Uno de los males que empezaron a golpear hace ya varias décadas a la justicia colombiana es el relajamiento —moral e incluso intelectual—, representado por la llegada a las altas cortes de magistrados que no tenían los pergaminos para ello o de los que incluso teniéndolos de sobra los utilizaron para su propia conveniencia, cuando no para el delito.
Por cuenta de sendos escándalos, las cortes han venido tomando sus propios correctivos. Lo hizo la Constitucional al sistematizar la selección de las tutelas que se revisan en última instancia, que se habían convertido en un lucrativo mercado para intentar torcer fallos judiciales, como pasó en el caso del recién condenado Jorge Pretelt.
Los reiterados cuestionamientos por casos como el carrusel de pensiones y el de las tutelas amañadas llevaron finalmente a la eliminación de la malhadada Sala Disciplinaria de la Judicatura. Y la Corte Suprema, con muchas resistencias internas, ha venido haciendo ajustes después de vergonzosos episodios como el del ‘cartel de la Toga’, que tiene a dos de sus expresidentes (Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino) condenados y a uno más (Leonidas Bustos) en el banquillo de los acusados.
Pero hay una corte, el Consejo de Estado, que no ha enfrentado un gran escándalo público, como sí les pasó a sus pares. Y no porque no hubiera muchos ruidos sobre lo que pasaba adentro —con sus fallos se les abrió camino, por ejemplo, a las injustas megapensiones que por décadas gozaron congresistas y magistrados sin haber cotizado para tener derecho a ellas—, sino porque siempre hubo en el Consejo de Estado voces que se rebelaron contra el espíritu de cuerpo, tanto entre las cortes como entre los poderes públicos en general. Y, a veces, contra todos los pronósticos, lograron imponerse y cambiar cosas que se daban por sentadas.
El Consejo de Estado que esta semana tumbó al contralor Carlos Hernán Rodríguez porque el Congreso violó varias normas en el proceso de su elección es la misma corte que hace una década larga se atrevió a corregirle la plana a la Corte Suprema de Justicia y tumbar la elección de la fiscal Viviane Morales, también por vicios de procedimiento.
Esa corte que hace casi un mes sacó del Senado al poderoso Roy Barreras por doble militancia es la misma que en el 2016 tumbó la reelección como Procurador General de uno de los suyos —había sido consejero de Estado—, Alejandro Ordóñez. Y lo hizo castigando prácticas como el ‘yo te elijo, tú me eliges’ y las ‘puertas giratorias’ entre altas cortes, que en algún momento fueron normalizadas en las máximas instancias de la política y la justicia colombianas, hasta que el Consejo de Estado decidió enmendarse a sí mismo y prohibirlas porque claramente iban en contra de la transparencia pública.
En tiempos como los que vivimos, las cortes están llamadas más que nunca a salvaguardar la democracia. Y el Consejo de Estado viene haciendo la tarea.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET