Los millonarios pagos ilegales de la red asociada al senador Mario Castaño

Solo en un contrato, de al menos 50 que se habrían amañado de manera ilegal, el senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez se habría apropiado de 14.000 millones de pesos. Fue un convenio que la gobernación del Chocó firmó con una licorera en el que se involucró de manera indebida una red criminal que se destapó en marzo pasado con la captura de diez personas y la compulsa de copias contra el congresista.

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La gravedad de los hechos denunciados sobre cómo la red habría ganado más de 43.433 millones de pesos no impidió que Castaño fuera reelegido para su tercer periodo en el Congreso con 68.315 votos apenas días después, cuando ya la Corte Suprema de Justicia lo había llamado a indagatoria.

La investigación, que arrancó por el delito de concierto para delinquir, se fue ampliando de tal manera en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, que rápidamente se sumaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada. Y por ello, como no pasaba desde los tiempos de la ‘parapolítica’, cuando salía del Congreso el pasado 7 de junio, Castaño fue capturado.

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A diferencia de otros procesos en los que la Corte permite que el procesado rinda su indagatoria libre, la Sala de Instrucción advirtió que mantener a Castaño en libertad era un “riesgo inminente”, dado que tanto él como sus asociados y subalternos podrían alterar las evidencias que aún faltan por recaudarse. Entre otros motivos, dijo la Corte, porque la red de la que el senador sería su principal cabeza “no se ha desmantelado del todo”.

En este caso se investiga cómo la red se aprovechaba de los llamados cupos indicativos, es decir, de las asignaciones presupuestales que recibe cada departamento y que son dirigidos por un congresista para exigir millonarias tajadas.

Fuentes de la investigación le dijeron a EL TIEMPO que los integrantes de esa red cobraban entre el 8 y el 10 por ciento de cada contrato o proyecto.

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Se trata de contratos amañados que se habrían cumplido, entre otros, en Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas y estaban relacionados con la construcción de obras tales como canchas sintéticas, pavimentación y placas huella. La Fiscalía le puso la lupa a una adjudicación de la comercialización del Aguardiente del Chocó, a obras para atender una emergencia vial en Villamaría, Caldas; a la construcción de un parque en Nuquí, a obras en Manizales y hasta una interventoría de un proyecto energético en Boyacá.

En el caso del senador Castaño, la Corte Suprema enfatizó en un proyecto denominado ‘Sacúdete al parque’, del Ministerio del Interior, uno para canchas sintéticas del Ministerio del Deporte, de proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y otro para la construcción de vías terciarias y/o placas huellas con recursos del Departamento istrativo para la Prosperidad Social.

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Y la red, según dijeron fuentes a este diario, tenía además el poder económico para pagar millonarias coimas y así poder quedarse con el control de contratos que luego significarían cuantiosos beneficios ilegales para sus integrantes: pagaron, entre 2017 y 2022, cerca de 21.000 millones de pesos.

Las pesquisas apuntan a que la red, tras la intermediación de Castaño, se desplegaba a través de empresas e ingenieros que formulaban proyectos con todo lo necesario para poder acceder a contratos en diversas entidades, aceptando cualquier tipo de oferta que pudieran, a cambio de dádivas.

En marzo fueron detenidos los hermanos y contratistas Santiago y Claudia Marcela Castaño Morales; Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planeación de Manzanares; Wilmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, así como Alejandro Noreña Castro, señalado de exigir coimas.

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Igualmente, fueron detenidos Yeiler Javier Sánchez Moreno y Harvis Arturo Rentería Rivas; el contratista Jhon Alexánder Sánchez, conocido como el ‘Pato’; una mujer llamada Daniela Ospina y la comunicadora Lorena Cañón Reyes.

La Fiscalía les endilgó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada. Y, como EL TIEMPO reveló, a Cañón la Fiscalía le imputará además el delito de lavado de activos tras documentar que la mujer se habría encargado de mover los dineros correspondientes de las actividades ilegales.

Esto se estableció por comunicaciones interceptadas en las que se habla de la entrega de dinero y de hacer pagos para acceder a nuevos contratos. Cañón habría hecho gestiones indebidas ante los ministerios de Salud y del Interior y al parecer cobraría para conseguir donaciones de mercancías decomisadas por la Dian.

El modus operandi de la red, en todo caso, según las pesquisas, sería liderado por el senador Castaño, conforme las conversaciones interceptadas por las autoridades. Por ejemplo, en una se escucha a Santiago Castaño hablando con Juan Carlos Martínez, quien es considerado ‘el hombre del maletín’ de este proceso y quien tiene una orden de captura vigente, señalado de ser la ficha clave del senador para hacer os con ministerios y entidades estatales para gestionar contratos.

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En la conversación del 3 de junio de 2021, Martínez le deja claro a Santiago que el que manda e impone porcentajes de posibles rentas ilícitas es el senador al hablar sobre una adición de 2.000 millones de pesos que le habrían dado al ‘Pato’ por un contrato de pavimento de Pácora, pero con precios viejos. Martínez dice que para el 8 de junio siguiente estaba fijada una reunión y señala expresamente que el senador “ordenó darle el 3 % al ‘Pato’ y que este habría autorizado que Santiago recibiera todas las partidas relacionados con estadios.

Y Martínez cuenta a su interlocutor cómo el senador le había “regalado” un punto porcentual por un contrato de alumbrado, que al parecer sería en Chía, en el que Castaño habría intentado comprar un 17 por ciento de este, pero solo obtuvo un siete por ciento. Y ese punto que le dieron era por 2.500 millones de pesos mensuales por 20 años. Por eso, Martínez le dice a Santiago Castaño “nos va a ir bien” y que tenían otra interventoría por unos 1.000 millones de pesos en Balboa, más otro negocio de La Merced, Caldas.

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Solo en esa llamada se hizo referencia a otro contrato por 18.900 millones de pesos del cual les iba a quedar un “billete” importante, y que por otro de 1.400 millones de pesos, cada uno podía recibir 100 millones de pesos, entre otros.

Para la Corte Suprema, solo la forma de hablar hace “patente el grado de subordinación de los hablantes respecto del aforado y el involucramiento de un conjunto de personas en varias actividades sostenidas en el tiempo y respecto de las cuales se tienen expectativas a futuro”.

Desde la apertura de investigación contra Castaño, la Sala de Instrucción ha estado muy interesada en el rol que ejerce en este entramado criminal Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien aparece vinculado al 35 por ciento de las interacciones encontradas en más de tres mil llamadas interceptadas por la Fiscalía.

Odontólogo de profesión, fue gerente entre septiembre de 2018 y marzo de 2020 de Assbasalud, empresa social del Estado en Caldas. Según la entidad, este hombre es el principal enlace con el senador Castaño y con los intermediarios o lobistas.

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“Negociador o mediador de prebendas entre los representantes legales de las entidades territoriales, secretarios de despacho y funcionarios de istraciones municipales y los contratistas seleccionados para la adjudicación aparentemente irregular de los proyectos”, señala un documento del ente investigador.

Por ello, la Corte Suprema solicitó un informe detallado de las labores de Martínez, con detalle de sus vinculaciones laborales, y si tiene otras investigaciones y si ha tenido relación con el partido liberal.

En una de las llamadas interceptadas, Martínez le explica al senador Castaño que ya había hablado con el alcalde de Piendamó para una reunión y el congresista le habla de ‘meter’ a una persona en una Contraloría y pensar bien quién podría ser, para que luego le represente votos.

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Esta red, según la Fiscalía, alcanzó a obtener 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Para la Corte, estas llamadas evidenciaron la existencia de reuniones con funcionarios del orden regional para presuntamente interferir en asuntos de la competencia de alcaldes.

Y otras comunicaciones revelarían que el senador tendría bajo su control los proyectos desarrollados por los entes públicos y la manera en que fluían las ‘comisiones’ a su favor. Una de esas llamadas fue el 31 de mayo de 2021 en la que Martínez le cuenta a una persona llamada ‘Nacho’ que Castaño lo encargó a él para que viabilizara proyectos, por ser su mano derecha, entre otros.

Tras pasar tres noches detenido en el búnker de la Fiscalía, Castaño fue trasladado el viernes para que rindiera indagatoria, que es la oportunidad procesal que él tiene para dar sus explicaciones sobre los graves hechos que se le endilgan. Aunque la diligencia no se hace bajo juramento, la forma como respondió Castaño se vuelve clave de cara el futuro de este proceso judicial.

La diligencia se inició el viernes en la tarde y tras terminar ayer, ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, se ordenó su traslado a la cárcel La Picota. Ahora, la Sala tiene cinco días calendario para definir su situación jurídica y señalar si lo mantiene preso, lo cual va de la mano con si se podrá posesionar como senador el próximo 20 de julio.

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Los congresistas tienen ocho días para presentarse, y si eso no sucede, el Senado debe informar al Consejo de Estado para que se inicie un proceso de pérdida de investidura. Si Castaño no se posesiona, su defensa incluso puede pedir que el caso pase a la Fiscalía por pérdida de fuero, pero el alto tribunal tendrá que analizar si los hechos que se investigan están relacionados con su actividad como congresista o no, lo cual le permitiría mantener las pesquisas.

De lo que suceda dependerá igualmente el futuro de su curul para el Partido Liberal, pues, de ser hallado culpable de estos hechos de corrupción, se aplicaría la figura de la ‘silla vacía’.

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Castaño enfrenta además un proceso de extinción de dominio de los bienes que adquirió con dinero que sería ilegal.

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 21 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y un establecimiento de comercio que le pertenecerían en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).

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Aunque en principio el valor de estos se calculó en 5.000 millones de pesos, fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que ese valor ya asciende a los 13.000 millones de pesos.

Los bienes estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista.