Policía tuvo que romper asedio de más de 5 horas al Palacio de Justicia

Por más de cinco horas, los magistrados de las altas cortes y centenares de empleados y funcionarios judiciales estuvieron retenidos en el Palacio de Justicia. Decenas de manifestantes, muchos de ellos de la guardia indígena, se apostaron por las entradas de la calle 12 y la carrera 8.ª para impedir, por la fuerza, su salida de la máxima sede de la justicia colombiana.

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La violenta situación –varios de los que intentaron salir del Palacio fueron agredidos– solo cedió cuando policías antimotines abrieron el paso en medio de los golpes, los insultos y papas bomba.

Ese fue el inédito epílogo de las marchas convocadas por sindicatos y fuerzas políticas cercanas al presidente Gustavo Petro para tratar de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera en la sesión de ayer a la sucesora de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación.

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Tras dos rondas de votación, ninguna de las tres ternadas alcanzó los 16 votos necesarios. La nueva ronda de votación quedó para el 22 de febrero, y una vez conocida esa noticia empezó a gestarse el que la misma Corte Suprema llamó “bloqueo violento e ilegal”.

“La Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”, señaló el magistrado Gerson Chaverra, presidente del alto tribunal.

“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, añadió Chaverra.

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Y agregó: “La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.

Todas las cortes coincidieron en esa exigencia al gobierno del presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional, a través de su saliente presidenta, la magistrada Diana Fajardo, reiteró el respeto por la protesta, pero llamó la atención sobre “la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”.

“El Estado de derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes”, advirtió a su vez el Consejo de Estado.

En la misma vía, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expresó su rechazo “con firmeza los actos y manifestaciones de violencia, así como cualquier clase de presión y bloqueo en contra de las instituciones del Estado y de los poderes públicos, en particular de la Rama Judicial y sus ”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que los violentos fueron, supuestamente, infiltrados y ordenó a la Policía establecer quiénes eran.

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El grueso de las marchas, que respondían al llamado que hizo el presidente Petro el viernes pasado, cuando habló de una supuesta ‘ruptura institucional’, se dirigieron inicialmente hacia el búnker de la Fiscalía. Esa concentración, de no más de 500 personas, se disolvió antes de mediodía.

Pero la que llegó hasta la Corte, inicialmente de unas pocas personas, entre ellos niños de comunidades indígenas, empezó a coger fuerza después de la noticia de que no hubo humo blanco para la nueva fiscal.

A las 11:30 de la mañana se dio la primera escaramuza de un pequeño grupo de personas que intentó ingresar al Palacio de Justicia y sobrepasar las barreras de seguridad que se habían instalado desde el miércoles en los alrededores de la edificación.

La situación fue subiendo de tono y en un hecho inédito en las elecciones de fiscal o en otras decisiones de las cortes, se bloquearon los s del tribunal, se llegó a impedir el ingreso de comida al lugar e incluso se reportó a través de la Procuraduría que un funcionario de la Rama Judicial resultó lesionado cuando trató de salir a la calle. En el pasado, frente a discusiones sobre temas tan complejos como el aborto se habían realizado protestas frente al Palacio, pero nunca se llegó a los bloqueos ni a la violencia.

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Eso cambió ayer. Así lo resumió una de las funcionarias judiciales retenidas: “Fue un día muy duro para la justicia. No pudimos salir durante horas del Palacio. Al final tuvimos que salir escoltados por una línea de policía por el mismo sector por donde salieron los sobrevivientes de la toma y la retoma del Palacio en 1985. Un triste recuerdo que se revivió este jueves”.

Redacción Justicia

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