Justicia y Paz llega a sus 20 años con 90 condenas: una propuesta de la Fiscalía generó revuelo

La Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, el primer andamiaje de justicia transicional que tuvo el país y que se considera el antecedente de la Jurisdicción Especial para la Paz, cumplirá en julio 20 años de creación. 

(También le puede interesar: Procuraduría pide al Inpec explicaciones por crimen de testigo clave en caso del fiscal Pecci)

Bajo sus reglas, paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, recuperaron su libertad tras purgar penas alternativas de ocho años de prisión.

Es el caso de altos mandos de las Auc como Fredy Rendón Herrera ‘el Alemán’, Uber Banquez ‘Juancho Dique’, Edward Cobos ‘Diego Vecino’ y Salvatore Mancuso, quien pagó 16 años de cárcel por narcotráfico en EE. UU.

Varios de los excomandantes también fueron designados como gestores de paz por el presidente Gustavo Petro, quien propone darle un “cierre definitivo” al proceso de Justicia y Paz.

Otros de los 4.494 paramilitares que se postularon a ese sistema de manera colectiva, y de los 509 que lo hicieron de manera individual, continúan detenidos con pendientes en la justicia o fueron expulsados tras haber reincidido. Aunque la atención del país en este momento se encuentra en la JEP, que cumplió ocho años a la espera de su primera sentencia, es importante conocer cómo ha sido la gestión de su pariente más cercano, que aún continúa con investigaciones no sólo sobre ‘paras’, pues también cobijó a algunos exguerrilleros de las Farc y del Eln que se acogieron a sus beneficios.

De acuerdo con datos oficiales conocidos por EL TIEMPO, las tres salas de Justicia y Paz han proferido 90 fallos condenatorios contra 856 postulados. Las sentencias cobijaron a 84.837 víctimas directas e indirectas y 18.019 hechos por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos como homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas.

(También le puede interesar: Cayó alias Daniel, supuesto miembro de Los Shotas al que le atribuyen extorsiones en Buenaventura)

La Fiscalía expuso su preocupación sobre esas 90 sentencias hace unos meses. “De todo el universo de Justicia y Paz apenas ha llegado a sentencia el 8 por ciento”, dijo Juan Carlos Arias, jefe de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía en un evento de la Rama Judicial.

Arias lanzó una propuesta para acelerar los números de las tres salas de Justicia y Paz planteando que los despachos cerraran por unas semanas para concentrarse en sus sentencias, priorizando esas decisiones por encima de otros trámites judiciales.

La idea –que cuenta con el aval de la Corte Suprema– parte de que, según datos examinados por la Fiscalía, de 164.292 hechos, 139.310 aún cursan en alguna etapa ante la magistratura; y de estos, se han dictado sentencias frente a solo 13.053. “Ese diagnóstico desfavorable, tenemos que entender que tiene que convertirse en aquello para lo cual hemos realizado todo este esfuerzo. El punto es cómo hacemos para que esos hechos lleguen a sentencia”, agregó Arias.

(Notas relacionadas: Los 5 acuerdos a los que llegaron SAE y Fiscalía para manejar los bienes incautados a la mafia)

La propuesta –de la que actualmente no hay un proyecto en firme– dejó un sinsabor entre la magistratura, cuya respuesta no se hizo esperar. El presidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, magistrado Juan Guillermo Cárdenas, le dijo a este diario que primero debe reconocerse la labor de cada despacho y que el trabajo de su jurisdicción ha sido modelo para otros sistemas internacionales.

Resaltó que la magistratura no lleva “el mismo avance que la Fiscalía porque tenemos que esperar que ellos imputen, presenten el escrito de acusación, que empecemos nosotros las audiencias concentradas y poder llegar al incidente de reparación integral”.

Por eso para Cárdenas, si bien hay varios logros, se cuenta con déficits que deben superarse, como fortalecer el cuerpo de integrantes de Justicia y Paz, que actualmente cuenta con 10 magistrados de conocimiento y cinco de garantías distribuidos en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

“Tenemos en estos momentos paralizados incidentes de reparación porque con un recorte presupuestal que hubo en el Gobierno, el Ministerio de Justicia no ha tenido los fondos para poder sufragar el desplazamiento de la magistratura. Hay víctimas que vienen de otras partes a las que hay que darles alimentación, eso es una costumbre”, concluyó.

Pero las preocupaciones no solo vienen del ente acusador. Postulados como Salvatore Mancuso han hecho críticas por la actividad investigativa de Justicia y Paz. “La vigilancia y la investigación perpetua obstaculizan esta reintegración, impidiendo que los desmovilizados nos convirtamos en ciudadanos plenos y productivos, siempre estigmatizados, siempre tratados como delincuentes”, dijo Mancuso en agosto ante el Congreso.

El magistrado Cárdenas hizo especial énfasis en que si bien la Ley es de 2005, los despachos empezaron a ejercer mucho tiempo después, y que aun así han contribuido a esclarecer capítulos de la violencia paramilitar que por muchos años fueron desconocidos.

(Notas relacionadas: El pleito laboral entre el ministro del Interior y una de sus directivas que llegó a la Corte)

En las 90 sentencias hay condenados de bloques paramilitares como ‘Vencedores de Arauca’, ‘Central Bolívar’, ‘Héctor Julio Peinado Becerra’, las ‘Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio’; y de facciones de las Farc y el Eln como el frente ‘Ernesto Che Guevara’. Entre los principales cabecillas está precisamente Mancuso, quien el año pasado regresó al país con el ánimo de contribuir a la paz, tras una invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro para ser gestor en la materia.

En contra del ‘expara’ hay al menos dos fallos en la Sala de Justicia y Paz de Bogotá en los que aparece como uno de los responsables de graves delitos que dejaron cerca de 10.400 víctimas. Por esos hechos, no puede pisar varios departamentos de la costa Caribe, en los que su presencia podría revictimizar a los afectados.

Otro es el caso de Hernán Giraldo, quien comandó en la Sierra Nevada un grupo paramilitar responsable de cientos de crímenes. A él, la magistratura lo expulsó de la jurisdicción por sus incumplimientos con la verdad.

(Otros temas: La sanción a la que se expondría el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras su llamado a juicio)

En total, no solo han sido crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada. En las sentencias también se han detallado los daños al medioambiente de la violencia paramilitar, los abusos contra menores de edad y la violencia basada en género, la cual cobra un capítulo de especial relevancia en cada decisión proferida.

Desde el principio faltó dimensionar la violencia, la barbarie que se suscitó en el país. Se dejó por fuera un análisis claro de lo que iban a hacer, la magistratura veló por que la impunidad no fuera reinante, y que efectivamente la verdad llegara a las víctimas. Hemos compulsado más de 19.071 copias contra terceros que desde la institucionalidad o civilidad han contribuido con esta guerra por acción u omisión.

Hemos exhumado más de 7.000 cuerpos, de los cuales hemos entregado cerca de 4.000 identificados, a través de la Fiscalía. Los aciertos de Justicia y Paz son la reconciliación, que la reconstrucción del tejido social se dé. En las falencias está que hemos tenido un número muy pequeño de magistrados, de juzgadores, un acompañamiento de muy pocas personas. Se requería casi que duplicarlos para eso. Hemos tenido que enseñarle a la Fiscalía, y aprender la magistratura, cómo se investigaba la criminalidad sistemática, porque empezamos de cero. No somos un experimento, somos un referente y lo digo con honor, más internacional que en Colombia.

Lo he indicado, dentro del Sistema Integral de Justicia, Justicia y Paz debió haber sido parte, por su experiencia y reconocimiento, de estas investigaciones de justicia transicional. Desafortunadamente, la forma de elección de los magistrados de estas salas no permitió lo pertinente y tampoco aconteció con los desmovilizados de las Farc, que no permitieron que Justicia y Paz fuera su juez natural. Hemos establecido responsabilidades corporativas, es decir, empresariales. Se ha ordenado investigar a muchas empresas reconocidas en Colombia, las norteamericanas como Chiquita Brands, que fueron fuente de financiación para estos grupos paramilitares.

Redacción Justicia