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'Después de 40 años no existe una sola condena': Directora de la CCJ por crimen de Luis Fernando Lalinde
En diálogo con EL TIEMPO, Ana María Rodríguez habla del caso del joven víctima, sobre el cual se espera fallo de la Corte IDH.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Foto: CCJ
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
Fabiola Lalinde, la mujer que con su 'operación Sirirí' lideró la búsqueda de desaparecidos en Colombia, murió esperando justicia frente al caso de su hijo Luis Fernando, quien fue torturado, desaparecido y asesinado luego de que lo retuvieron unidades del Ejército pertenecientes al Batallón Ayacucho en Antioquia, en 1984.
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Cuatro décadas después, su caso está en la total impunidad, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que en estos hechos hubo una responsabilidad estatal.
Ante la falta de respuestas, la Comisión le trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente, donde hace unos años cursa y la semana pasada hubo una audiencia en la que el Estado colombiano amplió su responsabilidad diciendo que, en efecto, ha habido una falta de investigación tanto en la justicia militar como en la ordinaria, pues el proceso llevó a la Fiscalía hace 10 años y según Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), no ha avanzado en absoluto. En diálogo con EL TIEMPO, Rodríguez ahondó en la historia judicial del caso de Luis Fernando Lalinde.
Directora, ¿en qué estado va el caso por el asesinato de Luis Fernando Lalinde?
Se encuentra en este momento en la última etapa, la contenciosa que hay en los procesos ante el Sistema. El caso llegó por primera vez a la CIDH a finales de los años 80, poco después de la desaparición y muerte de Luis Fernando Lalinde, y hubo una decisión respecto de los derechos que le vulneraron a él como su vida, su integridad personal, pero en ese momento la Comisión no dijo nada sobre el derecho a la justicia, pues llevaba poco tiempo de ocurrida la desaparición y no hubo una mención específica sobre ese tema.
Desde ese entonces en las investigaciones se encontraron múltiples dificultades, el proceso estuvo por 15 años en manos de la justicia penal militar, que lo que hizo fue distraer y obstaculizar de distintas maneras el avance de las investigaciones. Y cuando finalmente llegó a la justicia ordinaria ya era el año 2014, y a pesar de que llegó a manos de la Fiscalía, infortunadamente no podemos decir que haya habido avances importantes en estos 10 años. La familia y nosotros decidimos después de varios años de haber esperado que era necesario que el Sistema Interamericano se pronunciara esta vez sobre el tema de los retrasos y la negligencia en las investigaciones, y por eso comenzó esta segunda etapa donde el caso volvió a la CIDH, donde hubo un informe de ellos en el que se declaraba que efectivamente había una demora de parte del Estado Colombiano en materia de investigación y de garantías judiciales, y pues lo vio tan grave que tomó la decisión de enviarlo a la Corte Interamericana, que es la instancia en la que estamos ya.
El proceso estuvo por 15 años en manos de la justicia penal militar, que lo que hizo fue distraer y obstaculizar de distintas maneras el avance de las investigaciones
ana maría rodríguezDirectora de la CCJ
Luis Fernando Lalinde y su mamá, Fabiola Lalinde. Foto:Comisión Colombiana de Juristas
Precisamente, la semana pasada hubo una audiencia en la Corte...
Lo que tuvimos es el último punto antes de la decisión final, que es la audiencia en la que los argumentos finales se le presentan a la Corte tanto de parte nuestra como representantes de las víctimas, como del Estado en su defensa y de la CIDH, que es la que presentó la demanda a la Corte.
Y hubo una ampliación de responsabilidad por parte del Estado, ¿no?
Sí, inicialmente cuando se presentó la demanda el Estado colombiano reconoció que existía responsabilidad por la falta de investigación en parte del tiempo que este caso lleva en la impunidad. Se reconoció que durante el periodo que la investigación estuvo en cabeza de la Justicia Penal Militar y luego el tiempo que tardó la decisión que lo sacó de allí no se había cumplido con los estándares convencionales en materia de investigación. Pero señaló que respecto del tiempo que había estado en la Fiscalía, no podían reconocer responsabilidad porque en esa época sí había habido trabajo de investigación. Entonces en la ampliación que se hizo es que el Estado modificó su postura frente a esto y reconoció que en ningún momento ha habido una investigación efectiva, ni en la Justicia Penal Militar ni ahora en la justicia ordinaria, y que en realidad el Estado era responsable por esa falta de investigación en total. Ese fue el cambio principal que hubo en el reconocimiento.
Corte IDH. Foto:Corte IDH
También se exploró lo del derecho al cuidado, que entiendo en otras oportunidades no se había tocado tanto...
Sí, ese es un aspecto muy interesante del caso porque nosotros alegamos durante el litigio del caso que parte de las cosas sobre las que la Corte se tendría que pronunciar son los impactos que genera en las víctimas cuando la impunidad es tan prolongada. No es lo mismo cuando tú esperas un par de años a que haya una decisión judicial y el caso se resuelve, que cuando tienes 40 años sin que haya una respuesta clara y hay consecuencias para ello. Parte de lo que señalamos y esperamos que la Corte se pronuncie es que el hecho de esta espera y tener que pasar décadas buscando justicia, haciendo trámites, yendo de un lugar a otro, insistiendo, impulsando las investigaciones, significaron una vulneración al derecho al cuidado tanto de la señora Fabiola Lalinde como de su hija Adriana. Porque Fabiola renunció a su trabajo, dejó de hacer labores del hogar, dejó en cierta parte el cuidado que tenía de su familia para dedicarse a hacer labores de búsqueda.
Y en ese sentido, lo que también implicó para Adriana porque sus hermanos salieron del país, hicieron sus propias familias y a ella le cayó encima la carga de hacerse cargo de acompañar y cuidar a su madre, de hacer incluso algunas tareas en el hogar, y después de 40 años de eso lo que significó es que ella tuvo que renunciar o vio truncado su propio proyecto de vida y se dedicó a estar con Fabiola. Es sobre lo que esperamos que la Corte haga un pronunciamiento señalando que estas son vulneraciones al derecho al cuidado en las tres dimensiones que este derecho tiene, que son el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar a otros y el derecho al autocuidado.
¿Y este concepto ya se ha mencionado antes en la Corte?
Esperamos que sea la primera vez que la Corte se pronuncie sobre este derecho porque no existe ningún antecedente en el reconocimiento de esto y de su vulneración. Y esperamos también que por primera vez la Corte ordene medidas específicas sobre la manera adecuada de reparar la violación a este derecho, en el caso de Fabiola como para sentar precedentes sobre cómo se debería reparar a las mujeres buscadoras.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Foto:CCJ
Directora, ¿en la Fiscalía ha habido algún indiciado, alguna actividad a destacar, o literalmente eso está en el olvido?
En la Fiscalía en estos 10 años no ha ocurrido mucho, en realidad. El poco movimiento que han tenido las investigaciones se debe al impulso que la parte civil ha hecho, la mayoría de las solicitudes las han hecho los representantes de la parte civil, y la mayoría de las pruebas que se han ordenado son por solicitud de la parte civil. Hay cerca de ocho militares que habrían estado vinculados a la detención, tortura, desaparición y muerte de Luis Fernando, que nunca han sido vinculados a la investigación a pesar de que hay numerosa información y numerosa evidencia de su posible participación en los hechos.
Solamente se ha vinculado a dos militares de no muy alto rango, cuya investigación tampoco ha avanzado en mayor cosa en este tiempo. Entonces, lo que uno sí puede decir es que después de 40 años no existe una sola condena, no existe ni una sola persona sancionada, a pesar de que es muy claro y ya internacionalmente se ha declarado que el Estado fue responsable y que el Ejército fue responsable de esta desaparición y esta muerte.
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O sea que si a nivel penal eso no ha andado, por lo que entiendo a nivel disciplinario menos...
Mucho menos. Eso en su momento fue conocido por la Procuraduría, el expediente allá tiene muchísima información relevante, incluso en la investigación penal se pidió que se allegara el expediente disciplinario para poder tener toda esa información y utilizarla, y estas son las alturas del caso en las que sabemos si efectivamente eso se aportó o no.
En la Fiscalía ha habido varias istraciones, ahora está la fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Han notado algún cambio con su llegada?
No, nosotros no hemos visto modificaciones particulares con los cambios en la dirección de la Fiscalía. Sí confiaríamos que en este momento a raíz de toda la discusión que ha habido del tema y seguramente a raíz de la posición que la señora Fiscal tiene, pudiera haber un impulso decidido a la investigación y más, por supuesto, si sale la decisión de la Corte, pero hasta ahora no ha hecho ninguna diferencia quién esté en cabeza de del ente investigador.
Fiscalia General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación
La señora Fabiola Lalinde muere en medio de esa búsqueda de justicia. ¿Qué mensajes persisten por parte de su familia?
Después de 40 años esto ha sido absolutamente desgastante, y todos estos impactos que discutimos en el proceso se traducen en cansancio y en agotamiento. Además, la muerte de Fabiola fue algo que los golpeó muy duro, es quien ha liderado este tema, quien fue la cara y la impulsora de todo el proceso de búsqueda de verdad. El hecho de que muriera esperando respuestas de parte de la justicia que nunca llegaron y sin poder ver sancionados a los responsables de la aparición de su hijo, para ellos también ha sido muy duro. Y sin embargo, ellos son fieles a la voluntad y a la memoria de su mamá, en el sentido de que consideran que hay que insistir y hay que seguir luchando para que el el caso se resuelva, los responsables sean encontrados y se les sancione como corresponde. Hay que exaltar el papel que Fabiola Lalinde y el reconocimiento que todas y todos le debemos por su valentía, por su determinación, por no ceder, por estar dispuesta a enfrentarse a quien fuera con tal de lograr justicia.
Por otro lado, ¿qué expectativas tienen desde su equipo jurídico frente a la decisión que se aproxima?
Tenemos muchas expectativas frente a la decisión de la Corte. Nos parece -y es parte de lo que hemos solicitado- que es muy importante que la Corte ordene que haya una reforma a la Justicia Penal Militar en Colombia porque es evidente que no sirve para istrar justicia. A pesar de las razones que se puedan dar, esa es una cosa que para nosotros es muy importante.
En segundo lugar, que se reconozca que efectivamente cuando la impunidad se prolonga tanto en el tiempo, genera nuevas violaciones a los derechos de las personas. Y en tercer lugar, esperamos que con la declaración de que se vulneró el derecho al cuidado se puedan adoptar estas medidas de reparación para toda la familia Lalinde, acorde con las necesidades de cada una y de cada uno, que les permita de alguna manera recuperar algo de lo que han perdido todos estos años en términos de tiempo, de salud mental, de tranquilidad, de oportunidades en la vida.
Fabiola Lalinde. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO
Ustedes esperan que se pronuncien frente al concepto de mujeres buscadoras, y se da en un momento en el que se ha hablado mucho de la labor de las madres de La Escombrera...
El tema de las mujeres buscadoras es muy importante. La Corte ya ha tenido un par de pronunciamientos en el último tiempo reconociendo esta figura de mujer buscadora, pero para nosotros en esta ocasión es importante que la Corte especifique en qué consiste el derecho al cuidado de una mujer buscadora y de los familiares que están alrededor de ella, y cuáles son las medidas de reparación idónea cuando se han vulnerado los derechos de mujeres buscadoras.
Directora, ¿desde la Agencia de Defensa Jurídica se ha dado un cambio de postura con la entrada del gobierno Petro?
Sí, la postura del Estado colombiano ha cambiado en el último tiempo en el sentido de estar dispuestos a conocer cuándo ha habido graves casos de vulneraciones a los derechos humanos, en estar dispuestos a hacer estos reconocimientos de responsabilidad y poder señalar cuando ha habido responsabilidad del Estado en la ocurrencia de estos hechos.
No significa que acepten automáticamente todo, pero la postura sí ha cambiado porque venimos de una época donde casi que en todos los casos había una negativa a aceptar la responsabilidad del Estado y había que llevar la discusión hasta las últimas instancias en el sistema interamericano para que hubiera una condena y una declaración internacional de responsabilidad de Colombia.
Por último, ¿hay una fecha prevista para que la Corte IDH dicte el fallo?
Eso no tiene fecha fija, depende un poquito de las sesiones. Muy probablemente estemos hablando de alrededor de ocho o nueve meses, podría ser el tiempo que más o menos puede tardar.
Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]
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