Los alcances del fallo de la Corte Constitucional que reguló el uso de Inteligencia Artificial en la justicia

La Corte Constitucional, en agosto pasado, exhortó a los jueces y funcionarios de la Rama Judicial para que utilicen con criterios éticos, con responsabilidad y transparencia, las herramientas de la Inteligencia Artificial 'IA' en alusión a un caso concreto con la plataforma Chat GPT.

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Dentro de su decisión el alto tribunal solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, la alta corte responsable de la istración del poder judicial, a que a más tardar en cuatro meses “divulgue una guía, manual o lineamiento en relación con la implementación de la IA generativa en la Rama Judicial, especialmente en cuanto al uso de la herramienta ChatGPT, regulación que deberá ser acorde con los aspectos establecidos en esta providencia y, en particular, con lo dispuesto en su fundamento jurídico”.

En virtud de esa orden, la presidenta del Consejo, magistrada Diana Remolina, emitió una guía a modo de ABC, donde se fijan los lineamientos con la implementación de la IA generativa en la Rama Judicial.

De acuerdo con la Corte, la sentencia que contó con la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, se dio luego de revisar un fallo de tutela de segunda instancia de un juzgado laboral del circuito, en el que el juez utilizó la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT para “extender los argumentos de la decisión adoptada” en una sentencia en la cual decidía sobre materias relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de una persona diagnosticada con trastorno de espectro autista - TEA.

“Se revisó una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, para dilucidar si quien emitió la decisión sobre el caso de estudio fue un juez de la República o una IA (en concreto ChatGPT 3.5) y si la decisión en sede de tutela fue debidamente motivada o fue producto de alucinaciones y sesgos generados por la IA”, señaló la alta Corte.

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte “reconoce que aún no existe una definición única y universalmente aceptada de IA”. Sin embargo, en términos simples, la Corte considera que “se trata de sistemas que tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno en el que están inmersos y así emprender acciones, con algún grado de autonomía, a efectos de alcanzar objetivos específicos”.

En su decisión, la Corte consideró que el uso de la IA “tiene el potencial de mejorar el bienestar de los funcionarios públicos de la Rama Judicial y de los ciudadanos que hacen uso de este servicio”, pues permite que la prestación del servicio judicial sea más eficiente y eficaz.

Resaltó que la herramienta sirve para la “gestión istrativa y documental”, el apoyo a la función / gestión judicial y la corrección y síntesis de textos, “siempre y cuando estos sean supervisados por el operador jurídico para determinar su precisión, coherencia y correcta aplicación”.

Respecto al uso de IA para la emisión de providencias y la toma de las decisiones judiciales, “no puede ser usada para sustituir ni reemplazar labores jurisdiccionales indelegables e irremplazables, como son el razonamiento lógico y humano que es competencia de cada juez para interpretar los hechos, valorar las pruebas, motivar y adoptar la decisión”.

“La utilización de estas tecnologías no reemplaza la labor esencial que se le ha atribuido al funcionario judicial, consistente en conocer y resolver de fondo el asunto para el cual fue investido de competencia. Si la decisión judicial es tomada por una IA, sin valoración y determinación por parte de un juez, será inválida y se quebrantará el derecho fundamental al debido proceso”, señaló el Consejo en su publicación.

En la guía, la alta Corte se planteó la pregunta: “¿Cuáles son las condiciones o cargas que debe cumplir un juez que decida emplear herramientas de IA en la toma de decisiones?”.

A lo que indicó: “Teniendo en cuenta que es posible el uso de la IA como apoyo a la emisión de providencias y toma de la decisión judicial, el funcionario judicial que encuentre necesario y pertinente recurrir a sistemas de IA debe Emplearlos de manera razonada y ponderada. Esto supone un enfoque de protección de derechos fundamentales, que valore y considere las mejores prácticas, así como la aplicación de criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores”.

Ahora bien, la no existir un marco regulatorio de la IA en el país, indicó la Corte que, hasta que se expidan lineamientos institucionales específicos en la Rama Judicial, “los funcionarios y empleados deben aplicar los parámetros precisados por la Corte Constitucional en la sentencia, en caso de que se utilicen las herramientas de IA para sus funciones y, en especial, para la emisión de providencias”.

Redacción Justicia