Ante la Corte Constitucional, el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo su primera audiencia sobre la crisis humanitaria de la niñez wayúu en el marco del seguimiento que realiza al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con los derechos a la alimentación, a la salud, al agua potable de esa población asentada en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, La Guajira.
El alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, dijo que el gobierno reconoce el ECI y señaló que se está asumiendo con seriedad el cumplimiento de la sentencia, por lo que ya se hicieron varias sesiones de coordinación en el territorio.
“Si no somos capaces de cambiar condiciones y traerle agua al pueblo wayúu, la gente podrá decir que el cambio no existió en Colombia
“Si no somos capaces de cambiar condiciones y traerle agua al pueblo wayúu, la gente podrá decir que el cambio no existió en Colombia y que nuestro gobierno fracasó. Por ello asumimos con absoluta seriedad. El señor presidente de la República no solo ha venido dos veces ya a La Guajira desde su posesión, venimos a hacerle un seguimiento con todas las autoridades indígenas y también tuvimos un consejo de ministros en donde se definieron acciones muy puntuales”, dijo.
Velasco indicó que ya se construyó una ruta metodológica y que el Gobierno quiere construir una propuesta, en la medida que las comunidades estén de acuerdo, que se denomina ‘Agua por regalías’.
“Es una inversión que plantearemos con la principal actividad económica de exportación de la zona, el carbón, para que las regalías que vayan a ser pagadas, a cambio de entregar los dineros, entreguen unas obras que se pacten con la comunidad y las autoridades. Se estaría hablando de una inversión superior a los 400 mil millones de pesos y esperemos que se pueda concretar", dijo.
Velasco aseguró que eso sería solo para una zona y que con otros recursos directos se atenderían otras. "El plan de acción el Gobierno lo tiene listo, estamos presentándolo. No lo hemos hecho desde una oficina fría de Bogotá. Hemos construido las propuestas con la comunidad", insistió.
La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, dijo que tienen como misión garantizar 20 litros de agua potable diarios para el pueblo wayuu y que hay varios factores a enfrentar: la baja disponibilidad hídrica de la media y alta Guajira, la dispersión de la comunidad y "que las inversiones que se han realizado no han sido sostenidas".
La ministra dijo que se han hecho varias reuniones con la comunidad que ha manifestado cómo cada gobierno abandona las inversiones realizadas por el anterior.
"Tenemos un reto y son los sistemas de gestión comunitaria del agua, conocido como 'Guajira Azul' (del gobierno de Iván Duque), que es de pilas públicas. Tenemos 13 pilas en ejecución y seis con diseño próximo a iniciar. Es una obligación del Ministerio y vamos a mantener la ejecución", señaló.
La ministra Velasco señaló que esas pilas no bastan para completar la tarea de "atender de manera urgente y perentoria y garantizar el derecho al agua" de la población y señaló que la provisión de emergencia de agua pasa por conversar con las comunidades de manera extensa.
"Yo he estado en cinco ocasiones en la conversación en la planeación sobre las acciones a seguir y hemos encontrado una expresión que se repite, que hay un 'cementerio de infraestructura de agua'. La mejor forma de enfrentar la urgencia es hacer un inventario de la infraestructura existente dispuesta (en el departamento) y luego decidir las mejores maneras de mantenerla y realizar el fortalecimiento. Es decir: inventariar, rehabilitar, mantener y garantizar el acogimiento y sostenimiento comunitario de la infraestructura".
Han muerto 60 niños por desnutrición
El Estado Nación debe concurrir, organizar la prestación de servicios pública y privada en el territorio y que los niños tengan atención inmediata sin que medie autorización: MinSalud
A su turno, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo a la Corte Constitucional que este año han muerto 60 niños en La Guajira por desnutrición, de los cuales 52 estaban en los cuatro municipios focalizados en la sentencia: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
"Hemos adelantado un proceso de concertación con las autoridades locales para tener en el territorio equipos interdisciplinarios conformados con médicos tradicionales, palabreros, trabajadores sociales, antropólogos, médicos occidentales, para la búsqueda activa en el territorio de los niños y niñas con problemática de salud y de desnutrición aguda para canalizarlos al sistema de salud para su atención inmediata", dijo.
Corcho dijo que, en su criterio, esto evidencia que el modelo de aseguramiento de las EPS y las IPS tal y como está configurado en la normatividad ordinaria del país "no pudo dar respuesta. Dado que el Estado colombiano gira recursos a las EPS para que se ocupen de responder esta problemática y para poder hacer la debida búsqueda e identificación de niños y niñas y ofrecer la atención oportuna, esto no se dio, por tanto, se tiene que plantear algo alternativo".
"En ese sentido, el Estado Nación debe concurrir, organizar la prestación de servicios pública y privada en el territorio y que los niños tengan atención inmediata sin que medie autorización, barreras de o aspectos burocráticos que hoy vulneran el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos pero aún más en La Guajira", señaló al tiempo que dijo que hay una infraestructura deficitaria en salud en el departamento.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo a su turno que para 2022 las diversas entidades que tienen acciones directas por desarrollar en los municipios cuentan con un presupuesto de 24 billones de pesos, de los cuales, una vez se haga la concertación con las comunidades, se destinarán.
"En 2023 entra con 20 billones de recursos de inversión", dijo al indicar que son el DPS y el ICBF los que tienen los mayores recursos.
@JusticiaET
Lea más noticias de Justicia