El Consejo de Estado itió para su estudio una demanda que presentó el senador Miguel Uribe Turbay en contra de una decisión que tomó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de modificar el manual de funciones y competencias laborales de esa cartera.
La demanda va dirigida específicamente en contra de la resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 que modificó los requisitos que se necesitan para poder ser nombrado director de oficina en el Ministerio, incluyendo carreras que antes no se contemplaban como antropología, artes liberales, diseño y teología y afines.
Esa resolución también permite nombrar como asesores del Despacho a profesionales graduados de antropología, artes liberales, diseño, bibliotecología, licenciatura en artes y literatura, filosofía o ingeniería de alimentos. Según la demanda, esas no son profesiones afines a la competencia del Ministerio y por eso se pidió su nulidad.
Previo a radicar la demanda, Uribe Turbay solicitó al Ministerio explicar cuántos funcionarios había de libre nombramiento y remoción en los cargos de directivos y de asesor y solicitó las hojas de vida de estas personas, para determinar en la demanda que estas tendrían profesiones no compatibles con el Ministerio de Minas.
El recurso asegura que las modificaciones al manual citado deberían ser hechas en pro del bien común y cumpliendo el deber de planeación y los principios que rigen la función pública, buscando el mejoramiento de la entidad, cosa que, en criterio de Turbay, no se cumplió por cuanto la ministra Vélez habría inaplicado indebidamente las normativa que permite estos cambios.
La demanda insiste en que no habría relación entre las nuevas profesiones incorporadas en la modificación hecha al Manual de Funciones y el correcto cumplimiento de las funciones destinadas legalmente al Ministerio de Minas y Energía.
Y apunta a que no se busca discriminar las carreras mencionadas, ni la diversidad que las distintas profesiones ofrecen al sector público, sino solo de advertir que se debe guardar coherencia y congruencia en la toma de sus decisiones, incluyendo el nombramiento del personal.
La demanda fue itida en el despacho del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas quien dio traslado al Ministerio y la Procuraduría para que se pronuncien sobre el tema y sobre la petición de suspender o no, de manera provisional, la resolución mientras se estudia de fondo la demanda.
@JusticiaET
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