Las pruebas que ordenó la Corte tras llamar a indagatoria a Mario Castaño

EL TIEMPO conoció los detalles de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación formal en contra del senador Mario Alberto Castaño Pérez y llamarlo a indagatoria por presuntamente liderar una red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos.

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La decisión de 16 páginas, contiene elementos claves sobre la presunta participación de Castaño en una red de corrupción que, en el marco de la asignación de los cupos indicativos, exigía el pago de un porcentaje según el proyecto o contrato, y la adjudicación de contratistas previamente señalados por el grupo ilegal.

Este caso inició por una compulsa de copias de la Fiscalía que apunta a Castaño como líder de la organización que habría tenido injerencia principal en cuatro proyectos. Uno llamado ‘Sacúdete al Parque’ del Ministerio del Interior y otro para la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte.

Igualmente, hay varios proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y uno más para la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento istrativo para la Prosperidad Social.

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La Corte ordenó a la Fiscalía remitir copias de todos los informes de policía judicial que describen la estructura criminal y los roles desarrollados por cada miembro que la integra, así como su identificación y el detalle de los proyectos, convenios, contratos y operaciones relacionadas con éstos.

Al Congreso se le pidió reportar el listado de personas que han hecho parte de la unidad técnica legislativa del congresista Castaño Pérez, con discriminación de los cargos y periodos de vinculación con dicha unidad.

Y se le pidió que informe detalladamente las vinculaciones legales o profesionales de prestación de servicios de Juan Carlos Martínez Rodríguez, asesor de Castaño, quien está involucrado en este caso y no ha sido capturado.

De hecho, se le pidió al partido liberal que informe si Martínez Rodríguez “tiene o ha tenido algún vínculo laboral o contractual con esta organización política”.

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También se le pidió a la gobernación del Chocó que remita el convenio interistrativo suscrito en el año 2020 con la Industria Licorera de Caldas, uno de los cuales está en la mira también de la Fiscalía, por presunto pedido de coimas, de entre 15 y 20 millones de pesos, anuales, por 15 años por la prórroga.

La Corte ordenó al CTI de la Fiscalía para que en 20 días verifique si Castaño tiene más procesos abiertos, así como establecer los datos académicos, profesionales y laborales de Juan Carlos Martínez Rodríguez y las demás personas que son objeto de imputación por la Fiscalía.

La investigación cuenta con varias interceptaciones de comunicaciones sostenidas entre Castaño Pérez y personas involucradas en la red, en las que se hablan de los porcentajes anuales a los que se haría el senador por maniobras ilegales para, por ejemplo, la prórroga del contrato de licores del departamento del Chocó.

En una del 24 de enero de 2021, Castaño le cuenta a su asesor Juan Carlos Martínez que está con una mujer llamada Betty y le pide que le diga como es el 'cuento' con el Gobernador del Chocó. Martínez cita a Castaño y le dice que la prórroga le dejaba entre 15 a 20 millones por año, por 15 años.

En otra Castaño le ordena a Martínez que ‘traiga gente’ porque tienen mesas técnicas en Pereira ‘con los del Ministerio’, y le pide que hable con uno de sus muchachos y los tenga listos.

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Según la Corte, también hay comunicaciones que se refieren a organizar e interferir en asuntos de la competencia de alcaldes municipales.

Así quedó consignado en comunicación del 3 de febrero de 2021 en el que se habla de una reunión con el alcalde de Piendamó y se habla de ‘meter’ gente’ en la Contraloría por un suelo de 13.5 millones de pesos, por lo que la persona que se eligiera tenía que poner ‘voticos’.

Según el auto de la Corte, en otras conversaciones se pone de manifiesto que el senador Castaño supuestamente tiene bajo su control los proyectos desarrollados por los entes públicos ya aludidos, contando para ello con el encargado de ejecutar sus órdenes, Juan Carlos Martínez.

En una llamada, Martínez le cuenta a una persona conocida como ‘Nacho’ que Castaño lo encargó para que le viabilizara los proyectos, ya que es su mando derecha, y que ese trabajo le va a permitir terminar de pagar la hipoteca del consultorio y una casa y Martínez le confirma que Castaño le da un porcentaje de todos los proyectos que viabilizan.

Una llamada del 27 de diciembre de 2021 entre Santiago y Marcela Castaño habla sobre los anticipos de un contrato con la Unidad de Gestión de Riesgo en Manizales en los que se habrían quedado corte de dinero porque Mario Castaño habría pedido “1.200” millones de pesos.

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Santiago Castaño habla de que en un contrato de pavimento en Dos Quebradas Castaño habría solicitado un 7 por ciento del total. Y también dice que en una fiducia quedaron 500 millones de pesos para que los vaya sacando para pagar cosas y señala que faltan 100 millones para completarle la plata al senador.

Igualmente, en otra de las escuchas en la que Juan Carlos Martínez conversa con Santiago Castaño se advertiría el presunto liderazgo del senador Castaño en la red criminal, dentro de la cual impartiría órdenes acerca de porcentajes de posibles rentas ilícitas, así como directrices sobre la forma de distribución y ejecución de actividades contractuales cooptadas por los involucrados.

Según la Corte, es claro que había un grado de subordinación de los hablantes respecto de Castaño. Así, Martínez le dice a Santiago que le dieron una adición de 2.000 millones de pesos para un contrato de pavimento de Pácora pero con precios viejos.

En la comunicación también quedó registrado que como Castaño está bravo con ‘el Pato’, ordenó que le dieran el 3 por ciento a este y que mejor ese contrato lo ejecutara su grupo de trabajo. Además, Martínez dice que se hicieron tres contratos por 1.400 millones de pesos cada uno y que el senador le ordenó que cogiera dos y que otro lo hacían en Chocó.

En la comunicación, Martínez dice que está feliz y se habla de no comprar carros con la plata sino que, más bien, la pusieran a producir. Más adelante, el asesor dice a Santiago Castaño que el senador le regaló “un punto (de) una cosa de un alumbrado” que en principio habría comprado un 17 por ciento del contrato, pero que solo le dieron el 7 por ciento.

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Ese punto, dijo Martínez, equivale a 2.5 millones de pesos “mensuales durante 20 años”. Y siguen hablando de otros contratos y porcentajes en Caldas del cuales tendrían comisiones.

Según el auto de instrucción, hay otra comunicación que da cuenta del presunto direccionamiento de procesos contractuales relacionados con la construcción de estadios en los municipios de Alcalá, Villamaría, Aguadas y Piendamó, en los que se aspira que sea escogido “a dedo” Santiago Castaño, como contratista, gracias a la intervención de Juan Carlos Martínez.

En igual sentido, esa conversación da cuenta del presunto rol de Juan Carlos Martínez como subordinado y encargado de ejecutar las órdenes del senador Castaño Pérez en la estructura delincuencial, además de ser emisario de sus mensajes para garantizar a los demás integrantes de la red de corrupción que se quedarán con un porcentaje de considerable cuantía de los contratos.

La conversación en mención es del 3 de junio de 2021. Martínez le dice a Santiago Castaño que ese año les iba a ir muy bien porque iba a salir la resolución para ese proceso contractual y ya tenían 18.900 millones de pesos y le dice que el senador ‘le ordenó que ejecutara todos los Estadios’.

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Otras conversaciones apuntan a que Santiago Castaño tenía como rol interferir, siguiendo órdenes del senador, en los procesos de contratación para direccionar la selección de los contratistas que también integrarían la estructura criminal.

En una conversación, dijo la Corte, se hace manifiesta la obligación de los contratistas de entregar un porcentaje del valor del contrato al senador Castaño Pérez, a modo de coima, en el marco del presunto acuerdo ilícito previamente realizado.

Para la Sala de Instrucción, todos los elementos aportados bastaban para concluir que hay prueba suficiente para prescindir de la fase preliminar y, en cambio, dar paso a la fase formal del proceso penal en contra del senador, razón por la cual abrió la instrucción y lo llamó a indagatoria.

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@AlejaBonilla