Proceso contra excomisionado por falsa desmovilización, con los días contados

La justicia estaría a punto de perder una carrera contra el reloj para lograr una sentencia en la investigación por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc, que se cumplió el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima).

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Este diario estableció que el abogado de uno de los procesados pidió audiencia para solicitar la prescripción del caso y el juez fijó la diligencia para el próximo 14 de octubre. Ese día intervendrán todas las partes y el despacho tendrá que decidir si ya se ha cumplido el plazo razonable para que la justicia se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia de los ocho procesados.

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En su momento y tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe, se presentó la desmovilización del comando de las Farc como un duro golpe a la guerrilla.

Sin embargo la investigación de la Fiscalía dice que a la zona en la que se realizó el proceso, con la presencia de altos funcionarios del gobierno nacional, llegaron 62 personas que fingieron hacer parte de un grupo de la guerrilla que se desmovilizó pero que en realidad habían sido llevadas al lugar dos meses antes para darles entrenamiento y que pudieran pasar como curtidos integrantes de las Farc. La desmovilización habría sido financiadas por un narcotraficante y respaldada por oficiales del Ejército y funcionarios del gobierno nacional.

Diez y seis años después, la investigación por las irregularidades que pusieron ante la justicia al excomisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, a dos coronel del Ejército y a cinco civiles, entre ellos Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo el supuesto comandante del grupo que se desmovilizó, podría terminar por decisión de un juzgado especializado de Bogotá.

En la más reciente actuación en el proceso el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una controversia por las pruebas que serían usadas en el juicio y lanzó una voz de alerta por la prescripción de los delitos investigados.

“Ante la dilación que presenta este caso dada la actitud de las partes y el escaso control para evitar la demora por parte de quien lo dirige, realidad que viene abriendo paso a la prescripción de la acción penal de varios de los delitos imputados, en detrimento de la istración de justicia, se dispondrá oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura para que vigile este asunto y de ser necesario disponga medidas que eviten mayores demoras. Se oficiará a la Procuraduría General de la Nación en el mismo sentido”, se lee en una decisión conocida por EL TIEMPO y firmada por una Sala de decisión del Tribunal de Bogotá.

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El magistrado Juan Carlos Arenas señaló en la audiencia que el proceso va para 11 años y apenas está en etapa preparatoria de juicio lo que “llama la atención y alarma sobre la posible prescripción de la acción penal” por lo que aclaró se pidió una intervención para saber qué está sucediendo en el proceso y que se tomen medidas como por ejemplo acudir a la descongestión para que el juzgado especializado que tiene el proceso pueda destinar más tiempo a las audiencias y avanzar más rápidamente. Añadió que le corresponderá a la judicatura definir si se abren investigaciones por la demora en el proceso.

“Las partes deben colaborar para que avance el proceso, que avance el juicio por el bien de la istración de justicia”, puntualizó el magistrado Arenas.

Durante la audiencia Mildred Hartmann, abogada del excomisionado Restrepo, y Majer Abushihab, defensor del coronel Hugo Castellanos, dejaron constancia de que en los más de 10 años del proceso no han pedido ningún aplazamiento y han asistido cumplidamente a todas las diligencias.

A pesar de eso el proceso ha estado lleno de tropiezos hasta el punto que han pasado 10 años tras la imputación de cargos, no se ha iniciado el juicio, y con el tiempo han ido prescribiendo los delitos.

Por ejemplo al excomisionado Restrepo, quien está fuera del país, se le imputaron los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En abril de 2022 el juzgado decretó la prescripción de los cargos de fraude procesal y prevaricato por acción por los que ya no podrá ser procesado.

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El juzgado del caso llegó a citar audiencias un sábado de enero para poder agilizar el trámite del proceso pero ese día los abogados de Restrepo y otros procesados interpusieron recurso de apelación sobre algunas de las pruebas decretadas y el caso se fue al Tribunal de Bogotá en donde estuvo hasta el 1 de agosto.

Fuentes cercanas al caso señalaron que sobre la prescripción hay dos hipótesis: la primera señala que cumplidos 10 años ya están vencidos los términos para juzgar a todos los procesados y se tendría que dar por concluido el proceso. Y la otra señala que para los funcionarios, es decir el excomisionado y los dos coroneles en retiro, se les podría aplicar una extensión de tres años más con lo que la justicia tendría otros dos años para terminar el juicio. La decisión quedará en manos del juez.

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