Listo fallo condenatorio en la Corte contra exgobernador Juan Carlos Abadía

Para las 2:15 de la tarde del pasado miércoles, estaba programada una audiencia en la Corte Suprema de Justicia para leer el sentido de fallo en el caso contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, a quien acusaron por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación agravado.

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Cuando llegó la hora de conectarse, la cita no se realizó porque Abadía presentó una excusa médica. Sin embargo, EL TIEMPO conoció que la Sala de Primera Instancia del alto tribunal ya tiene listo el veredicto contra el exmandatario: será condenado por hechos que se remontan al año 2010, cuando estuvo al frente de la gobernación.

Luego de la lectura del sentido del fallo, para la que se fijará una nueva audiencia, se citará a otra diligencia para conocer el monto de la sentencia. En todo caso, el proceso podrá ser apelado para revisión de la misma Corte.

En el expediente aparece que el 29 de enero de 2010, junto al secretario de Educación Eiber Navarro, se suscribió un contrato de cooperación con la Fundación Calimío, representada por Luz Delly Martínez. El monto de ese convenio asciende a los 1.072 millones de pesos, el cual tendría 1.000 aportados por el departamento, y 72 por la fundación.

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La intención era obtener material bibliográfico para 40 establecimientos educativos en 10 municipios, con el fin de dotar sus bibliotecas escolares. En el papel hubo varias propuestas de oferentes que querían participar, pero lo que se les señaló a los exfuncionarios es que habrían favorecido a la firma que no contaba con la suficiente experiencia, y que incluso pudo llegar a presentarse una subcontratación para adquirir los libros.

Este escándalo, según documentó este diario en 2016, dejó condenadas a otras personas: el entonces secretario de Educación; José Antonio Rodríguez; Luz Piedad Hurtado y Luz Delly Martínez, de Calimío.

Para la Fiscalía General de la Nación, Abadía y Navarro firmaron ese convenio vulnerando el artículo 209 de la Carta Política, que habla de principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, y por ende decidió iniciar un proceso judicial en contra.

Asimismo, le quiso dar al negocio apariencia de interés público, "cuando estaba frente a un contrato de suministro reglado por la Ley 80 de 1993, que por su cuantía debió adjudicar mediante licitación pública".

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En el expediente que examinó durante todos estos años la Corte también aparece que según el ente acusador, "además se apropió en favor de terceros de 817 millones de pesos, ya que la sociedad contratista subcontrató con Ediciones Alfa y Omega la adquisición de los libros, por la suma de mil millones de pesos, quien los compró a la editorial La Clave del Saber por 658 millones de pesos, la que a su vez los obtuvo de otras empresas por 182 millones de pesos".

Los investigadores empezaron a indagar y acusaron a Juan Carlos Abadía ante la Corte el 28 de mayo de 2019. Desde entonces se desprendieron diligencias en la que se negaron algunos testimonios solicitados por las partes al considerarse inútiles y repetitivos.

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La decisión que alista la Corte Suprema se conoce justo en una semana en la que Abadía está citado en el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá, en el cual se adelantará la audiencia preparatoria de juicio oral por el escándalo del 'cartel de la Toga'.

En este proceso, al exgobernador del Valle se habría convertido en uno de los clientes de una red de corrupción que llegó a las altas esferas de la justicia colombiana. 

Y es que al parecer, él acudió ante el entramado que conformaron el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, algunos abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que a cambio de cerca de 400 millones de pesos, intercedieran y le direccionaran indebidamente investigaciones que le seguía la Fiscalía.

Precisamente, el expediente que quería torcer sería el de la contratación para dotar las 40 bibliotecas en el Valle del Cauca. Para tal fin, contrató al ex fiscal Luis Gustavo Moreno, quien tenía la misión de interceder ante Ricaurte para evadir órdenes judiciales en contra.

Carlos López

Redacción Justicia

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