Presupuesto: creación de 6.000 cargos nuevos divide al Gobierno y a la Fiscalía

La Fiscalía General se la jugará en los próximos días para lograr que el Congreso le apruebe el presupuesto completo para su funcionamiento el próximo año, que incluye una partida de más de un billón de pesos para la creación de 6.000 cargos con los que busca reducir la carga de los actuales funcionarios y hacer más eficiente la investigación.

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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo una alerta sobre pérdida de recursos de la entidad durante el foro de garantías electorales organizado por EL TIEMPO.

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“Tenemos ataques sistemáticos para lograr desinstitucionalizar las entidades públicas. Yo le voy a plantear al país qué es lo que está pasando en el Congreso y que le están planteando una mutilación del 30 por ciento del presupuesto de la Fiscalía.

¿Explíqueme por qué le van a mutilar un 30 por ciento?”, dijo el jefe del ente acusador. Y añadió: “Le piden resultados a la Fiscalía y ahora le quieren mutilar los recursos, entonces la mejor fórmula es castremos la Fiscalía el próximo año (...) y acaban la función de investigación de la Fiscalía”.

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¿A qué se refiere?

Fuentes de la Fiscalía explicaron que desde 2017 se eliminaron más de 5.000 cargos equivalentes a un 30 % del total de planta, por lo que para 2024 se solicitó un presupuesto de 7,3 billones de pesos que permitiría su fortalecimiento, pero lo que se presentó de parte del Gobierno para discusión en el Congreso es una partida que no supera los $ 6 billones.

Ese debate, que comenzaría para la entidad con menos de lo previsto, se relaciona con otro proyecto de ley que busca la creación de lo cargos mencionados. “Está relacionado porque se necesitan los 7,3 billones para poder financiar la planta de 6.000 cargos que se está proponiendo. Si esa ley pasa sin ese monto, quedaría condicionada a que el ministerio le asigne recursos”, dijo una fuente informada.

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El monto pedido por el órgano investigador para los cargos adicionales fue parte de un proceso de concertación con nueve de los sindicatos de la entidad y que según lo presentado al Congreso “se fundamenta en un diagnóstico de carga laboral”.

En concreto, dijeron las fuentes, el presupuesto presentado busca viabilizar los recursos para tener 6.000 funcionarios más entre fiscales, peritos e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con lo que buscan revertir los efectos del Decreto Ley 898 de 2017, que llevó a la supresión de 5.733 cargos, “lo que afectó gravemente la capacidad institucional para cumplir con sus funciones constitucionales”.

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En informes presentados al Congreso por la Fiscalía se señala que, desde entonces, a pesar de las peticiones realizadas, solo se han logrado recuperar 538 cargos, que han entrado a apoyar labores de investigación en distintas regiones. Según el diagnóstico de la entidad, en diez seccionales los fiscales tienen en promedio 1.000 casos activos y, en el mejor de los casos, en otras 14 seccionales cada fiscal tiene en promedio 580 casos activos.

“Con la acumulación de carga que se está observando, con el pasar de los años y manteniendo la planta fija, este número indefectiblemente aumentará dificultando la celeridad y efectividad que demanda la ciudadanía de la istración de justicia”, se lee en documentos del ente acusador llevados al Legislativo.

Sin embargo, la intención de contar con más funcionarios se empezó a enredar el 8 de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda envió una carta al Congreso en la que se abstiene de dar un concepto favorable a la iniciativa al considerar que los costos que generaría esa idea “no se encuentran previstos en el marco fiscal de mediano plazo, generando presiones al gasto del marco de gastos de mediano plazo del sector de la Fiscalía, sin considerar una fuente de financiación adicional”.

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Igualmente, el viceministro general, Diego Guevara, enfatiza en la carta que con la iniciativa se genera un “costo adicional significativo que no está contemplado” y que no establece una fuente de financiación.

Los sindicatos de la entidad se han venido pronunciando a favor de la iniciativa e incluso les han escrito a senadores como Iván Cepeda, quien en redes sociales hizo una crítica a Barbosa al publicar una noticia sobre este asunto.

En la carta a Cepeda, los representantes de los sindicatos señalan: “Le manifestamos nuestra sincera preocupación por su pronunciamiento, en razón a que dicho proyecto de ley que solicita la ampliación de planta de la entidad es el fruto del trabajo que vienen haciendo los sindicatos desde años atrás, a través de las diferentes negociaciones del orden nacional o en mesas de negociación singulares con la institución en las que hemos participado en forma activa”.

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Y añaden: “Como todo proyecto de ley, debe ser sometido a debate y, sin duda alguna, tendrá los ajustes que sean necesarios para que satisfagan realmente las expectativas de la entidad y, principalmente, de la sociedad, en el entendido de que es necesario tener un organismo robusto que cumpla con su deber constitucional de perseguir el delito, pero no a costa de la salud de sus servidores”.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que se viene trabajando con los congresistas para buscar el apoyo de los legisladores a la iniciativa, con el fin de lograr avances como, por ejemplo, la aprobación de la viabilidad de la creación de los cargos y el compromiso de llenarlos de forma escalonada a medida que se vayan consiguiendo los recursos en los próximos años, con lo que el impacto sobre el presupuesto no sería tan fuerte.

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Añadieron que, aunque esa partida se aprobaría este año, quien haría gran parte de las inversiones no sería el actual fiscal, Barbosa Delgado, cuyo periodo termina en el mes de febrero del próximo año.

@JusticiaET