Minhacienda en el debate de la Corte Constitucional sobre el monopolio del aguardiente: 'Desafortunadamente la salud se financia con el vicio'

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez lidera este lunes una audiencia pública en el marco de unas demandas que se acumularon y que piden tumbar las normas que facultan el monopolio rentístico del aguardiente en los departamentos.

Las demandas piden tumbar los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados.

Dichos incisos facultan a los departamentos productores de aguardiente a restringir la venta de otros aguardientes hasta por seis años, siempre y cuando representen una "amenaza de daño grave a la producción local".

Por ejemplo, la procuradora general Margarita Cabello le pidió en un concepto a la Corte que conserve la norma y que la declaren exequible, al indicar que la protección especial al aguardiente beneficia a los departamentos que la ejercen "al permitir un ingreso mayor de rentas para el financiamiento de sus programas".

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El abogado Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes en este proceso, advierte que el debate va más allá de un asunto económico "es relativa a las libertades civiles porque lo que está en juego en esta demanda es más allá que un asunto económico. Es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana y qué legitimidad tienen las entidades territoriales para prohibir la libre competencia, la iniciativa privada, la libertad económica y la propia libertad de la elección de los individuos".

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"Cabe preguntarse qué sucedería si el legislador decide crear un monopolio con otro producto, de igual o mayor sensibilidad social como por ejemplo, como la leche, y autorizaría a los departamentos a imponer salvaguardas (...) pues nada le impediría al legislador hacerlo. Hacia dónde se dirige no sólo la economía nacional, sino la libertad de empresa y la libertad humana, si este ejercicio se hiciera realidad", agregó Ossa.

El abogado Jorge Sánchez Medina, otro de los demandantes, llevó cifras que demostrarían que desde 2016, fecha de expedición de la ley sobre el monopolio rentístico de los licores, los departamentos que la aplican registran menos ventas que los que no lo hacen.

"Las ventas totales de aguardiente en los departamentos que aplicaron la salvaguarda se redujo 21%, en contraste con las ventas totales de aguardiente en departamentos que no aplicaron la salvaguarda o que no ejercen el monopolio, que se incrementaron un 35%. Esta información es elocuente", expresó Sánchez.

El exsuperintendente de industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, también demandante, expresó que "si la norma se mantiene, el monopolio rentístico sigue. Y si la norma se derrumba, como espero que ocurra, los gobernadores también seguirán recibiendo las rentas derivadas del ámbito rentístico".

Robledo indica que si se cae el monopolio "las rentas se incrementarán sustancialmente en favor de la salud y de la educación". 

"¿Cómo es posible que en Antioquia no pueda consumirse el aguardiente Cristal o el Aguardiente Amarillo de Manzanares, y otros tantos, y allí sólo pueda consumirse el Néctar por unos años más y el aguardiente Antioqueño por el resto de la vida? (...) Cómo es posible que en Bogotá y Cundinamarca no pueda consumirse el aguardiente amarillo de Manzanares. Y cómo es posible que en el Valle sólo pueda consumirse Blanco del Valle, no Antioqueño, no Néctar", expresó Robledo, quien representa a la Industria Licorera de Caldas.

Robledo insistió en que la Corte debe quitarle a los gobernadores "el poder que hoy tiene de controlar nuestras vidas".

El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, inició su intervención indicando que no tiene injerencia sobre los ingresos que reciben los municipios. 

"En la vida real sólo hay 7 departamentos que producen, y son 32 departamentos que hay en Colombia, más Bogotá, que tiene régimen especial. Siete departamentos están produciendo que son Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, Antioquia, Tolima y Caldas. Producen directamente y tienen licorera. Y hay seis departamentos que ejercen el derecho de monopolio pero no producen, lo que hacen es maquilar, contratan con otra licorera para que le entreguen los licores a sus marcas. De tal manera que hoy sólo hay 13 departamentos que están ejerciendo este derecho y los otros departamentos queda por saber exactamente qué sucede en Sucre, Magdalena y César, pero hasta donde sabemos no tienen licorera", expresó Bonilla.

Bonilla cuestionó que "desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio, eso no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero lo que tiene claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que tarde o temprano una parte de él se va a financiar la salud, aunque la salud no sólo se financia con esto".

Néstor Mario Urrea, director de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, explicó que con los dineros recaudados con el monopolio rentístico de los licores destilados se destina un 3% al deporte, un  37% a la salud y del otro 60%, de ese porcentaje restante se destina un 51% a la educación. 

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -Anif-, añadió que las normas que permiten el monopolio rentístico son prerrogativas que "violan el principio de libre competencia pues, cuando se retira un producto del mercado local, el primer efecto notable es la reducción de la competencia y la diversidad de ofertas".

En ese sentido le pidió a la Corte que tumbe las normas pues advierte que las restricciones de nuevos competidores pueden fomentar el mercado ilícito del tabaco y el alcohol.

"El mercado ilegal actualmente representa cerca del 22% del mercado. La entrada de nuevos competidores no sólo tiene el potencial de reducir el contrabando sino de absorber parte de este mercado ilegal, generando nuevos empleos", agregó López.

ANA MARÍA CUESTA

Redacción justicia