Notifican disputa internacional por la intervención forzosa de la EPS Sanitas: en diciembre se sabrá si demandarán al Estado

EL TIEMPO estableció que el pasado 9 de septiembre el Ministerio de Comercio fue notificado oficialmente por las empresas españolas Centauro Capital y Natanor XXI, dueñas del Grupo Empresarial Keralty, de la radicación de una disputa internacional relacionada con la intervención forzosa de la EPS Sanitas.

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Centauro y Natanor poseen, respectivamente, el 61% y el 39% de las acciones del Grupo Keralty, del que hacen parte 17 empresas, incluida la EPS Sanitas, que fue intervenida el pasado 2 de abril por orden del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien alegó que la toma de posesión de la entidad promotora de salud se adoptaba para prevenir un “colapso financiero” que afectara los derechos de sus 5,7 millones de s, pues consideraron que Sanitas incumplía con los requisitos financieros habilitantes.

De acuerdo con un documento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conocido por EL TIEMPO, las empresas españolas Centauro y Natanor manifestaron en su notificación de disputa que hubo “expropiación indirecta y violación del estándar del TJE (Tribunal de Justicia Español) al intervenir a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, lo que obstaculizó su gestión, mantenimiento, uso y disfrute de sus inversiones mediante medidas arbitrarias o discriminatorias”.

Las firmas tendrán hasta el 8 de diciembre próximo para definir si demandarán formalmente o no al Estado colombiano, según el reglamento de este tipo de litigios arbitrales de inversión. Aunque aún no se conocen las pretensiones de la demanda, porque el caso se encuentra en etapa prearbitral, este medio conoció que la Agencia dirigida por César Palomino Cortés se está preparando desde ya para atender la controversia con la respectiva coordinación institucional.

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Desde el año 2016, el empresario vasco Joseba Grajales Jiménez preside la junta directiva del Grupo Keralty, al que se vinculó en el año 1995. Grajales es considerado uno de los hombres más ricos de España por una fortuna valorada en 230 millones de dólares.

De acuerdo con el informe anual del gobierno organizacional de Keralty de 2023, Grajales es el dueño absoluto del grupo, pues Centauro Capital pertenece en un 100 por ciento a Dudinka Taldea 99, que a su vez pertenece en un 100 por ciento a Grajales. Y Natanor XXl también pertenece en un 100 por ciento a Centauro.

Además, Grajales fundó otras compañías como la empresa mexicana de galletas Gamesa y las empresas de energía FNX Oil &Gas y Guascor.

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El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, experto en litigios arbitrales e internacionales, explica que la notificación de la intención de demandar por parte del dueño de Sanitas “es perfectamente normal. Es un requisito que hay que cumplir para poder presentar la demanda pues uno de los objetivos es ver si se puede arreglar la disputa. Y puede que no pase nada pero puede que dentro de dos o tres meses pueda avecinarse la demanda”.

Expresó también que la alegación sobre la expropiación “es el fundamento del 80 por ciento de las demandas que se presentan contra Colombia. Las omisiones contrarias a derecho pueden ser la fuente de ese tipo de demandas. La jurisprudencia ha considerado que se pueden entender actitudes expropiatorias y ha habido otros fallos sobre la materia contra otros países”.

El exconsejero de Estado Hugo Bastidas manifestó que “la expropiación indirecta y la violación de los estándares del Tribunal de Justicia Europeo son causas para proponer tribunales internacionales de arbitraje contra el Estado. Para eso hay una etapa pre arbitral, regulada por el reglamento del tratado respectivo que generalmente es una etapa de consultas y arreglo directo en que se avisa al gobierno. La etapa dura 6 meses prorrogables. Luego viene la comunicación de la intención de demandar al Estado, si fracasa el arreglo directo", agregó.

La abogada María de los Ángeles Meza, magíster en responsabilidad y consultora y docente en salud, considera que "el Tribunal Internacional, en el marco de sus competencias, puede observar las decisiones que tome la justicia colombiana en el derecho interno, en sede de tutela y de la justicia contenciosa istrativa, para decidir sobre la protección a la inversión extranjera en Colombia de la EPS Sanitas".

Denis Silva, de la Asociación Pacientes Colombia, opina que “estos pleitos internacionales no favorecen ni al sistema internacional ni a los s. Colombia necesita de la capacidad instalada que tiene el Grupo Sanitas. La intervención le dio la razón a Sanitas pues no fue en derecho. Fue una intervención donde lo personal pasó a lo institucional. En este juego perverso de poderes entre el gobierno y Sanitas los únicos afectados somos los pacientes".

El vocero de la Asociación de s de Sanitas, Álvaro Molina, advirtió que “las organizaciones tienen el derecho de ejercer las acciones jurídicas que consideren pertinentes. Para nosotros, y como lo dijimos desde el inicio de la intervención, esta la vemos como una retaliación a la posición que había expresado la EPS frente a la discusión del proyecto de reforma a la salud. Lo que hemos visto en procesos de intervenciones anteriores es que terminan en liquidación”.

Tal y como lo informó EL TIEMPO, una Sala de Tutelas de la Corte Constitucional anunció la semana pasada que revisará una tutela que radicaron los accionistas de Sanitas en contra la decisión de la intervención de la EPS.

“Para proteger a sus s del riesgo en el que están, según los demandantes, con ocasión de la toma de posesión de la EPS por parte del gobierno nacional", indicó la magistrada Cristina Pardo.

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Aunque la acción judicial ya fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Constitucional podría pronunciarse sobre las alegadas irregularidades en la intervención, de las que han hablado los antiguos controlantes de la EPS, hoy intervenida.

Ana María Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]