El reclamo de 255 personas que piden ser reconocidas como exintegrantes de las Farc

Ocho años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las extintas Farc la justicia aún analiza si se habrían dado irregularidades en el primer procedimiento que adoptaron los delegados de la otrora guerrilla: el conteo y la acreditación de los excombatientes que dejarían las armas para reincorporarse y recibir los beneficios del Estado.

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Entre 2016 y el 15 de agosto de 2017 los excomandantes de las Farc acreditaron en listados a 14.110 combatientes que fueron reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para su tránsito a la legalidad. EL TIEMPO conoció que actualmente 255 personas reclaman ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su inclusión en esos listados, con el fin de recibir un eventual perdón judicial para delitos políticos, obtener beneficios jurídicos y los auxilios económicos que se crearon con el Acuerdo de Paz.

Después del escándalo por la aparición de seis de narcotraficantes colados en los listados de las Farc (Olindo Perlaza, Álver Pineda, José Límber Valencia, Milton Polivio, Edison Washington Perlaza, Juan Carlos García) y la exclusión formal de 371 personas que aparecieron en las listas sin haber pertenecido a la guerrilla, la responsabilidad en la acreditación de los excombatientes quedó en la Jurisdicción Especial para la Paz, según dispuso la Corte Constitucional en su sentencia sobre la Ley Estatutaria de la JEP.

"Actualmente se encuentran en trámite 255 solicitudes de acreditación, presentadas por personas que alegan haber pertenecido a las FARC EP, las cuales se encuentran en la revisión y análisis respectivos por parte de los despachos", advirtió la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP a EL TIEMPO, Sala que ya ha itido a 30 nuevos nombres en los listados de las Farc y que ha rechazado otras 33 solicitudes.

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La mayoría de solicitantes ante la JEP se encuentran en los departamentos de Arauca, Tolima, Meta, Cundinamarca, Caquetá y Casanare. Otros cinco están en cárceles del país. Uno registra con domicilio en Panamá. En las cuentas de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz -ANFAP-, serían más de 900 los excombatientes que están solicitando su acreditación. "Son muchos más, uno no explica por qué quedaron por fuera. En Cómbita hay un compañero que sacaron de la lista por no haber aceptado un capricho. Hoy se sigue aplicando la discriminación entre los compañeros", declaró César Tamayo, presidente de ANFAP.

La falta de inclusión en los listados no es un asunto menor teniendo en cuenta las dificultades económicas que han empujado a algunos colombianos a delinquir o a regresar a las armas. Recuérdese que todo excombatiente que se allanó a la paz recibió una bonificación única de dos millones de pesos, una renta mensual durante dos años, a educación, salud y otros servicios esenciales y en algunos casos dinero y tierras para proyectos productivos.

"El proceso mío lleva cinco años en la JEP, he tenido que entutelar, mandar derechos de petición para ser reconocida y este es un derecho que me corresponde. Fui a la cárcel a los 19 años condenada por diferentes delitos. A mí me han perjudicado hartísimo, tengo persecuciones laborales. Todo el mundo dice es que usted es, usted es. ¿Y dónde está mi reconocimiento entonces?", declaró Linderia Gil, conocida en la insurgencia como 'Marcela 21'.

"¿Quién me ampara a mí?. Yo soy madre cabeza de familia, tengo un problema de salud muy delicado. Llegará tanta la agobia y llegará tanto el momento en el que yo decida coger el camino de las armas como mamá, como persona, como mujer. Porque para usted comer se necesita plata, no es fácil que a uno un hijo le diga ¿qué hay para comer?", agregó Gil, de cuya historia hablaremos más adelante.

Consultamos con la JEP qué ha ocurrido en estos casos. ¿Por qué más de 200 colombianos solicitan su inclusión en los listados? "En la mayoría de los casos argumentan que el comandante Farc encargado de hacer los listados no los quiso incluir por no reconocerlos, o por considerarlos desertores, o por considerarlos enemigos de las Farc por haberse desmovilizado con anterioridad al acuerdo de paz. A algunos incluso les dijeron que las listas ya estaban completas", respondió Adela Parra, subdirectora de Planeación de la JEP.

"Algunas mujeres indican que estaban embarazadas y fueron enviadas a Venezuela", agrega Parra. Otros excombatientes alegan que fueron amenazados por paramilitares, o por el Eln, o que no se acreditaron porque sintieron miedo o estaban en cárceles para el momento en que se construyeron las listas. Otros advierten que por desorden de los encargados se excluyó a muchas personas.

"Unas personas indican que se acercaron y con engaño fueron retirados del punto de agrupamiento y no fueron incluidos. Unas personas indicaron que se encontraban en la clandestinidad. Uno de ellos incluso se había fugado del recinto carcelario en el que estaba (...) Algunas personas dicen que delegados de las Farc les solicitaron dinero para incluirlos en las listas", agrega la JEP.

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Sobre las alegaciones relacionadas con supuestas venganzas o cobros consultamos con Pastor Alape, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación por parte del partido Comunes, quien negó conocer la existencia de esas irregularidades. "Hay unas situaciones concretas de gente que no se presentó porque no creía inicialmente en el acuerdo, tenían muchos miedos de que fueran a asesinarlos y otros que los comandantes no tenían claridad de cuándo se había retirado la persona de las filas. Otros casos son de personas que habían caído presas. También había un protocolo y no se podía incluir a gente que estuviera por fuera sin suficiente claridad del bando en el que estaba, pues se podía filtrar gente que no fuera firmante", expresó Alape.

Linderia María Gil, de 43 años, y conocida en la insurgencia como Marcela 21 por su trabajo en el Frente 27 de las Farc del 'Bloque Oriental', reclama la acreditación como excombatiente. Gil fue condenada por rebelión y por porte de armas privativas de la fuerza pública. Asegura que fue explosivista en la organización y que fue reclutada forzosamente a sus 15 años. A sus 19 llegó a la cárcel, de la que ha salido dos veces, la última en el año 2008.

"Soy una mujer campesina, a mí la vida desde niña me ha golpeado. Primero con una violación en mi casa. A los 15 años fui ingresada a las Farc, de ahí para acá la vida dentro de la organización. Después de la organización piso la cárcel y no ha sido fácil. Sin familia porque la familia dice que no quiero nada con usted porque usted es guerrillera. Toda mi vida me ha tocado sola. Tengo un hijo de 15 años. Estando en la cárcel yo pierdo a mi compañero, él no quería volver más a la organización. También pierdo a mi hijo mayor dentro de la cárcel. Y el Estado todavía no se ha pronunciado frente a eso", cuenta la mujer.

Según Linderia, que creció en Piñalito, Meta, su oposición a ciertas disposiciones de las Farc provocaron su exclusión de los listados.

"Una de las cosas por las que a mí me excluyeron es por haber reclamado el por qué el comandante del frente hizo lo que hizo con mi papá. Si mi papá tenía sus hijos en la guerrilla ¿por qué le ponen una mina a mi papá y lo vuelven nada?. Cuando yo entro a reclamar por qué le hicieron eso, eso fue un problema para mí", relata Gil sobre un atentado contra su padre, que habría ocurrido en octubre del año 2003.

Gil cuenta entre lágrimas que está contemplando su regreso a las armas por la situación tan dura que atraviesa. "Usted me mira a mí buena de patas y manos pero internamente estoy mal, psicológicamente estoy mal, y si yo estoy mal, imagínese usted los demás combatientes". 

Ana María Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET