soy Relatora. Confío que una vez que sea posible viajar, la CIDH pueda realizar una visita al país. Es un tema que tenemos pendiente y en su momento retomaremos con las autoridades.

Hemos estado conversando informalmente al respecto en las distintas reuniones de trabajo con representantes de Colombia; no obstante, dadas las restricciones de movilidad por la pandemia, aún no hemos solicitado formalmente la autorización para efectuar dicha visita.

El Sistema Interamericano ha mejorado considerablemente en el transcurso de los años. Estoy convencida de que hemos mejorado notablemente en términos de eficacia, a la justicia y atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que es la centralidad de nuestra labor.

Siempre hay cosas por mejorar, fortalecer, y la CIDH siempre ha estado abierta a un diálogo genuino y transparente con los distintos s del sistema para revisar nuestros mecanismos y procedimientos.

La historia de la CIDH es una muestra de ese diálogo, el cual precisamente ha servido para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

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