En la indagación previa que se sigue contra el senador y expresidente
Álvaro Uribe Vélez, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia declaró como crimen de lesa humanidad los casos de las masacres de El Aro, San Roque, y La Granja, en Antioquia, cometidas por paramilitares.. La Corte también declaró crimen de lesa humanidad el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Esta decisión implica que esos asesinatos no prescribirán y, por lo tanto, podrán ser investigados en cualquier momento por el alto tribunal para determinar responsabilidades.
Esta decisión de la Corte, en todo caso, no implica ninguna evaluación de fondo frente al proceso preliminar que se sigue contra el expresidente por estos hechos.
El caso contra Uribe tiene el radicado 45.110 y recientemente, en la decisión en la que se compulsaron copias para investigar al expresidente por supuestamente intentar desviar testigos contra Iván Cepeda, el alto tribunal recordó que esa investigación no tenía avances desde diciembre del 2014.
El proceso preliminar contra Uribe es por el delito de concierto para delinquir por la presunta promoción de grupos armados ilegales.
El proceso estuvo por años en el despacho del magistrado Gustavo Malo, investigado por el denominado 'cartel de la toga'.
En esa decisión de Uribe-Cepeda la Corte había ordenado al despacho que tiene el proceso por las masacres y el asesinato de Valle rendir un informe para conocer en qué iba la investigación.
Ese caso inició luego de que el mismo Valle había denunciado las "presuntas omisiones de la gobernación de Antioquia en la masacre de La Granja, cometida en junio de 1996" y al expediente se sumó una denuncia de Iván Cepeda en la que adjuntó los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra contra Uribe.
Las masacre de El Aro fue cometida en octubre de 1997, y la de La Granja, el 11 de junio de 1996, asesinatos cometidos cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
Y Jesús María Valle, profesor y líder de derechos humanos en Antioquia, fue asesinado también por paramilitares el 27 de febrero de 1998.
El seis de febrero pasado el Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena de 30 años de prisión contra los hacendados antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Valle.
Según el Tribunal, los ganaderos fueron los determinadores del homicidio que fue perpetrados por la banda 'La Terraza', que era el aparato sicarial de los hombres de Carlos Castaño.
En ese fallo el Tribunal aseguró que "existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Álvaro Uribe Vélez”.
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