Cruzada de los hombres trans para ratificar sus derechos

Con firme convicción, Simón Uribe pronuncia en voz alta una de las frases que más sentido han tenido en su vida. Cita a Susan Stryker, activista, teórica y cineasta estadounidense con un papel fundamental en el desarrollo de los estudios trans en la academia: “Las personas trans perdemos mucho cuando hacemos el tránsito, pero nos ganamos a nosotros mismos”. 

Complementa diciendo: “Ganarnos a nosotros mismos es estar cómodos en la propia piel, sin que eso nos implique vivir con miedo”. 

Sentado junto a Simón está Jhonnatan Espinosa, defensor de derechos humanos y activista transmasculino, que coincide con lo que acaba de señalar su hermano de lucha. Respira y agrega: “Ser un hombre trans en Colombia es un acto de resiliencia y resistencia”. 

Los hombres trans son personas que se identifican como hombres, pero fueron clasificados como mujeres al nacer. Un grupo históricamente discriminado que ha enfrentado un sinnúmero de vulneraciones a sus derechos. 

“A pesar de que el país tiene un marco legal robusto con una Corte Constitucional que ha defendido y promovido los derechos de las personas trans, todavía existen muchos obstáculos”, concluye el documento Cartografía de derechos trans en Colombia, del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de la Facultad de Derecho de la U. de los Andes, el Aquelarre Trans y OutRight Action International. 

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Tomás Anzola, de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans), asegura que con la invisibilidad viene la impunidad y el temor de salir a la calle pensando si lucen o no como la foto del documento, si el nombre coincidirá con el de la base de datos del policía de turno o si serán acusados de suplantación. 

“Hace 10 meses un compañero, que llevaba más de una década como contratista, hizo el cambio de sexo. Mientras eso pasaba se quedó cinco meses sin trabajo porque le exigían la libreta y, mientras tanto, ¿cómo sostenía a su familia?”, se pregunta Jhonnatan. Las cifras respaldan su preocupación: 5,3 % de hombres trans cuentan con contrato laboral, según el informe de PAIIS. Por esto, muchos se mueven en un círculo de extrema pobreza e informalidad. 

Eso sucede porque, en Colombia, a los varones se les ha exigido la libreta militar para acceder a un empleo formal. El 13 de julio de 2021, mediante circular 0039, el Ministerio del Trabajo recordó la prohibición legal de pedirla para la firma del contrato y reiteró que no tenerla no puede ser un obstáculo para trabajar. 

Pero añade que los ciudadanos deberán conseguir de las autoridades de reclutamiento la certificación provisional en línea que acredite el trámite para definir su situación militar. En palabras de Jhonnatan, “la situación no cambia, sino que se agrava porque podemos perder el empleo ante la imposibilidad de cumplir con el requisito”. 

Obtener la libreta militar sigue siendo un callejón sin salida. Antes de solicitarla, se debe cambiar el sexo en los documentos de identidad, procedimiento que podría costar 250.000 o 300.000 pesos y que no todos pueden pagar. 

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Desde GAAT, Tomás Anzola ha acompañado unos 250 procesos de cambio de sexo en los documentos. Solo 35 % fueron para hombres trans, los otros fueron para mujeres trans. Así, quedarían sin definir la situación militar quienes no pueden hacer el cambio o prefieren mantener la (F) en la cédula para protegerse de batidas de la Fuerza Pública. 

En 2017, cuando se sancionó la Ley 1861, los hombres trans quedaron en un limbo jurídico, pues no fueron exonerados de prestar el servicio, lo que sí ocurrió con las mujeres trans. Eso explica por qué, por ejemplo, un hombre que hizo el cambio a los 30 años fue multado por ser considerado remiso desde los 18 años. 

Dejusticia y los colectivos transmasculinos le han recomendado al Ejército Nacional crear protocolos especiales para quienes quieran prestar el servicio, brindando condiciones dignas y seguras. Así lo ordenó también la Corte Constitucional en la sentencia T-099 de 2015. 

La revista Puntos ó al área de reclutamiento del Ejército para conocer si se han implementado procedimientos, pero al cierre de esta publicación (febrero de 2022) no se había recibido respuesta. Simón se ha negado a sacar su libreta militar porque dice que puede exponerse a ser patologizado, es decir, ser forzado a acogerse a diagnóstico psiquiátrico. “

"Debemos justificar que no somos enfermos mentales; me niego a hacer eso porque es injusto y discriminatorio". Su posición respalda lo que dicen activistas junto con Dejusticia, en Hombres trans y libreta militar en Colombia: no portar este documento vulnera los derechos a la intimidad, a la identidad y al trabajo digno. 

“En ningún momento de mi vida me imaginé que iba a ser víctima de violencia sexual, mucho menos que iba a terminar embarazado. Esto puede sonar horrible, pero con o sin EPS, me hubiera realizado un aborto. Porque literalmente era algo que no podía vivir”, relata un hombre trans en al aborto seguro para hombres trans y personas no binarias, estudio de Profamilia y la Alianza TransAbortera de Colombia. 

El aborto no es una necesidad exclusiva de mujeres cisgénero (cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se les asignó al nacer). “Las personas con experiencia de vida trans que han sido asignadas mujeres al nacer tienen también capacidad de gestar y necesidades como la atención prenatal, perinatal, posparto y neonatal o el aborto seguro”, dice el estudio. 

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"En la sentencia C-355 de 2006, de la Corte Constitucional, sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), solo se contempla a las mujeres. El informe insta a incluir conceptos como “personas que se embarazan y abortan”, para identificar otros cuerpos y subjetividades. 

“No estamos en los registros, no estamos en el sistema médico, no estamos en los espacios jurídicos. Podemos acceder, pero terminamos teniendo que escoger entre el derecho a abortar o el derecho que he venido construyendo sobre mi identidad”, contó Martín Junco, de la colectiva AlienHadas, en el conversatorio ‘Aborto legal en A. Latina y Caribe’, de la Agencia Joven de Noticias en español. 

Andrés, quien mantiene en reserva su verdadero nombre, fue víctima de una violación correctiva, concepto que se usa para referirse a un crimen de odio para “corregir” la opción sexual de las personas, y tras el hecho quedó embarazado y decidió abortar con fármacos. 

Estaba en la universidad, no tenía trabajo ni EPS. Lo hizo clandestinamente y el proceso le tomó 2 meses. “Recuerdo que sentí que me arrancaban el estómago”, cuenta, y agrega que nunca paró de escuchar en su cabeza las palabras que le decían una y otra vez los violadores y quienes le hicieron el procedimiento: “¡No era pues muy machito!”. 

Situaciones como las descritas llevan a Martín a agregar que hay una persecución en el a este derecho, lo que hace que se muevan en círculos de marginalidad. Se vulneran las identidades de género y se enfrentan a procesos que no son cuidadosos con sus cuerpos. Producto de esto, Atravesados y AlienHadas crearon la Alianza Transmasculina Abortera de Colombia (Atac), que ha planteado rutas de atención diferenciales. 

En un reciente estudio de Profamilia, la encuesta revela un desconocimiento de los métodos anticonceptivos y la falta de claridad sobre los efectos secundarios de las terapias hormonales en la fertilidad, lo que los expone a embarazos no deseados. 

Uno de los encuestados puntualiza: “Soy un hombre que sangra, que gesta, que puede parir y decidir sobre su cuerpo. Esto último sin duda es emancipación, reconocimiento de lo que soy y de lo que puedo exigir a otros sobre mí”. 

LINA FERNANDA SÁNCHEZ ALVARADO

Revista Puntos (*)

(*) Revista Puntos es una publicación de la Universidad de los Andes.