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El concurso de méritos que deberá realizar la Procuraduría por orden del Consejo de Estado

2.776 cargos en la Procuraduría se encuentran en provisionalidad y deben ser ocupados por funcionarios de carrera. Fallo advierte que han incumplido su deber de llenar esas plazas por meritocracia.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Procuraduría

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Ana María Cuesta

EDITORA23.08.2024 11:15 Actualizado: 23.08.2024 12:38

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El Consejo de Estado acaba de confirmar una decisión del Tribunal istrativo de Cundinamarca que determinó que la Procuraduría General de la Nación, en la istración de la procuradora Margarita Cabello, ha incumplido con el deber legal de convocar a un concurso de méritos para contratar a todos los funcionarios de carrera de la entidad.

El fallo advierte que la Procuraduría lleva años sin convocar a un concurso de méritos para suplir 2.776 cargos, que actualmente se encuentran en provisionalidad, y que corresponden a roles de asesor, ejecutivos, profesionales, istrativos y operativos. Dichos puestos equivalen al 64.55% de la planta de carrera en el Ministerio Público.

"Debe tenerse en consideración que el último concurso convocado por la Procuraduría General de la Nación ocurrió en el 2015, como consecuencia de una orden dictada en el marco de un fallo de la Corte Constitucional , es decir, han pasado más de 8 años desde la última convocatoria de la entidad a un concurso, a pesar de que en varias oportunidades dicha Corporación ha afirmado que el mérito es un mandato general de optimización", dice el fallo con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto.

En el fallo queda establecido que la Procuraduría ya cuenta con los recursos para realizar el concurso de méritos, pues se probó que solicitaron $20.385’000.000 al Ministerio de Hacienda.

"Si bien esos recursos se encuentran en el rubro «Transferencias Corrientes - Otras transferencias» y está marcado con la leyenda «Distribución Previo Concepto DGPPN», de conformidad con las directivas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para este caso, la PGN debe solicitar la autorización ante la DGPPN con el fin de usar los recursos que ya fueron programados por parte del Ministerio de Hacienda para convocar el concurso, actuación que no implica la generación de un gasto adicional, sino el uso de uno ya existente", dice el fallo.

Omar Joaquín Barreto, magistrado del Consejo de Estado. Foto:Consejo de Estado

El fallo cuestiona que la Procuraduría tenga los recursos para adelantar el concurso de méritos, que se estableció en el Decreto Ley 262 de 2000, pero pretenda destinarlos a otros asuntos.

"La accionada ha contado con los recursos para atender la exigencia impuesta en el decreto ley en mención. Sin embargo, como lo ha manifestado en sus intervenciones, pretende utilizar ese presupuesto para suplir otras necesidades de la entidad, a pesar de que es reiterada la jurisprudencia en establecer una relación entre el cumplimiento de las funciones de la entidad y el al empleo público como forma de garantizarlas, lo que da cuenta que no se ha cumplido con el mandato exigido por la parte actora", dice la decisión de Barreto.

¿Qué dice la Procuraduría sobre los recursos para el concurso?

Ante el Consejo de Estado, un apoderado de la Procuraduría advirtió que la entidad no sí gestionó los recursos ante el Ministerio de Hacienda para la realización del concurso pero "la suma asignada en el presupuesto para gastos de funcionamiento de la entidad fue menor a la que se solicitó, lo que dio lugar a priorizar el gasto mediante resoluciones internas, en ejercicio de la facultad prevista en el último inciso del artículo 19 de la Ley 2342 de 2023".

También advirtieron que el Ministerio transfirió unos recursos presuntamente para el concurso sin especificar el rubro específico. Y también indican que no han adelantado el concurso en atención a una directriz del gobierno para la priorización del gasto público.

"Mediante las Circulares Externas No. 017 del 11 de junio de 2024 y No. 018 del 12 de junio de 2024, expedidas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, el Gobierno nacional informó la necesidad de realizar un aplazamiento hasta por un monto de veinte billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024, para lo cual cada entidad debía aplazar como mínimo un 5,66% del total de las apropiaciones de funcionamiento e inversión financiadas con recursos de la

Nación.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET

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