Tras renunciar a su curul en la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir a la Fiscalía el expediente que adelantaba en contra de Edwin Ballesteros por su posible participación, cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), en un entramado de corrupción para direccionar contratos a cambio de millonarias coimas.
La decisión la tomó la Sala de Instrucción al señalar que los hechos por los cuales es investigado Ballesteros no tienen relación con sus funciones de congresista, por lo que la Corte perdió la competencia para continuar con el caso. Ahora, el caso será repartido al interior de la Fiscalía para continuar con las pesquisas.
Ballesteros es investigado por el mismo caso de corrupción por el cual el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, fue detenido y acusado. En concreto, por haber hecho un acuerdo con él para adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones”.
Dicho negocio no se concretó porque Ballesteros renunció a su cargo a comienzos de 2016, por lo que el contratista reclamó la devolución de ese dinero. Así lo dijo ante las autoridades Lenín Pardo, testigo estrella de este caso y quien llegó con la Fiscalía a un principio de oportunidad que le representará beneficios a cambio de testimonios.
“Octavio Reyes le dice a Julián Jaramillo que necesitaba que lo ara con Richard Aguilar, o que a través de alguno de nosotros le lleváramos la razón de que le devolviera los 600 millones de pesos que le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlos en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico. Es ahí cuando me entero que él en el año 2015 se había entregado a Ballesteros”, dijo el testigo.
Ballesteros también es investigado por el trámite de tres contratos. Uno entre la Esant e Ingream S. A. S., representada por Reyes Sarmiento, suscrito en diciembre de 2014 por 1.188 millones de pesos, para la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos del municipio de Sucre.
Otro celebrado con la Unión Temporal Enciso Potable, también representada por Reyes Sarmiento, suscrito el 23 de febrero de 2015 por 472 millones de pesos, para la ejecución de una planta compacta para la potabilización de agua en el municipio de Enciso.
Y el contrato de obra 287 de 2015, celebrado el 4 de diciembre de 2015 entre la Esant y la Unión Temporal Acueducto Landázuri, por 4.346 millones de pesos, para la construcción precisamente de ese acueducto en ese municipio.
Para lograr las adjudicaciones de los dos primeros se habría pactado el pago de comisiones del 16 por ciento del valor total, en reuniones celebradas en la Esant, según dijo el testigo Andrés Díaz Herrera. Y para el tercer contrato, la coima pactada habría sido del 15 por ciento según dijo Lenín Pardo.
Ballesteros insiste en que no cometió delito alguno y renunció a su curul después de dos días de rendir indagatoria.
"Quiero reiterarle a esta plenaria que nunca he cometido un acto violatorio de la ley y, por el contrario, he estado presto a atender todos y cada uno de los llamados de la justicia colombiana. Haré todo lo posible por demostrarle a quienes pusieron su voto de confianza en mí que no se equivocaron”, dijo en ese momento el excongresista.
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