El derecho disciplinario moriría en manos de jueces penales: magistrado José F. Reyes

La primera conferencia de este 24 de noviembre en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, organizado por la Procuraduría, fue la liderada por la exconsejera Rocío Araújo Oñate, y los magistrados de la Corte Constitucional José Fernando Reyes y Juan Carlos Cortés, con la moderación del periodista Juan Roberto Vargas. 

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La llegada de ambos togados al debate de si la Procuraduría tiene facultad para sancionar a elegidos por voto popular es importante porque ellos fueron los ponentes de la sentencia C-030 de 2023, que le mantuvo al órgano de control esa facultad de apartar a los elegidos en las urnas, adicionando una revisión automática en el Consejo de Estado.

La coyuntura fue que el presidente Gustavo Petro, quien ha sido crítico de que la Procuraduría tenga ese rol, volvió a referirse al tema este jueves, al afirmar que "no se pueden quitar derechos políticos sino por sentencia de juez penal", haciendo alusión a que un tribunal tumbó la tutela que permitió la inscripción del alcalde electo de Santa Marta Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana.

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La primera intervención en la conferencia de este viernes la hizo la exconsejera de Estado Rocío Araújo, quien abrió el panorama diciendo que "lo que ha hecho la Corte Constitucional es tratar de hacer compatible la Constitución con lo que ha señalado la Corte IDH, desatendiendo obviamente ese tenor literal de que se requiere un juez penal, y más bien ha inclinado, y esa es la interpretación que hago de la sentencia, uno de los elementos de la copiosa jurisprudencia de la Corte IDH, ha escogido como método el principio finalístico, no el exegético, de tal manera que de una forma conciliatoria ha podido la Corte armonizar esos textos".

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Después el micrófono fue para el magistrado José Fernando Reyes, quien hizo alusión a que el profesor Jaime Orlando Santofimio, a quien ira, dijo hace un mes que la Corte Constitucional "se pasó por la faja el principio de convencionalidad", pues cree que esto significa jerarquía y hay una relación de obediencia, "pues esto no funciona así cuando hay un principio que se llama la supremacía constitucional. Aquí no defendemos a la Procuraduría, defendemos la Constitución".

Para el togado caldense, el ministro Néstor Osuna puede discutir este tipo de temas, pero cuestionó su postura porque dice tener un video en el que el funcionario del Gobierno comenta que en Colombia rige la Convención por encima de la Constitución: "yo la dosis personal de derecho constitucional la perdí cuando escuché al profesor Osuna diciendo eso. Me va a tocar rematricularme cuando termine mi mandato constitucional".

Mientras que Juan Carlos Cortés afirmó que debe mantenerse esa función de la Procuraduría de destituir e inhabilitar a electos en las urnas cuando se deba hacer, haciendo referencia a que la discusión viene desde mucho antes y el tribunal constitucional ha sido claro en sus posturas .

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Rocío Araújo Oñate trajo a colación que algunos consejeros de Estado se han negado a conocer procesos resaltando, básicamente, que la Procuraduría no puede arrebatarle un derecho político a un elegido por voto popular. 

En esa línea planteó que "si es el momento de que cambie la interpretación de bloque de constitucionalidad, entonces nos vamos a convertir en jueces de convencionalidad en Colombia de manera autónoma, creo que sería abandonar una tradición en Colombia (...) porque entonces todo tendría que reconducir a que se elimine el derecho disciplinario y solamente subsista el penal".

Ese debate al interior del Consejo de Estado sobre qué se hará para unificar una postura deberá darse, según ella, el próximo año, porque cree que aunque hay una mayoría de magistrados que se acogen a lo dictado ya por la Corte Constitucional, hay otros que no. 

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Reyes, por su parte, indicó que la muerte del derecho disciplinario sería si los procesos sobre sanciones a elegidos por voto pasan a jueces penales, quienes ya tienen muchos expedientes encima sobre homicidios y estafas; por lo que no les interesará conocer de casos como los que protagonizan congresistas haciendo actos indebidas en una ciudad, o adentro de un carro.

"Con el Presidente hoy en funciones, un señor muy dispuesto, vamos a hacer una agenda de diálogo en la mesa en 2024, bajo mi presidencia. También he agendado en mi presidencia un diálogo con la Sala Laboral de la Corte Suprema, tenemos muchas discrepancias; y por supuesto con la Sección Segunda y Quinta del Consejo de Estado, vamos a tomarnos en serio lo del diálogo judicial", concluyó Reyes.

En su cierre, aprovechó para resaltar que un gobierno de izquierda y de los nadie que no propicie que la institución que luche contra la corrupción sea potente, "es una contradicción en los términos, porque la corrupción es el cáncer de todas las políticas públicas".

Mientras que el magistrado Cortés cerró con que la sentencia C-030 de 2023 tiene una particularidad, ya que es el caso por el que por primera vez la Corte se pronunció contra el Estado colombiano.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49