Por escándalo de la UNGRD, Corte Suprema abre investigación formal a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, anunció este martes 5 de noviembre la apertura de una investigación formal en contra de los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por el escándalo de corrupción registrado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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El proceso se da por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros y reposa en el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán Molina. 

Cuando la Corte abrió en mayo pasado la indagación señaló que se le daba apertura al proceso por las declaraciones que había entregado Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD y Olmedo López. 

Recordemos que la Fiscalía en una de las audiencias señaló que López “coordinó la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de mil millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien para entonces era el presidente de la Cámara, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento istrativo de la Presidencia de la República, Dapre”.

A través de un comunicado, el alto tribunal señaló que la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos.

“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez”, señaló la Corte.

Para el alto tribunal, los legisladores “se habrían comprometido”, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, “a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”.

“Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023”, explicó la Corte en su comunicado y añadió: “La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación”.

Explicó la Corte que la decisión se da luego de verificar que se cumplen los requisitos “para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la istración pública”.

Igualmente, “se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas”.

Redacción Justicia