Personaje del 2024 en Colombia: en un año convulso, las cortes defendieron la independencia de la justicia

Tres hechos inéditos retratan bien el tono que marcó las relaciones entre la Casa de Nariño, sede presidencial, y el Palacio de Justicia –la casa de las altas cortes– en este 2024.

(Vea el especial: Las cortes, el personaje del 2024 en Colombia; conozca quiénes marcaron la agenda del país y el mundo).

Por primera vez en la historia, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tomó posesión no ante el Presidente de la República sino ante la Sala Plena de su corporación. Y con ese mensaje aun retumbando, la misma Corte decidió, también en una situación con pocos antecedentes, rechazar una condecoración que el presidente Gustavo Petro había ofrecido a todos los magistrados y a la que estos en pleno le dijeron ¡No!, “para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”.

Esas dos decisiones deben leerse a la luz de otra coyuntura que no se había visto en el país: la imagen del Palacio de Justicia acosado por decenas de simpatizantes del presidente Petro, quien había llamado a sus bases a presionar a la Corte Suprema para que apurara la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Eso pasó el 8 de febrero pasado y llevó a que la Rama Judicial en pleno exigiera del Ejecutivo el respeto por su independencia y las decisiones de la justicia, que es el mensaje que en todos los escenarios vienen repitiendo las cabezas de los máximos tribunales.

El del presidente Gustavo Petro no es, ni mucho menos, el primer gobierno que tiene serias diferencias con las altas cortes. De hecho, en medio de las investigaciones de la parapolítica y el escándalo de las chuzadas del DAS, las relaciones entre la Corte Suprema y el gobierno de Álvaro Uribe llegaron hace poco más de tres lustros a tales niveles de tensión que el alto tribunal se negó a elegir fiscal de las dos ternas enviadas por el entonces Presidente de la República.

Siendo esto así, es claro también que la coyuntura entre los dos poderes está lejos de ser tranquila. Eso se reflejó en los discursos de los magistrados en la conmemoración del 39.º aniversario de la tragedia del Palacio de Justicia, acto al que no asistió el primer mandatario. Allí, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, llamó a no ‘romantizar’ los hechos del Palacio y a establecer plena verdad sobre todo lo que allí ocurrió y cómo se planeó la acción terrorista del M-19, guerrilla de la que el presidente Gustavo Petro hizo parte y cuyo ejercicio de la violencia y barbarie ha tratado de justificar en varias apariciones públicas.

Por su lado, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, habló de la necesidad de rodear a una ‘justicia asediada’ como en los tiempos de la toma. En septiembre, en un encuentro en Manizales, ese mismo magistrado había alertado sobre lo que llamó “nuevas y refinadas formas de autoritarismo” que de manera directa o encubierta “acumulan el poder, anulan derechos y desafían la diversidad, lo que constituye un riesgo permanente”.

El primer ministro de Justicia de este gobierno, el exmagistrado Néstor Osuna, se fue sin lograr recomponer la relación. Su reemplazo, Ángela María Buitrago, parece tener mejor eco en las cortes, pero todos los analistas coinciden en que difícilmente cambiará la situación si el primer mandatario insiste en atacar a los jueces cuando una decisión no le conviene o no le gusta.

“Es fundamental que el Presidente reaccione a las decisiones judiciales de manera respetuosa y con argumentos jurídicos, no políticos. Esto evitaría la percepción de ataques personales y podría facilitar la recomposición de la relación. Si el Presidente busca la ‘paz total’, debe reconsiderar su enfoque hacia las decisiones de las Cortes, entendiendo que puede haber lecturas diferentes de las normas. Un cambio en su actitud sería un paso positivo hacia la armonía entre el Ejecutivo y el poder judicial”, dice el exconsejero de Estado Carlos Zambrano.

En los dos años largos de mandato, el presidente Petro ha criticado abiertamente varias decisiones judiciales, especialmente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Apenas el jueves, en sus trinos en contra de la decisión del Congreso que hundió la llamada ‘ley de financiamiento’, Petro volvió a fustigar el fallo de la Corte Constitucional que eliminó el doble gravamen a empresas del sector minero y de petróleos al declarar inexequible parte de la primera reforma tributaria. Señaló a ese tribunal de “descuartizar” la reforma y eliminar la posibilidad de lograr recursos para atender a los sectores más pobres.

La Corte tumbó además la creación del Ministerio de la Igualdad y la declaración de estado de emergencia en La Guajira. Y desde hace varios meses, ahora que están en estudio varias demandas a la reforma pensional, el jefe de Estado ha llamado “al pueblo” a movilizarse para defender esa norma.

Una estrategia que fue respondida en su momento por el magistrado Reyes: “Lo que la Corte no va a considerar es el número de gritos que vengan desde la plaza, para decirle cómo tiene que fallar”, expresó el magistrado en una entrevista con este diario.

El Consejo de Estado, que en ejercicio de sus funciones ha tumbado nombramientos de diplomáticos y que declaró la nulidad de la elección de varios pesos pesados del Pacto Histórico como Roy Barreras y Alexander López, fue blanco más intenso de los dardos presidenciales cuando avaló la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la financiación de la campaña Petro Presidente.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, escribió Petro. “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el Presidente”, agregó.

Ante ello, el magistrado Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado, señaló: “Los jueces no estamos para ganar premios de popularidad, ni para que nos aplaudan en las decisiones. Las decisiones tenemos que seguir tomándolas independientemente del aplauso o del reproche que pueda generar la popularidad o impopularidad de una decisión”.

Pero fue una inexplicable frase del presidente Petro la que se quedó en el imaginario de los colombianos sobre la manera como mira hacia el poder judicial: “Poco entiendo por qué los hombres negros pueden ser conservadores”, dijo en alusión al magistrado Gerson Chaverra, el primer afro en llegar a la presidencia de la Corte Suprema.

En ese alto tribunal, la Sala de Instrucción adelanta los procesos contra seis congresistas salpicados por el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las pesquisas de los magistrados, que son paralelas a las de la Fiscalía, han recabado evidencia de la posible responsabilidad de exaltos funcionarios del gobierno Petro –los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y el exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González– en el robo de la plata para atender los desastres.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, y el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, también han hecho parte de la ‘barrera de contención’ ante los dardos contra la actividad de las Cortes.

La magistrada Remolina señaló la responsabilidad que tiene el Gobierno de garantizarle a la Rama Judicial los recursos para que puedan ejercer sus competencias. “Tenemos que poder trabajar con autonomía, con independencia, libre de presiones, y tenemos que exigirles eso a la institucionalidad”, expresó en su momento en diálogo con EL TIEMPO.

El magistrado Cajiao también ha resaltado que, aunque el país atraviesa por “cierta turbación”, el debate democrático parte también de la tolerancia frente a las diferencias de opiniones. “La independencia también es respetuosa de las diferentes formas de pensamiento”, declaró.

Con todo este panorama, ¿qué le espera al país de acá al 2026 en materia de relaciones Ejecutivo-Justicia? Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que el balón está en la cancha del Gobierno: “Esa eventual recomposición pasa por tres evidentes exigencias: abstención del intento de cooptar magistrados y Cortes; respeto debido a los pronunciamientos de las altas cortes, y el rescate del principio de dignidad en el trato a la justicia”.

Redacción Justicia