Corte Constitucional recibirá nueva demanda contra el delito de aborto

Hace 14 años, la Corte Constitucional aceptó una demanda contra el delito de aborto para que en Colombia no se penalizara la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales.

Hoy, este mismo delito –artículo 122 del Código Penal– volverá a ser demandado ante la Corte pero esta vez el objetivo es eliminar por completo la criminalización del aborto para que las mujeres no sean perseguidas con penas que pueden ir de uno a cuatro años de prisión.

La demanda, que será presentada a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia -y que la Corte debe revisar primero si ite-, es del movimiento Causa Justa, del que forman parte 134 activistas y 91 organizaciones, entre ellas Women’s Link World Wide, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos y Católicas por el Derecho a Decidir.

Estas organizaciones afirman que el fallo del 2006 que despenalizó parcialmente el aborto –en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre, malformación del feto incompatible con la vida, o violación– fue un avance muy importante.

Sin embargo, aseguran, aunque en esos casos la IVE evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, hoy se siguen presentando obstáculos y barreras para garantizarlo, y la principal de ellas es que el aborto por fuera de esas tres excepciones sigue siendo un delito.

Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, médica y doctora en bioética, le dijo a EL TIEMPO que esta demanda quiere eliminar el delito de aborto porque mientras exista, “las mujeres no van a conseguir acceder a los servicios de manera oportuna”, por lo que se necesitan “cambios estructurales”.

González también afirma que el derecho penal debe estar para circunstancias excepcionales, y en este caso está llevando a ponerle una traba al aborto, incluso en los casos permitidos.

En ese sentido, sostiene la demanda, se deben buscar otras formas de regulación distintas a la penal, como educación sexual, prevención del embarazo no deseado, además de políticas de salud pública.

Causa Justa plantea que la penalización del aborto viola, además del derecho a la IVE, los derechos a la salud, a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio y la libertad de conciencia.

En primer lugar, la penalización impide que se garantice el aborto en los casos ya avalados porque crea un estigma que “obstruye la prestación del servicio legal” y que lleva a que, en la práctica, no se distinga entre lo que está permitido y no permitido.

El movimiento Causa Justa también sostiene que la penalización afecta de manera desigual a las mujeres y niñas más vulnerables, quienes son las que tienen más barreras para acceder a una IVE y, a su vez, son las más perseguidas por el poder punitivo (ver infografía).

Hasta el 2019 la Fiscalía había recibido 5.833 denuncias por aborto, y la mayoría de denunciadas son mujeres de zonas rurales (97 por ciento) y un 30 por ciento de las perseguidas penalmente habían denunciado violencia intrafamiliar, sexual o lesiones personales.

La demanda también sostiene que al penalizar el aborto se está haciendo un uso abusivo del derecho penal, pues este delito es ineficaz para evitar que las mujeres aborten y, en cambio, sí lleva a que lo hagan en condiciones inseguras.

Según Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina, de 400.000 abortos que se practican al año, solo un 10 por ciento se hacen por la vía legal.

“Esto nos tiene que decir algo. Hay tres causales que lo permiten, pero hay un estigma muy grande para poder acceder a este servicio de salud”, dijo. Esta situación, afirmó, se “ha agravado con la pandemia, pues algunos profesionales de la salud no lo ven como un servicio esencial”.

Por eso, las demandantes plantean que el delito de aborto afecta el derecho a la salud, llevando a que en el país persistan cifras preocupantes de mortalidad y morbilidad materna por el aborto inseguro.

Cada año, dice Causa Justa, mueren en el país unas 70 mujeres por abortos inseguros y unas 132.000 sufren complicaciones, lo que es inaceptable, ya que “los riesgos del aborto realizado en condiciones seguras son mínimos; por lo tanto, se trata de muertes y complicaciones evitables”.

De otro lado, la demanda expone que la penalización viola la libertad de profesión y oficio porque los médicos hoy prestan servicios bajo el riesgo de ser sancionados penalmente, lo que les impide ejercer su profesión de forma libre, pues sienten temor de que por la interpretación que hagan de las causales sean entendida como legales o no. Según la Fiscalía, de 337 hombres investigados por aborto, de los que se conoce su profesión, un 5,63 por ciento son médicos.

La criminalización también afecta el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación irregular, que, además, deben afrontar barreras adicionales como la exigencia de documentos que no tienen o la afiliación al sistema de salud.

Finalmente, la demanda expone que la penalización obliga a la mujer a actuar en contra de su autonomía y de su libertad de conciencia, aunque un Estado laico “no puede imponer o defender normas, valores o principios morales particulares, ligados a una religión determinada”.

En la Corte Constituconal, según sus posiciones recientes, habría tres magistrados a favor de despenalizar el aborto (Alejnadro Linares, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto  Rojas Ríos), una magistrada en contra (Cristina Pardo), y tres que han mantenido las causales y podrían estar indecisos sobre si ir más allá (las magistradas Gloria Ortiz, Diana Fajardo y el magistrado Antonio José Lizarazo).

Y en los próximos meses deben llegar dos nuevos magistrados: Jorge Enrique Ibáñez (conocido como conservador), y el otro aún no ha sido ternado por el presidente Iván Duque para que el Senado elija quién reemplaza a Carlos Bernal, quien en su paso por la Corte manifestó posiciones en contra del aborto.

MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

Twitter: @MSarralde