'Fracking': Corte podría pronunciarse sobre consulta a pescadores en Santander

En un recurso de insistencia, la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, pidió al alto tribunal seleccionar para revisión una tutela contra el Ministerio de Minas frente a los proyectos piloto de investigación integral (PPII) de fracking en Puerto Wilches, Santander.

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El recurso señala que bajo normas expedidas por el Ministerio se implementaron PPII en ese municipio del Magdalena Medio, cuyos habitantes son en su mayoría pescadores, y en donde solo el 34 por ciento llega a la educación secundaria, sin que hubiera una debida participación de la comunidad.

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Según los tutelantes, el gobierno solo ha promovido escenarios de socialización de decisiones y reuniones informativas, a los que solo han sido invitados quienes están en el área de influencia del proyecto, y los pilotos avanzan sin que haya un mecanismo de a la información. También dijeron que se han presentado graves intimidaciones y amenazas a defensores ambientales, que no se aplicó un enfoque de género y que en instancias de participación nacionales el gobierno tiene mayorías.

Tanto en primera como en segunda instancia la tutela fue declarada improcedente pero para Pardo, este debate sí debería darse en el ámbito constitucional.

Según la magistrada, los jueces que rechazaron la tutela no considerado que se trata de un escenario de derecho ambiental y que se debió verificar si se configuraba un perjuicio irremediable "porque las comunidades no pudieron participar en la implementación de un proyecto cuyo daño ambiental no está descartado por la evidencia científica; sino que, al contrario, el daño que causa cuenta con amplio respaldo científico".

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Pardo también dijo que era necesario, cosa que no hicieron los jueces, analizar si los mecanismos de participación que usó el gobierno se adaptaron a las particularidades de la comunidad, como ser en su mayoría pescadores con poca escolaridad, y si realmente los mecanismos "constituyeron un espacio participativo o sólo eran momentos de transferencia de información tecnocrática e ininteligible".

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También cuestionó que solo se hubiese convocado a la población de la zona de influencia, "ni siquiera toda la población que está cerca de las obras del proyecto fue invitada, sino solo aquella que, a juicio del mismo gobierno y sin que demostrara validación científica, tuviera impactos ambientales significativos".

Por último, Pardo consideró pertinente que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la toma de decisiones en el marco del cambio climático y la aplicabilidad de compromisos internacionales sobre esta materia, así como sobre el vacío legal por la falta de reglamentación sobre mecanismos de participación en asuntos minero-energéticos.