El testimonio que enreda a congresista con red señalada de torcer fallos

Luego de dos años de investigación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia destapó un nuevo episodio en el escándalo de corrupción judicial que envuelve al magistrado del Tribunal istrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, quien fue imputado en 2019 y hoy está en juicio por presuntamente liderar una red de corrupción que torcía importantes y ‘jugosas’ decisiones a cambio de dinero, aunque él ha insistido en su inocencia.

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El alto tribunal abrió investigación formal y llamó a indagatoria al excontralor departamental de Cundinamarca y actual congresista de Cambio Radical Néstor Leonardo Rico Rico por presuntamente haber intervenido directamente ante Vargas para que este acogiera las pretensiones de dos demandas.

Una la presentó Jorge Enrique Cortés Rojas en contra de la Nación y la Empresa de Acueducto de Bogotá por no poder ejercer la propiedad del predio La Providencia, ubicado dentro del humedal Jaboque en Bogotá, que terminó en 2014 con una condena al Estado por 64.215 millones de pesos. Las pesquisas de la Fiscalía señalan que la abogada Kelly Eslava Montes, quien trabajaba en el despacho de Vargas, terminó siendo apoderada de ese proceso y, por esa vía, acordó embolsillarse el 20 por ciento.

Se trataba de una suma de 12.843 millones de pesos, correspondientes a la cesión de los derechos de litigio del caso, que no se concretaron porque, en segunda instancia, el fallo fue revocado por el Consejo de Estado.

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El otro proceso tiene que ver con una acción que presentó la Unión Temporal Sims Ltda. en contra de la Nación, el Ejército y el Ministerio de Defensa luego de que se liquidara de manera unilateral un contrato para la adquisición de comunicaciones, almacenamiento y procesamiento de datos para el sector.

En ese segundo contrato, Eslava también intervino, haciendo unas adecuaciones a la demanda inicial, lo cual se había pactado a cambio de un porcentaje de la ganancia sobre el acuerdo entre cliente y abogado, para los involucrados en el entramado ilegal.

¿Qué tiene que ver el congresista Rico en este lío? Eslava, a quien la Fiscalía le imputó cargos en 2019, se convirtió en testigo estrella del caso y se encuentra hoy en día en la búsqueda de un principio de oportunidad que le garantizaría no ir a la cárcel a cambio de colaboración. La mujer dijo que Rico participó en estos hechos de corrupción.

Así quedó consignado en el auto de la Sala de Instrucción que dispuso llamar a indagatoria al congresista, que EL TIEMPO conoció en su totalidad. El documento consigna que, al parecer, por la vieja amistad existente entre Rico y Vargas se habrían planteado propuestas sobre los casos mencionados a través igualmente de Germán Enrique Madero Pérez, contralor auxiliar de Rico, “para que dadas sus calidades y relación directa con los procesos adelantados en su despacho, profiriera las decisiones contrarias a derecho, para favorecer los intereses de quienes estaban involucrados en dicho entramado criminal”.

Eslava le dijo desde 2019 a la Fiscalía que ella trabajó hasta 2010 en el Tribunal istrativo con el magistrado Vargas, con quien luego sostuvo una relación sentimental, y que en 2012 él la buscó para que fuera a una reunión en un edificio en el barrio Salitre, en Bogotá, en el apartamento de Rico.

Allí, dijo, se propuso la cesión de derechos litigiosos por el 20 por ciento. Estaban Rico, Vargas, Lautaro López, un mayor del Ejército que se le presentó como titular del predio, y Jaime Bermúdez. “Yo sabía que Leonardo Rico era cercano al magistrado”, dijo al señalar que hubo una breve discusión sobre el monto. “Leonardo Rico le decía a Jaime Bermúdez que él no entraba dentro del combo (…). El 20 por ciento quedó definido que era para Kelly Eslava, Carlos Alberto Vargas y Leonardo Rico; y que quien los iba a representar a ellos en sus intereses iba a ser yo”, declaró.

Esta versión fue ratificada en otra declaración ante la Fiscalía Décima delegada ante la Corte Suprema y en la que rindió ante el despacho del magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el 28 de junio de 2021. “Yo sabía que él había sido contralor de Cundinamarca y que ellos eran amigos. Ingreso a ese apartamento y asisten a ese desayuno el señor Rico, el magistrado Vargas, yo (…), Jaime Bermúdez, y un señor Lautaro Alberto López Cuéllar”, empezó.

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“El señor Lautaro se presenta como inversionista dentro del tema del caso del lote. Le expongo las apreciaciones que tuve de la revisión de los documentos, le expongo que eso puede estar en riesgo de una caducidad, que toca entrar a mirar más documentos, que si bien es cierto la tradición es muy viejita, toca ahondar en documentos (…). Luego abordan el tema de los honorarios. Esa es una discusión que presenta el doctor Vargas”, agregó.

“Llego yo al conjunto, ya entraba yo con Vargas y él me dice: ‘mira, aquí va a salir un negocio’. Y le digo: ‘¿cómo es el negocio?’. Me dice: ‘en el negocio hay que llevar a Leonardo y vas tú (…). Ellos siempre se llamaban por el nombre, es más, en la reunión yo escuchaba y veía que el señor Leonardo Rico llamaba a Vargas ‘jefecito’ y el doctor Vargas se dirigía a él como ‘Leonardo’”, agregó.

Y, en relación con la Unión Temporal Sims, Eslava declaró que ese caso ya estaba en el despacho de Vargas y que este la llamó un día, le dijo que estaba con Rico, y que este al parecer fue quien le contó del proceso, razón por la cual recibió indicaciones para que se reuniera con el demandante a efectos de verificar el tema.

En el documento de 24 páginas, la Corte destacó que Eslava se reunió entonces con Martín Orjuela Acosta, gerente de Sims, quien le hizo saber que llegó hasta el magistrado Vargas Bautista por intermedio de Germán Madero, contralor auxiliar de Rico, quien luego de la renuncia de la abogada que venía actuando, le otorgó poder para intervenir, realizando una reforma de la demanda y adelantando todo el tema jurídico.

Eslava señaló que en este caso no fue necesario manipular el reparto, “como sí ocurrió en el caso de Jaboque”, y explicó que como el Consejo de Estado tumbó la decisión que tomó Vargas no hubo plata para repartir, pero indicó que ella sí recibió unos honorarios por el redireccionamiento de la demanda que tuvo que realizar y por un dictamen pericial.

Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, las manifestaciones de la testigo Kelly Eslava Montes se corroboran con otros elementos de prueba recopilados en los dos años de pesquisas. Por ejemplo, que hay una “solidificada relación de amistad entre Vargas Bautista y Rico Rico”, porque fue el magistrado Vargas quien “le hizo la campaña y lo apoyó para el cargo de contralor de Cundinamarca” y además compartieron un curso de programación.

Así lo establece el informe 6451312 del 27 de mayo de 2021, con el que se allegaron a la Corte copia de las actas de sesión de la Sala Plena del Tribunal istrativo de Cundinamarca y de las actas de registro de votación en las que se registró la nominación y elección de Rico Rico como integrante de la terna para el cargo de contralor para el periodo 2012-2015, dado que en ese momento los tribunales participaban en el proceso de elección.

“Ellos ya tenían una relación cercana y empática de tiempo atrás. Me imagino que desde la época en que él estaba aspirando a la Contraloría, porque yo a Vargas sí lo escuchaba muy inquieto en cuadrar la reunión con el magistrado para antes de las elecciones (...). Es más, cuando Rico ganó la Contraloría, esa tarde, fue la primera vez que conocí ese apartamento (...), entonces todos se abrazaron”, declaró la testigo.

Todos estos elementos llevaron a la Sala de Instrucción a estimar que, por el momento, “se infiere como probable que el congresista investigado participó en la realización de las conductas punibles de cohecho por dar u ofrecer, previsto en el artículo 407 del Código Penal, y prevaricato por acción como determinador”.

En el documento conocido por EL TIEMPO, el despacho del magistrado César Reyes ordenó que en 30 días el grupo de investigadores de la Sala de Instrucción haga una inspección a la Secretaría de la Cámara de Representantes para recopilar copia de los proyectos de ley, actos legislativos y actas de sesión que tuvieren relación con el tema de los humedales y con el proyecto denominado ‘Río Bogotá’, en los que Leonardo Rico hubiere actuado como ponente o participado en su debate.

Igualmente, se deberán recopilar en la Contraloría Departamental de Cundinamarca los documentos sobre las mismas materias, en las que hubiere actuado Rico. Y se ordenó verificar si las otras 10 personas mencionadas en este proceso tienen investigaciones judiciales para que sean enviadas a la Corte cualquier declaración o entrevista que hubieran podido rendir.

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El alto tribunal llamó, además, como testigos al magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, a Jorge Enrique Cortés Rojas, a Lautaro Alberto López Cuéllar, a Jaime Arturo Bermúdez Forero, a Fernando Arévalo Carrascal, a Germán Enrique Madero Pérez y a Martín Orjuela Acosta.

El representante a la Cámara será citado próximamente a diligencia de indagatoria y allí podrá dar su versión sobre este asunto. El TIEMPO se comunicó con Rico y su equipo, pero no pudo arlo antes del cierre de edición.

El caso del humedal Jaboque no es el único porque el que hoy responde en juicio el exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista. Al jurista se le imputaron cargos por decisiones judiciales que terminaron en condenas para el Acueducto de Bogotá, la Defensoría del Espacio Público, la Alcaldía de Bogotá, el hospital 'El Salvador' de Ubaté, y para la Rama Judicial.

Uno de los casos refiere a una sentencia del 12 de octubre de 2016, proferida dentro del proceso de reparación directa denominado ‘Soporte Vital’, en la que, según la acusación en su contra, de manera arbitraria e ilegal se declaró judicialmente liquidado el contrato de alianza estratégica N° 01 de 2010, suscrito entre la ESE Hospital Salvador de Ubaté y Soporte Vital S.A., con un saldo de 9.296.046.619 millones de pesos a favor del contratista, que debía ser pagado por la referida entidad a favor de la sociedad demandante que representaba Eslava.

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Según la Fiscalía, todas estas acciones irregulares se habrían realizado entre los años 2012 y 2017 y Vargas, quien alega ser inocente, habría ejecutado diversas conductas contrarias a sus deberes oficiales, “movido por el interés de obtener ventajas económicas ilícitas de los s de la istración de justicia”.

En 2020 se le imputaron a Vargas nuevos cargos porque, al parecer, a cambio de dádivas, falló irregularmente demandas contra el Hospital Militar y la Superintendencia de sociedades. En el primer caso, la abogada Eslava actuó como apoderada de un consorcio temporal, radicó una demanda contra el Hospital Militar que cayó en el despacho de Vargas, quien no se declaró impedido y año y medio después condenó a la institución a pagar 25.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, por ello, el magistrado recibiría el 25 por ciento del valor reconocido en el fallo. El segundo caso es un fallo que obligó a la Supersociedades a pagar 506 millones de pesos a un particular y 29.890 millones de pesos a una sociedad agrícola.

En este caso Eslava Montes fue asesora de los demandantes y, según la Fiscalía, el magistrado habría recibido un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera. En febrero de este año, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fin de extinción de dominio sobre 12 bienes del jurista avaluados en 9.000 millones de pesos.

Se trata de tres inmuebles ubicados en Tibacuy (Cundinamarca), uno en Rivera (Huila), uno en Icononzo (Tolima), uno en Bogotá y un edificio en Bucaramanga (Santander); además de cuatro vehículos y una motocicleta.