El ruido político marcó la llegada del magistrado Miguel Polo Rosero a la Corte Constitucional: ¿se justifica?

Como no había ocurrido en los más de 30 años que lleva eligiendo a los magistrados de la Corte Constitucional, la plenaria del Senado fue el escenario, a inicios de la semana pasada, de una doble jornada en la que se combinaron un inédito empate inicial 50 a 50; versiones de un supuesto intento de trampa porque apareció una papeleta de más en las urnas y, en el trasfondo, el fantasma de la polarización política de nuevo rondando la elección de los altos dignatarios de la justicia.

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Finalmente, en el segundo día de votación y esta vez con 10 votos de ventaja sobre Claudia Dangond (el otro de la terna, Jaime Tobar, se fue en blanco), el jurista Miguel Polo Rosero fue elegido como reemplazo de Antonio Lizarazo en la Corte, la instancia jurídica que en su papel de guardián de la Carta del 91 termina decidiendo en última instancia los temas más importantes para el país. La misma razón por la que el equilibrio de fuerzas entre sus nueve magistrados termina siendo clave para todos los sectores, más en el candente clima político que se vive en el país.

Aunque en esta oportunidad la terna no correspondía a la Presidencia (que ya puso el año pasado a su exsecretario jurídico, Vladimir Fernández, en la Corte) sino al Consejo de Estado, todas, la elección se vio marcada por las suspicacias sobre una supuesta maniobra del Gobierno para lograr un nuevo apoyo en el alto tribunal. El hecho de que Miguel Polo viniera de ser magistrado auxiliar de Fernández y el apoyo que su nombre recibió desde el primer momento de las fuerzas políticas del Presidente alimentaron esa versión.

En el trasfondo político están las grandes batallas jurídicas que están en curso en la Corte Constitucional sobre temas esenciales para el gobierno Petro: la principal de ellas, la decisión sobre la exequibilidad de la reforma pensional, la única de las llamadas ‘reformas sociales’ que ha pasado el examen en el Congreso pero que está en vilo por la 'jugadita' en su último debate, cuando la Cámara decidió no debatir sino aprobar, sin cambio alguno, el texto que venía de Senado con tal de apurar la aprobación de la norma.

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Esto, en una Corte que le ha tumbado al Ejecutivo su declaración de Estado de Excepción en La Guajira, los nuevos tributos al sector minero y la creación del Ministerio de la Igualdad. Y aunque hasta ahora no han cobrado forma política ni jurídica, los fantasmas de una constituyente y de la reelección presidencial, que siguen apareciendo en los mensajes de varios de los más cercanos alfiles del Presidente y que hasta hace unos meses fueron centrales en el discurso y la cuenta de X del mandatario, deberían, de materializarse, pasar por el examen de la Corte Constitucional.

De allí que voces como la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y otros líderes de la oposición lleven meses advirtiendo de un supuesto intento de Palacio por cooptar la Corte: no solo a través de los magistrados que puede ternar el Presidente (el próximo que le toca a Petro debe entrar a mediados de 2025), sino acercándose a los que ya están elegidos y a los que deben postular tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado (dos sillas también el año entrante).

En el Senado nadie duda que el Gobierno se la jugó a fondo en la tarde-noche del lunes pasado y la mañana del martes para voltear al menos cinco de los apoyos que había logrado Dangond, quien tenía a su vez el abierto respaldo de la oposición y del Partido Conservador (que está declarado en independencia). Por eso, del empate del lunes se pasó a una victoria relativamente cómoda de 10 votos.

Ahora: ¿ese apoyo –que existió, así como el del expresidente Gaviria, quien abiertamente se ha apartado en asuntos claves para la istración Petro, así como el de algunos parlamentarios verdes no alineados con Casa de Nariño– implica que Miguel Polo Rosero será un aliado incondicional del Ejecutivo.

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Eso, para nada, puede darse por sentado. Él mismo se define como “un magistrado de la Rama Judicial”. Su trayectoria profesional y académica y los testimonios de los que lo conocen, incluidos algunos de los que fueron sus jefes en la Corte cuando era magistrado auxiliar, lo muestran como un hombre apegado al espíritu de la Carta Política, y en su discurso ante el Senado, el martes, aseguró que lo único que se puede esperar de él es una defensa cerrada de la Constitución del 91.

“Godo”. “Terco”. “Institucional”. “Iindependiente”. Esos fueron algunos de los calificativos que mencionaron quienes han trabajado con él. También aseguran que no lo ven apoyando propuestas que puedan socavar el equilibrio de poderes en el país o que hablan puertas extraconstitucionales sobre la idea del ‘poder popular’.

¿Y por qué el ruido? Polo trabajó con Vladimir Fernández (ternado por Petro), pero viene del equipo del exmagistrado Alejandro Linares (ternado por Santos), quien a su vez lo mantuvo del equipo que dejó Rodrigo Guerrero (ternado por Uribe) y este, a su vez, del que dejó Rodrigo Escobar Gil (ternado por Pastrana). Fuentes cercanas al nuevo magistrado señalan que en la puja por un cupo en una terna, pesa más estar en un equipo de trabajo en la Corte que afuera, y que el gran objetivo de Polo fue siempre ser magistrado titular. “Entonces, cuestionan, ¿usted cree que ahora que lo logró se prestaría para poner en juego la independencia de la Corte”.

La lectura del apoyo político puede ser similar a lo que ocurrió recientemente en la elección casi por aclamación del exsecretario del Senado Gregorio Eljach: el Gobierno se la jugó por un candidato que no necesariamente viene de su entraña, pero que tenía chance de ganar (dado el apoyo del liberalismo y de sectores independientes) frente a una aspiración, la de Dangond, claramente apoyada por la oposición. Por eso el triunfo de Polo no puede ser considerado una victoria solo del Ejecutivo (aunque así la celebró el Presidente), pero sí una derrota completa y marcada para las fuerzas que apoyaron a Dangond: el Centro Democrático, el conservatismo y Cambio Radical (si bien se habla de algunos votos de este sector en el bando ganador).

La votación de la reforma pensional, que está prevista para el primer semestre del año entrante (Polo asume en febrero) será la prueba ácida de la posición del nuevo magistrado. Su entorno asegura que su voto lo marcará el criterio jurídico y recuerdan que de los tres aspirantes, era él quien tenía las mayores credenciales en materia de derecho constitucional.

¿Y qué representa la votación en materia política? La unión de la Casa Gaviria con las fuerzas de Gobierno en esta elección, señalan los analistas, no significa que el Gobierno haya logrado convencer al liberalismo de volver a sus toldos. Solo que en temas puntuales y estratégicos, más allá de las peleas por reformas como la pensional, la laboral y la de salud, la unión de fuerzas supuestamente antípodas no es para nada inusual en la política. Para la muestra, la polémica reforma a las transferencias, que toda la clase política unida está a punto de sacar adelante en el Congreso a pesar de las graves advertencias de los economistas.

Abogados y expertos consultados por EL TIEMPO consideran que, aunque la terna que entregó el Consejo de Estado contaba con excelentes hojas de vida, es la elección de un magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, en estos tiempos, la que genera controversia y tensión y no el elegido, en este caso, Miguel Polo Rosero.

Frente a lo anterior, Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, señaló que varios aspectos entraron en juego en esta elección. “El primero, que no debería ser el determinante, fue un nuevo pulso político entre el Gobierno y la oposición que respaldó a la jurista Claudia Dangond. Los ternados son conservadores, parece entonces que la estrategia es demostrar que el Gobierno aún tiene fuerza política a como dé lugar”.

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El segundo aspecto que pone de presente el jurista es que con esos respaldos, “se quiere lograr o mantener la denominada mayoría liberal o conservadora en la Corte”, y un tercer punto está relacionado con el futuro de las reformas que ha sacado adelante el Gobierno o las que pretende lograr (pensional, laboral, jurisdicción agraria, salud, tributaria, política) y el control de constitucionalidad que puede realizar la Corte.

Es por ello que los consultados señalaron que la intervención política “ha pervertido” el proceso de selección de magistrados en la Corte Constitucional, convirtiéndolo en un evento “lamentable para la democracia”. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, consideró que en esta elección, desafortunadamente, las bancadas parlamentarias “manosearon” una figura tan importante como es una magistratura a una alta corporación judicial, es por ello que resaltó la propuesta de que estas figuras deben ser elegidas al interior de las corporaciones, para no darles esa competencia ni al Ejecutivo ni al Congreso. “Hay que volver por los flancos del fortalecimiento de la cooptación, o la mixta o la directa, para que a futuro, la elección de los magistrados, no salga de ese rango de acción”.

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Pero más allá de los ruidos y el actual pulso que ha generado la elección de Polo Rosero, el jurista Carlos Gómez Pavajeau manifestó que la Corte Constitucional es, en la actualidad, la institución “más sólida y seria" del Estado colombiano y, la que mejor representa el concepto de “disciplina jurisprudencial” dentro de las altas cortes, por lo que la corporación no cambiará sus precedentes judiciales pensando en el hoy, en el mañana, o en el vaivén de las opiniones coyunturales del momento.

“El magistrado Polo es un jurista formado en tal tradición jurídica, que no es conservadurismo, sino 'institucionalidad', la interpretación tiene que ser dinámica, pero dentro de los principios, valores y derechos constitucionales”, expresó Gómez.

En esa misma línea, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo indicó que el magistrado elegido “es de todos los colombianos” y no de las mayorías coyunturales que se generaron en torno a su elección. “Polo sabe de la importancia de la independencia y la objetividad con que debe actuar, más allá de los complejos procesos electorales de la rama judicial”.

Es por ello que Linares envió un fuerte mensaje que debe tenerse presente en las venideras elecciones de magistrados de las corporaciones. “Debemos trabajar para la unión, no para la polarización. No debemos estigmatizar ni descalificar al magistrado Polo, como si fuera un posible súbdito del actual gobierno, como se insinúa o se dice en mensajes, columnas, trinos y caricaturas. Abogo porque se respete la dignidad y el buen nombre de todas las personas”.

Los juristas consultados señalaron que aunque la elección del magistrado Polo Rosero abrió un debate respecto a las movidas en la corporación, será el 2025 un año clave, en el que sí se podría ver un gran cambio en la Corte, toda vez que a la salida de Lizarazo, la cual se dará en febrero, se les sumarán las de los magistrados Cristina Pardo Schlesinger (sale en mayo); Diana Fajardo Rivera (sale en junio) y José Fernando Reyes Cuartas (sale en septiembre).

Ahora bien, dejando de lado los cambios que se vaticinan en el tribunal constitucional, Jaime Araujo, exmagistrado de esa corporación, enfatizó que, independientemente de la llegada de nuevas figuras a la corporación, estas deben tener como principio básico el respeto y la defensa de los derechos que están presentes en la constitución. “El magistrado que llegue, debe tener claro que su papel será el de defender el diseño institucional de la corporación”.

Sin embargo, dijo Araújo que al momento de realizar la elección, los encargados deben hacer un “examen exhaustivo” de su trayectoria y las posiciones que han tenido frente a los derechos humanos. “Es importante que el Senado haga esa evaluación del recorrido de los candidatos”.

Jesús Blanquicet y Jhon Torres - @JusticiaET - [email protected]