El extraño fraude a Colpensiones en el que un robo pasó de 3.100 a sólo 40 millones de pesos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar un fallo, condenando a menos de cuatro años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado, a un abogado que se concertó con un juez laboral de Barranquilla y con otras colegas, para participar de un cartel que se apropió de millonarios recursos de Colpensiones.

En el caso que en su momento se conoció como el 'cartel de las pensiones', quedó al descubierto que el abogado José Ulises Torres Narváez, condenado por la Corte, se unió en el año 2013 con el entonces juez 14 Laboral de Barranquilla Juan Carlos Correa Olaya y con las abogadas Maryori Sofía De la Hoz y Zirina Viviana Galezzo para reclamar, a través de demandas, pensiones de vejez de alto riesgo que no reunían los requisitos y que eran concedidas de manera exprés por el juez.

En diciembre de 2018 la Fiscalía celebró las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación contra estas personas, imputando a Torres Narváez por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. El peculado, es decir el dinero que se apropió y por el que lo imputaron, se lo tasaron en $3.129.988.682.

(Lea también: Hasta autores de falsos positivos se lucraron de tráfico de pensiones)

Torres Narváez aceptó los cargos tal y como se los leyeron, itiendo que se apropió de más de 3.000 millones de pesos. En abril de 2019 se presentó escrito de acusación con los mismos cargos y un mes después el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla anunció sentido de fallo condenatorio.

Las audiencias fueron suspendidas en agosto porque el fiscal del caso indicó que una de las procesadas estaba tramitando un principio de oportunidad. 

En septiembre, con la reanudación de las audiencias, el defensor de José Ulises Torres declaró que su cliente "rompió el silencio" ante un juez de control de garantías de Galapa, y ante la Fiscalía, asegurando que sólo se había apropiado de 40 millones de pesos y que, por tanto, sólo devolvería ese monto.

(Lea también: Falsa invalidez y otras formas de robarse las pensiones en Colombia)

Una apoderada de Colpensiones certificó en audiencia que, en efecto, el abogado Torres había suscrito un preacuerdo con el ente acusador comprometiéndose a reintegrar 40 millones de pesos.

El presidente de la Sala Penal de la Corte, Diego Corredor, ponente en este caso que revisó una demanda de casación del hoy condenado, advirtió dudas sobre las maniobras judiciales en las cuales el monto presuntamente robado bajó de 3.100 a sólo 40 millones.

"En primer lugar, no se entiende por qué acudieron ante el Juez Promiscuo Municipal de Galapa -Atlántico- si no existe ninguna relación entre los hechos aquí investigados y el referido municipio, sumado a que, para esa fecha -12 o 19 de julio de 2019-, ya la actuación estaba siendo conocida por el Juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, quien, en audiencia del 22 de mayo del mismo año, había verificado la legalidad del allanamiento a cargos y anunciado sentido de fallo de carácter condenatorio, de modo que, lo que seguía era esperar el proferimiento de la sentencia", indica Corredor.

(Lea también: 'Buscamos una respuesta efectiva para sindicados y víctimas': Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre reforma de la justicia)

"Tampoco se comprende por qué en la audiencia celebrada ante el juez de conocimiento el 2 de agosto de 2019, las partes no le hicieron saber al funcionario judicial que habían comparecido ante el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, con la intención de modificar la cuantía de lo apropiado, hacia la irrisoria suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), aspecto fáctico que a esa altura del procedimiento resultaba inmodificable por las partes", añadió Corredor.

El magistrado cuestiona al fiscal del caso por haber participado de una audiencia en Galapa "en la que presuntamente interrogó al procesado para que fuera éste quien fijara, motu proprio, la cuantía del incremento patrimonial obtenido".

(Lea también: Investigan a la vicepresidenta de Colpensiones y tres directivos más por presuntos sobrecostos)

También cuestionó que la Fiscalía aceptara que el incremento patrimonial sólo era de 40 millones de pesos cuando está probado que el abogado Torres cobró $951.564.317.76 en pensiones fraudulentas. Sus compañeras en el entramado y otro abogado cobraron el otro tanto, según el expediente.

Por esta razón, el magistrado compulsó copias para que se investigue la actuación de los operadores de justicia que conocieron en primera instancia este expediente del sonado 'cartel de las pensiones'.

"Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para que, en los escenarios naturales, se investiguen las presuntas conductas en las que hayan podido incurrir el fiscal Óscar Augusto Toro Lucena, la abogada Adriana Lubo Díaz y los jueces Jaime Roberto Angulo de Castro y Venancio García Solís Solís, quienes en este caso fungieron como Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y Juez Promiscuo Municipal de Galapa (Atlántico)", dice la providencia.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]