Odebrecht: Fiscalía imputa cargos a siete exfuncionarios de la ANI

Ninguno de los exfuncionarios aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía.

16.09.2023 10:28 Actualizado: 16.09.2023 10:32

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que presuntamente estarían implicados en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), en la llamada Ruta del Sol II.

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Ninguno de los procesados aceptó el cargo de interés indebido en la celebración de contratos que les endilgó la Fiscalía.

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Se trata de Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, exvicepresidenta istrativa; y de Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidenta de estructuración.

Generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht

Además, fueron imputados de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.

Según la Fiscalía, estas personas, en el marco de sus actuaciones individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, "los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht".

La Fiscalía asegura que hay evidencias sobre la supuesta vulneración de los principios de trasparencia, economía y responsabilidad "debido a que los otrosíes no contaban con estudios sólidos técnicos de conveniencia, ni de planeación".

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Los procesados son señalados por la Fiscalía de incurrir en presuntas "maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades".

Según la Fiscalía, dos de los otrosíes firmados ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario "evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos".

La imputación hecha a estas personas asegura que con estos documentos se habrían modificado aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que supuestamente no tenía derecho.

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"Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos", dijo la entidad en un comunicado.

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