Corte ordena al Gobierno crear un nuevo plan de acción para la niñez de La Guajira

La Corte Constitucional le ordenó a la Presidencia y a los Ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente, Agricultura y Hacienda, que presenten un nuevo plan de acción para proteger a la niñez Wayúu luego de que, en 2017, ese alto tribunal declarara la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por falta de garantía de los derechos a la salud, al agua potable y a la alimentación de las y los niños de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.

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La orden había sido dada, como una medida provisional, en mayo de 2022, pero luego de recibir el plan, la Corte consideró que este documento no cumplió los objetivos y los parámetros ordenados y, por eso, ordenó uno nuevo.

Según la decisión, de las 83 acciones propuestas solo 44 fueron asociadas de manera explícita a un objetivo y no se advirtió que dicho plan hubiera formulado índices de goce efectivo de derechos, que permitan el seguimiento al mismo. Tampoco había cronogramas para el cumplimiento de las acciones ni detalle sobre como se iban a destinar cuantiosos recursos.

La Sala de Seguimiento, que tiene el alto tribunal para verificar que la sentencia de 2017 se cumpla, señaló que después de casi cinco años, “las entidades estatales con competencias en la garantía de los derechos de la niñez Wayuu de La Guajira cuentan con funcionarios que desconocen todos los fundamentos que conllevaron a la declaratoria del ECI y las obligaciones que de él se derivan”.

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“Esto no quiere decir que la Sala desconozca que el contexto en el que vive la niñez Wayuu está asociado a sus condiciones materiales de existencia. No obstante, aquel es ampliamente conocido por las entidades estatales y, para dicho escenario, es el que le correspondía y le sigue correspondiendo diseñar y ejecutar acciones tendientes a garantizar el goce efectivo de derechos”, dice el auto firmado por el magistrado José Fernando Reyes.

Además del nuevo plan, la Corte le ordenó a la Consejería Presidencial que remita un Plan integrado y unificado en el que se evidencie una real articulación entre las entidades del orden nacional y territorial, y proponiendo cada una de las acciones con base en los parámetros indicados en el mencionado auto.

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“Las acciones y las actividades que la constituyen deben ser pertinentes, conducentes, útiles y necesarias, es decir, deben ser las propicias, acorde a los requerimientos técnicos de cada área, para conseguir el objetivo planteado. Para ello debe aportarse la información necesaria y organizada que permita su efectiva valoración”, explicó el auto.

Además, se ordenó a la Contraloría que audite la ejecución de los recursos públicos destinados a los proyectos que este tenga y se informará de todo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 2021 dictó medidas cautelares en favor de esta población.

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