La escandalosa red de corrupción que tiene a excongresista a un paso de prisión

En una diligencia reservada realizada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Roberto José Herrera, del partido Alas Equipo Colombia (2010-2014), aceptó que usó su cargo para interferir en la contratación en los departamentos de Magdalena y Bolívar y que se alió con al menos 14 contratistas y particulares para, a través de ellos, hacerse de millonarias sumas de dinero que incrementaron su patrimonio de manera ilegal por más de 11.000 millones de pesos.

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Para la Sala de Instrucción, está más que probado que Herrera fue el articulador del esquema criminal, desviando y haciendo un uso abusivo de sus funciones, lo cual fue la razón para ordenar inicialmente la captura de Herrera y dictarle una medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

EL TIEMPO revela los detalles del turbio entramado en el que, de manera similar al caso del senador liberal Mario Castaño, detenido por liderar una red de corrupción en Caldas, Herrera echó mano de los cupos indicativos a los que tiene derecho los congresistas, para hacer gestiones indebidas ante el Invías, Fonade, Coldeportes y el Ministerio de Vivienda para obras en Pivijay, Salamina, El Pinón, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pino en Magdalena, y para Cicuco en Bolívar.

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Con los dineros listos, los contratistas Pedro Ramón Laza Bula, José René Pérez Abdala, Alberto José Daza Lemus, Leonardo Jalil David Ordosgoitia, Manlio Rolando Vizcaya Méndez y Jhon Jairo Eljadue López, participaban como únicos proponentes, en consorcios o uniones temporales, en las licitaciones.

Y de los anticipos de las obras o los emolumentos causados contra entrega de los porcentajes de la construcción, se depositaron o transfirieron dineros al entonces congresista Herrera Díaz o se compraron bienes o servicios a este. La Sala de Instrucción dice que fue todo un pacto delictivo, derivado de la distinguida posición en la sociedad que tenía el procesado ya que sus gestiones sí llevaron a la apertura de procesos contractuales.

El expediente contra Herrera, quien ahora será condenado y podrá ser beneficiado con una rebaja de pena por aceptar cargos, envuelve 15 contratos celebrados por diferentes municipios del Magdalena con el Invías entre 2012 y 2016 para el mantenimiento de obras secundarias y terciarias, así como convenios firmados entre ese departamento y Bolívar con Coldeportes, Fonade y Aguas del Magdalena.

Igualmente, el expediente cuenta con un informe técnico contable realizado en abril de 2018 que arrojó un aumento patrimonial por justificar de Herrera, entre 2011 y 2015, de 11.211’088.255 pesos y un documento de la Dian que evidenció que solo en 2014 ese aumento fue de 1.100 millones de pesos. Los análisis fueron complementados en 2019 con un estudio de trazabilidad financiera que mostró que Herrera recibió consignaciones por 1.786 millones de pesos de contratistas de obras en Córdoba; 350 millones de pesos de contratistas del Cesar; y 888 millones de pesos de Bolívar (específicamente de Mompox).

Además, se reseñan dineros recibidos hasta de personas que pertenecen al Sisbén y otras de personas que estaban en su propia Unidad de Trabajo Legislativo por 26’380.000 pesos. Y se encontraron interacciones financieras entre Herrera y las empresas Autogermana y General de Equipos de Colombia S.A. (Gecolsa). De hecho, para la Sala de Instrucción fue clave la información que se pudo revisar de otro expediente que envuelve a Herrera: el escándalo del desfalco libranzas de Elite que sigue en investigación.

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Por ejemplo, hay detalles de la posible participación de Herrera en dos empresas en liquidación y llamaron la atención transacciones realizadas con ocho personas que trabajaban en empresas relacionadas al esquema de libranzas y unas que él se hizo a sí mismo por 842 millones de pesos. El reporte relacionado al caso Elite dice que entre 2013 y 2015, el procesado aumentó su patrimonio líquido un 166 por ciento.

Una de las transacciones sospechosas para la UIAF fue un movimiento del 15 de julio de 2014 que hizo Pedro Ramón Laza Bula, representante de la Unión Temporal PC, que canjeó un cheque en efecto por 1.345 millones de pesos girados por el municipio de El Piñón para una obra de mantenimiento de la vía Palma del Vino-Las Pavitas, y, luego, ese mismo día, hizo múltiples consignaciones a otras personas, incluida una a Herrera por 50 millones de pesos. Entre lo llamativo se destaca que Laza Bula no usó su nombre para esa transacción, sino que la hizo a nombre de ‘Pedro Gutiérrez’.

La investigación realizada por la Corte Suprema incluyó un informe de trazabilidad sobre el destino de los anticipos de algunos de los contratos citados que mostró como el dinero llegó a, través de diferentes empresas, a manos de Herrera. Por ejemplo, la Unión Temporal Polideportivo 2015 recibió 1.111 millones de pesos para una obra, De los cuales 200 millones fueron girados a Distrias S.A.S. De ese dinero, 97 millones fueron destinados a la empresa H&M S.A.S de propiedad de Herrera, específicamente a la finca Macondo o La Radiola en Pivijay y a un local comercial en el municipio.

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Se hicieron interceptaciones a Delvis Medina Herrera (exesposa de Herrera), José Pérez Abdala (su contador), Diana Monsalve Prada (esposa de Pérez), Elizabeth Pérez Abdala y a Laza Bula y, este último, en agosto de 2021 dijo que le compró a Herrera dos carros de alta gama, un BMW X5 con 130 millones de pesos y una camioneta Prado XV por 150 millones de pesos, y dijo que las transacciones sospechosas realizadas fueron, supuestamente, para cubrir estos pagos

De las conversaciones interceptadas a Laza Bula y el excongresista Herrera, la Corte señaló que hubo menciones relevantes sobre la contratación pública y de reuniones con alcaldes que en su criterio deben ser investigadas y, por eso, compulsó copias a la Fiscalía. De otro lado, la investigación dice ambos se reunieron por primera vez en 2011 en el Congreso y por lo menos otras ocho veces e indica que incluso, el contratista fue quien terminó pagando una deuda del congresista con una joyería por un reloj Rolex Yatchmaster de 34’800.000 pesos que este adquirió a plazos y dejando un cheque de garantía pero que, al final, no pagó por lo que la dueña de la tienda, según su declaración, acudió a Lazo.

También indica que Herrera se reunió en el Congreso con Carlos Rafel Curiel, secretario de Planeación de Salamina y el del alcalde de ese municipio José Rafael Scopetta, lo cual, para la Sala no fue fortuito pues su ocurrencia coincide con la gestión de Herrera para obras. Así, la Sala dijo que hay dos momentos claves del plan criminal: uno por el rol directivo de Pedro Ramón Laza como persona de confianza para contratos de 2012 y 2013; y otro en el rol de José René Pérez Abdala desde 2014 que habría implicado un cambio en el manejo o la distribución d ellos recursos del entramado.

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En el expediente hay 23 transacciones entre Laza Bula, los hermanos Pérez Abdala, Diana Monsalve Prada y empleados de los dos primeros por 1.786’600.000 pesos desde 2014. Y hay evidencias, basadas en interceptaciones, de que se crearon coartadas falsas para justificar las transacciones que tuvo Herrera Díaz con los testigos, por lo cual la Sala compulsó copias a la Fiscalía para investigarlos por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y falso testimonio.

Por ejemplo, se reseñó cómo Laza Bula dijo primero a la Corte que no tuvo ningún vínculo comercial con Herrera y luego, confrontado con las consignaciones encontradas dijo primero que le había proveído unas materias primas y luego intentó llenar los vacíos de su declaración, dijo la Corte, sin éxito. De hecho, la Sala de Instrucción tiene pruebas de que hubo un intento de encubrir las cosas como mensajes de texto entre Herrera y su exesposa Delvis Medina. En uno de estos se llega a decir que hay unos millones recibidos en 2014 de un giro que no tienen como justificar y luego otros sobre la supuesta compra de varios carros.

De hecho, la Sala cree que el negocio con una de las camionetas reseñadas, una BMW X6M, nunca sucedió y que su mención en el caso se habría hecho como parte de un acuerdo criminal entre el procesado, su exesposa y una de las testigos para inducir en error a la justicia y entorpecer la investigación, de lo cual tienen mensajes de texto interceptados en los que se habla de “cuadrar” a la testigo Esmeralda de la Cruz Gamarra.

Por esa razón, la Sala compulsó copias a la Fiscalía para que la investigue, al igual que a la exesposa de Herrera y su abogado Gilberto Rondón. De otro lado, el alto tribunal dijo que sí hay pruebas de que hubo un patrón de conducta en los contratistas pues el depósito de los 50 millones de pesos con otro nombre no fue el único que se hizo de esta manera y, para el momento en que estaba la investigación, antes de que Herrera aceptara cargos la Sala no había podido esclarecer la veracidad de quienes realizaron 18 consignaciones por casi 900 millones de pesos.

La Sala dijo entonces que Herrera trató inútilmente en su indagatoria inicial de justificar muchos de esos dineros mediante negocios ficticios, como compras de carros o compraventas de ganado cuando, en realidad lo que pasó fue que contratistas estatales le hicieron las consignaciones como forma de compensación por sus gestiones. E indicó que hay evidencias de que se intentó ofrecer dinero a funcionarios de la Fiscalía de la Nación y el CTI con la finalidad de obtener resultados favorables en investigaciones en su contra en curso.

Se trata de mensajes entre Herrera y su exesposa en la que hablan de la necesidad de reunirse con una fiscal de nombre Karen Manotas para obtener la preclusión de una investigación que al parecer tenía a su cargo en un tema que denominaron ‘los Vaqueros’ y que sería perjudicial para ambos.

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Uno de esos mensajes, del 8 de junio de 2019dice que al parecer la Fiscal habría aceptado dirigir la investigación en su favor y que preveía que las contrapartes en el asunto la iban a denunciar, por lo que necesitaría dinero para pagar su defensa. “Yo creo que efectivamente 600 es mucho, pero esta es la que tiene el bolígrafo y por eso te pido que hables con Farid y a través de él puedas llegar a un acuerdo mejor”, dice el mensaje enviado por Delvis Medina a Herrera.

Por esa razón, la Corte compulsó copias para que se investiguen las actuaciones que hayan estado a cargo de la fiscal en las que hubieran estado relacionados a Herrera y su exesposa. Y también pidió que se investigue los hallazgos de una interceptación del 10 de junio de 2019 en la que Herrera habla con un amigo de nombre Hernando sobre una persona, Cesar Augusto Parra, quien al parecer laboraría para el CTI y tendría encomendando por su jefe hacer una labor sobre el procesado.

ALEJANDRA BONILLA MORA

Redacción Justicia

En Twitter: @AlejaBonilla