Tumban apartado con el que Gobierno pidió liberar a detenidos por violencia en el paro

La Corte Constitucional anunció en la noche de este jueves 30 de noviembre una serie de ajustes a la Ley 2272 de 2022, más conocida como la Ley de 'paz total', con la que el Gobierno busca acercamientos con grupos armados ilegales.

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En su decisión, el alto tribunal declaró "exequible", por los cargos analizados, el aparte de la Ley que dice que “se itirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social”. 

Hasta ahí se salvó la idea, sin embargo, tumbó la expresión “y se encuentren en privación 3 de libertad”, contenida en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 5º de la mencionada Ley.

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Lo anterior hace referencia directamente a las personas que participaron de las protestas en el año 2021, algunas autodenominadas integrantes de la 'primera línea'. Sobre ellos, los magistrados señalaron mayoritariamente que la petición del Ejecutivo no puede ser suficiente para dejar en libertad a estas personas, debido a que se requiere salvaguardar las decisiones que toman las autoridades de la Rama Judicial.

¿Por qué? Porque para la Corte esto atenta contra la separación de poderes y los derechos de las víctimas, pues "el Presidente y la Rama Ejecutiva del poder público en general, no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, especialmente si no se enmarca en un objetivo preciso, que tenga un fundamento constitucional claro, y que defina un ámbito de aplicación concreta subordinado a tal finalidad".

Es decir que con esto el alto tribunal tumbó la posibilidad de que quienes estén privados de la libertad puedan tener ese reconocimiento como voceros. Hay que recordar que ese fue el argumento que el año pasado sustentó el Gobierno para pedirles a distintos jueces la libertad de personas detenidas, por su presunta responsabilidad en hechos de violencia durante las protestas que se extendieron por varias regiones del país en 2021.

"La Corte puso un límite a la posibilidad de que las personas privadas de la libertad sean consideradas voceras de los grupos armados o al margen de la ley, y con ello, de alguna manera también golpea un poco la conformación de las delegaciones que en este momento cuentan con personas a quienes en su momento se les levantaron las órdenes de captura o que ya estaban privadas de la libertad sobre todo lo segundo", le explicó a este diario Jorge Mantilla,  experto en temas de paz.

Aunque la Corte salvó el grueso de la ley, colocó límites a algunos artículos. Uno de ellos es que los términos del sometimiento a la justicia los tendrá que definir el Legislador, y no el Gobierno.

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El alto tribunal fue más allá frente al tema de las solicitudes para levantar órdenes de captura de personas incluso con procesos de extradición. En ese punto, la Sala Plena señaló que resulta muy amplio e impreciso “si se observa que es aplicable a un vasto universo de criminalidad ordinaria”, y dio la idea que el tema es discrecional del Oresidente de la República, “sin que se requiriera su motivación y necesidad de acuerdo con los fines de la norma”. 

Para evitar esa discrecionalidad, la Sala consideró que la suspensión de órdenes de captura procede únicamente cuando los de las organizaciones que eventualmente se beneficiarían de tal medida “hayan dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y de transitar hacia el Estado de Derecho, y el Gobierno debe, al menos, justificarla y motivarla, de tal manera que se ajuste a los fines del sometimiento”.

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Además, recordó la Corte que esas determinaciones son actos que están reservadas a las autoridades judiciales: “De ahí que su suspensión requiera necesariamente de la intervención de la autoridad competente de la Rama Judicial, que no sólo se atiene a la comunicación y certificación gubernamental de participación en los diálogos y acercamientos, sino que debe evaluar, entre otros asuntos, la calidad del beneficiario de la medida, es decir, constatar que sea vocero o miembro representante de una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), que se trata de una medida necesaria para el cumplimiento de los fines legales de sometimiento y desmantelamiento de la estructura, y que la delimitación temporal y territorialmente es la necesaria en función de dicha finalidad".

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