Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la libertad de Álvaro 'El Gordo' García: seguirá detenido por nuevo proceso por 4 mil desplazamientos forzados

Aunque el Juzgado 22 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá emitió este lunes la boleta de libertad para el exsenador Álvaro 'El Gordo' García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, EL TIEMPO conoció que la Corte Suprema de Justicia requirió al exsenador por otro proceso que cursa en su contra en la Sala de Primera Instancia por el delito de desplazamiento forzado.

La Sala de Primera Instancia ordenó la detención de García haciendo efectiva una medida de aseguramiento vigente por este nuevo proceso por desplazamiento que le abrieron después de su condena en el año 2010, como autor mediato de los homicidios de 12 campesinos que cometieron paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas el 14 de octubre del año 2000.

Por esta razón, y haciendo efectiva esta medida de aseguramiento ordenada en el año 2012, y ratificada en 2016 cuando se acusó a García por 4 mil desplazamientos forzados, el exsenador no saldrá de la cárcel La Picota.

Pese a la orden de detención, la Sala de Primera Instancia de la Corte resolverá esta semana una petición de libertad provisional y de sustitución de la medida de aseguramiento que elevó el abogado de García Romero por el nuevo proceso por desplazamiento forzado. En ese sentido, aunque ya hay una boleta de libertad por su condena por la masacre, y otra boleta de detención por el caso de desplazamiento, la Corte tendrá que pronunciarse sobre la petición de la defensa de García.  

En el expediente de la Corte contra García por desplazamiento forzado se estableció que la medida de aseguramiento en su contra entraría a operar "una vez el indagado por cualquier razón, resulte desafectado durante la fase de ejecución de la sanción impuesta en el radicado original".

La Sala de Primera Instancia, presidida por el magistrado Jorge Caldas, entraría a estudiar asuntos como la avanzada edad del procesado -73 años-; sus rasgos, cualidades y el delito por el que se le acusó, teniendo en cuenta que "el desplazamiento forzado presuntamente se causó después de perpetrada la masacre de Macayepo por la que fue condenado".

“En este proceso (62703) en providencia del 1º de noviembre de 2012 la Sala de Casación Penal, le resolvió la situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional, porque consideró que se presentó un desplazamiento forzado entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, cuando se produjo la movilización de 4000 habitantes de la región de los Montes de María, como consecuencia de la incursión paramilitar que creó un ambiente de angustia y zozobra colectivas consolidado con ocasión de los enfrentamientos entre paramilitares e insurgentes de las FARC y el ELN, que dejó como resultado varios homicidios selectivos y la incineración de viviendas en la zona”, advierte un documento de la Corte.

La Sala Penal de la Corte ya le ha negado a García el levantamiento de la medida de aseguramiento por varias razones, entre ellas, porque su “defensor no aportó pruebas nuevas que permitan desvirtuar la participación de GARCÍA ROMERO en los hechos del desplazamiento forzado de aproximadamente 4000 personas. Por tanto, no procede su solicitud de revocatoria por prueba sobreviniente”.

La jueza 22 de ejecución de penas que ordenó la libertad de García le pidió el pago de una caución o una garantía de 10 salarios mínimos -13 millones de pesos- para que pudiera quedar libre. La caución fue fijada por el juzgado en atención a la supuesta mala situación económica del exparlamentario oriundo de Sucre. Le queda pendiente la suscripción de un compromiso con el despacho y la resolución que la Corte determine en su caso para que pueda salir de la cárcel La Picota.

"La cuantía se impone en consideración a la situación económica del procesado y la gravedad de las modalidades delictivas, eso sí, advirtiéndole que el incumplir las obligaciones contraídas dentro del período fijado o incurrir en nuevas conductas delictivas, conllevará a la revocatoria del subrogado concedido y cumplir de manera intramural la pena que le hace falta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del C.P", indica el auto de la jueza Rosario Quevedo.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET