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Corte podría avalar con condicionamientos la emergencia económica en La Guajira

Discusión sobre el decreto que declaró la emergencia seguirá este lunes en la Corte.

Presidente Petro en la Corte Constitucional Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

17.09.2023 20:38 Actualizado: 18.09.2023 00:00

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La Sala Plena de la Corte Constitucional se reúne este lunes para debatir el futuro del Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, a propósito de una grave crisis humanitaria que se estructura en la falta de a servicios básicos vitales.

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El jueves pasado, la Sala Plena empezó el debate con la exposición de la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, y este lunes seguirán las exposiciones de los magistrados, que podrían tomar una decisión hoy mismo.

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Si esto no sucede, el caso, que tiene términos para resolverse hasta el 5 de octubre, se reanudaría después del encuentro anual de la Corte Constitucional que se realizará en Girardot los días 28 y 29 de septiembre.

EL TIEMPO estableció que la Sala Plena estudia la posibilidad de avalar dicho decreto, pero condicionándolo a que las medidas sí busquen conjurar los elementos estructurales de la crisis en La Guajira.

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En ese sentido, elementos claves relacionados con el suministro o atención urgente de agua potable, saneamiento básico, alimentación y servicios de salud, siempre que sean necesarios en el marco de la emergencia y que no estén contemplados en leyes o normativas existentes.

Esa fue una postura que, por ejemplo, hizo a la Corte la organización Dejusticia. Parte del tema que preocupa en el interior de la Sala Plena es lo relacionado con la mortalidad infantil y al sistema de salud de menores de edad, lo cual tiene que ver con la crisis que la misma Corte diagnosticó y por la cual declaró un estado de cosas inconstitucional en 2017.

Ahora bien, lo que se podría caer en la Corte es el artículo tercero del decreto, que permite al Gobierno desarrollar medidas adicionales, sin especificar cuáles, para conjurar la crisis.

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Cabe recordar que la Sala Plena ya tiene bajo estudio los otros 11 decretos que el Gobierno ha expedido para desarrollar sectores específicos. Aquellos deberán ser analizados uno a uno y su examen tendrá relación directa con lo que se diga en este primer decreto, que es la base del resto.

Por ejemplo, la Procuraduría solicitó tumbar el estado de emergencia al estimar que los hechos que llevaron a la declaratoria, aunque graves, no son nuevos y pueden ser atendido por medio de mecanismos ordinarios. Para la entidad, además, el Presidente estaría buscando “instrumentalizar la crisis para obtener facultades legislativas excepcionales”.

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Y, derivado de esa primera postura, ya solicitó a la Corte Constitucional que también tumbe el Decreto Legislativo 1250 de 2023, que dicta medidas en materia de agua y saneamiento básico, el cual está en estudio en el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

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@AlejaBonilla