El balance de la recta final de la demanda contra el ‘fracking’

Con cuatro extensas sesiones de audiencia, que sumaron más de 20 horas, terminó este viernes en el Consejo de Estado la etapa probatoria de una demanda que pide anular las normas que regulan el fracturamiento hidráulico multietapa, conocido como 'fracking', en el país.

Se trata del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que están suspendidos desde finales de 2018 por decisión del alto tribunal mientras se resuelve este proceso.

Las últimas cuatro sesiones se invirtieron en la contradicción a un peritaje elaborado, por petición del Consejo de Estado, por 9 expertos de la Universidad Nacional, pero en total, la etapa de pruebas de esta demanda duró cerca de un año y medio. La demanda en sí lleva mucho más, fue presentada en agosto de 2016 y itida para estudio en junio de 2018.

El peritaje de la Nacional está conformado por dos documentos, uno de más de 400 páginas, elaborado por 6 de 9 expertos, que plantea serias dudas sobre la conveniencia técnica de la explotación de yacimientos no convencionales; y el segundo, de más de 100 páginas, elaborado por los tres expertos restantes, que plantea que hay riesgos que pueden ser mitigables, pero que esto requiere que se hagan pilotos para concluir cuáles serán los efectos del 'fracking' en el país, y a partir de ello tomar las decisiones sobre si se le da vía a la técnica.

El dictamen fue fuertemente criticado por los demandados, el Ministerio de Minas y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, así como por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, entre otros, que señalaron que la supuesta contradicción entre los documento le restaba validez al peritaje, y expresaron que los expertos del informe más extenso no tenían los conocimientos necesarios y plasmaron en su escrito opiniones. Incluso, las entidades demandadas presentaron al alto tribunal lo que llamaron unos contradictámenes.

De otro lado, los demandantes, representados por abogados como Juan Pablo Sarmiento, defendieron que los informes, en lugar de contradecirse, podían complementarse y que no era cierta la falta de idoneidad de los peritos.

En esa misma línea estuvo Andrés Mutis, representante de la Procuraduría, quien expresó que el peritaje es solo uno, así fueran dos documentos, y que estos no son divergentes, sino que recogen énfasis diferentes. En general, sostuvo que las objeciones de los demandados no se probaron.

En todo caso, las objeciones a esta prueba serán resueltas en la sentencia final, que se dará en los próximos meses.

Además del peritaje, en esta demanda, cuyo ponente es el magistrado Ramiro Pazos, se han tenido en cuenta testimonios, el dictamen que entregó en febrero de 2019 al Gobierno otra comisión de expertos, informes de la Contraloría, libros y estudios sobre 'fracking', y hasta la exposición de motivos de un proyecto de ley que busca prohibir esa técnica, entre muchas otras pruebas.

Esto ha llevado a que este sea un voluminoso expediente sobre el cual se pronunciará, en sentencia, la sección tercera del Consejo de Estado. De hecho, fuentes del alto tribunal expresaron que este es quizás el proceso de nulidad en el que más pruebas se han hecho en los últimos años.

Desde sus inicios, el Consejo de Estado calificó este proceso como un tema de alto impacto en Colombia. El asunto no es menor, pues el Gobierno ha dicho que la técnica es fundamental para la seguridad energética del país, aunque sus detractores sostienen que genera efectos graves e irreversibles en el medioambiente y la salud.

Tras el cierre de la etapa probatoria, al proceso solo le quedan dos pasos: los alegatos de conclusión de las partes, que deberán ser enviados por escrito en 10 días hábiles contados desde este viernes, y la sentencia, que es de única instancia, es decir, no ite recursos ordinarios como la apelación.

Esta demanda no es la única relacionada con el 'fracking' que está pendiente en el Consejo de Estado. El magistrado Pazos también tiene por definir un desacato contra el Gobierno por el decreto, de febrero pasado, con el que reguló los proyectos piloto de investigación integral sobre 'fracking' (PPII).

Si bien en una decisión el alto tribunal permitió que se realizaran los PPII, los accionantes de la demanda contra las normas que regulan el 'fracking' argumentan que en el decreto el Gobierno violó las condiciones que la alta corte impuso para realizar los pilotos. El desacato se abrió para estudio en julio pasado, y EL TIEMPO conoció que la próxima semana se estaría tomando la decisión.

De otro lado, contra ese mismo decreto está en el despacho del magistrado Nicolás Yepes una demanda de nulidad.

En septiembre, el magistrado negó las medidas cautelares de suspensión que habían pedido los demandantes, que son los congresistas Katherine Miranda Peña, César Augusto Ortiz Zorro y César Augusto Pachón Achury, quienes argumentan que el decreto vulnera el principio de precaución, pues sus lineamientos desatienden la obligación del Estado de prevenir daños ambientales. Pese a que se negaron las medidas cautelares, el estudio de fondo de la demanda continúa.

MARÍA ISABEL ORTIZ F. 

Periodista de Justicia

Twitter: @MIOF_