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Noticia
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La queja que la defensa de Álvaro ‘El Gordo’ García interpuso ante la Corte Suprema por las declaraciones del presidente Gustavo Petro
La semana pasada el alto tribunal frenó la libertad del excongresista, por un proceso por el delito de desaparición forzada.
Álvaro García Romero, exsenador, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo. Foto: El País Vallenato
El pasado 16 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió boleta de detención contra el exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García Romero en un proceso por el delito de desaparición forzada y pidió al Inpec que el excongresista siga privado de su libertad
Pese a la orden de detención, la Sala de Primera Instancia de la Corte tiene en sus manos resolver una petición de libertad provisional y de sustitución de la medida de aseguramiento que elevó el abogado de García Romero por el nuevo proceso por desplazamiento forzado.
En ese sentido, aunque ya hay una boleta de libertad por su condena por la masacre de Macayepo, y otra boleta de detención por el caso de desplazamiento, la Corte tendrá que pronunciarse sobre la petición de la defensa de García.
En medio de esta disputa jurídica, la defensa del excongresista presentó ante la Corte Suprema una queja y expuso la preocupación por las manifestaciones realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la medida de aseguramiento que pesa sobre García Romero.
La defensa hace referencia a las declaraciones que hizo el jefe de estado en medio de su intervención cuando sancionaba la Reforma Pensional en la Plaza de Bolívar.
“Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”, dijo Petro.
Lo anterior, de acuerdo con los abogados de García, el presidente señaló a su defendido con que “había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder”.
“El mandatario también se refirió a un deseo personal respecto de García Romero: ‘Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo’, expresó con firmeza”, se lee en la queja compuesta de tres páginas y firmada por los abogados Santiago Aguirre y Luis Felipe Aguirre.
En el documento, los abogados del exsenador también manifestaron que el presidente Petro “destacó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje claro contra la impunidad y la violencia política en el país. Según Petro, la Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. ‘Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino’”.
Presidente Gustavo Petro durante la sanción de la reforma pensional Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
La queja
Las declaraciones realizadas por el primer mandatario, según la defensa, los llena de incertidumbre toda vez que podrían sesgar a la opinión pública.
“Preocupa a nuestro poderdante que las afirmaciones lanzadas por el presidente de la República sesguen la opinión pública, como viene ocurriendo, y a su vez, esto sea utilizado como una coerción a las decisiones que debe tomar frente a la Libertad Provisional o Revocatoria de Medida de Aseguramiento que hoy hacen curso en su despacho”, expresaron los abogados.
Y añadieron: “Cabe resaltar, que el discurso rendido por el Señor Presidente de la República se hace a partir de desinformación a la población en general, ya que está enviando mensajes equívocos a la sociedad, ya que le da un alcance a las decisiones de la Corte muy distintas a lo que en buen derecho se trata. Así, pretendiendo hacer carrera política con las decisiones judiciales, donde se atribuye ser testigo directo de hechos que no le constan ni como testigo de oídas, mucho menos como testigo de referencia”.
En relación a lo anterior, los abogados solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia, “un pronunciamiento mediante el cual, se propenda por la protección a la división de poderes, para que no se genere una desinformación a la población en general por medio de interpretaciones de decisiones de la Justicia”.