Emergencia económica y social: ¿qué requisitos se exigen para su declaratoria?

El Presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se decretará un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que es uno de los estados de excepción que contempla la Constitución. 

Según explicó el Presidente, la emergencia estaría centrada en La Guajira, por cuenta del fenómeno del niño y la crisis de desnutrición de menores de edad y de al agua que hace años vive la región. 

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"La agudización con la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1,5 y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo el fenómeno, eso genera una emergencia obvia que es el agua, la sed", dijo.

El decreto que eventualmente se expida tendrá que pasar a examen de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los parámetros?

El expresidente de la Corte José Gregorio Hernández dijo que este tipo de declaratorias exige la firma de todos los ministros y que la misma puede darse tanto a nivel nacional como en parte del territorio.

"Es excepcional y la emergencia debe ser motivada, por hechos sobrevinientes y urgentes. Y, al declararla, puede expedir decretos legislativos, con fuerza de ley, que guarden relación directa, exclusiva y específica con las causas de la perturbación", indicó.

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Además, explicó Hernández, esta se somete a control político del Congreso y al control jurídico oficioso de la Corte Constitucional.

La última declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica la hizo como Presidente Iván Duque a raíz de la pandemia de Covid-19, en un decreto que fue revisado y avalado por la Corte Constitucional.

Esa sentencia indicó que para realizar el control material de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, en ese caso, por grave calamidad pública, se debe verificar que, en efecto, se trata de una "situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país".

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También dijo la Corte que un estado de emergencia "debe responder a hechos sobrevinientes y extraordinarios distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que perturben o amenacen el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave calamidad pública".

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Y que se debe verificar en cada caso que los hechos que se aleguen por el Gobierno en efecto hayan existido y que se generaron en el mundo de los fenómenos reales, "cuya acreditación puede resultar compleja".

Es decir, que se trate de eventos que no podrían controlarse o tratarse mediante facultades ordinarias.

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