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Amenazan a magistrados de la JEP y colaboradores del proceso de paz en Santander

Los panfletos amenazantes son firmados por las ‘Águilas Negras’.

Instalaciones de la JEP en Bogotá.

Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto: JEP

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Las autoridades investigan panfletos amenazantes que se han conocido en varios municipios de Santander en los cuales se amenaza a ex combatientes de las Farc desmovilizados, defensores de derechos humanos, abogados y otras personas que colaboren con el proceso de paz, incluidos magistrados de la JEP.
Estos panfletos aparecen firmados por las ‘Águilas Negras’ y en ellos se advierte que hay una “sentencia de muerte” en contra de ellos.
Si bien repetidamente las autoridades han reiterado que no se tiene registro de la existencia como tal de un grupo armado ilegal que se llame ‘Águilas Negras’, sino que este es un alias que distintas personas o grupos han usado para ocultar sus amenazas, las alertas están prendidas.
El defensor regional del pueblo para Santander Rodrigo González Márquez, en diálogo con Blu Radio, rechazó las amenazas y pidió a las autoridades esclarecer la veracidad del panfleto.
También sostuvo que los grupos armados no pueden generar zozobra en las comunidades, “qué tan cierto es el panfleto o no, las instituciones encargadas lo dirán, lo que nosotros tenemos que hacer como Defensoría y como entes de control es prevenir”, indicó.
Además, hizo un llamado a las autoridades para que protejan a quienes son objeto de amenazas y se garantice la seguridad y la vida de estas personas.
“Tenemos que tratar de cobijar a esas personas que salen referenciadas en el panfleto y la invitación también es a denunciar cualquier tipo de conducta que sientan que les puede vulnerar, denuncien, las autoridades están allí y hay incluso unidades especiales para las personas que denuncian amenazas de este tipo”, concluyó González.

No es la primera amenaza contra magistrados de la JEP

De izquierda a derecha: la procuradora Carmen Giovana Restrepo, el magistrado Alejandro Ramelli, y el magistrado auxiliar Hugo Escobar.

De izquierda a derecha: la procuradora Carmen Giovana Restrepo, el magistrado Alejandro Ramelli, y el magistrado auxiliar Hugo Escobar. Foto:JEP

En cualquier caso, esta no es la primera vez que amenazan a magistrados de la JEP o a personas que estén colaborando con este tribunal de justicia transicional.
En mayo el magistrado Alejandro Ramelli, relator del caso por 'falsos positivos' en Dabeiba, recibió una corona fúnebre y un mensaje amenazante en su contra y contra su magistrado auxiliar Hugo Escobar, quien, de hecho, no pudo asistir a la audiencia del 27 de junio en Dabeiba por motivos de seguridad, ya que a comienzos del mes pasado, en un encuentro de preparación realizado en Medellín, el carro en el que se movilizaba fue atacado, al parecer, con un disparo.
Además, tan solo en ese caso hay más de 12 personas, entre magistrados y funcionarios de la JEP, abogados, testigos y comparecientes, que han sido amenazadas o recibido ataques.
Las amenazas contra estas personas en este subcaso son tan graves que fueron condenadas por distintos sectores a nivel nacional y hasta por el secretario general de la ONU en un informe que presentó al Consejo de Seguridad de esta entidad.
En este informe, que es sobre los hallazgos de la misión de verificación de la ONU en Colombia, se lee: "la Jurisdicción Especial para la Paz emitió en mayo una declaración en la que condenaba las amenazas presuntamente proferidas por el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) contra dos magistrados que trabajan en las investigaciones en Dabeiba. Las amenazas fueron denunciadas ampliamente, entre otros por el presidente Petro y por el Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión. El grupo armado negó toda implicación. Además, la Misión recibió información según la cual, desde el inicio de las investigaciones en Dabeiba, 13 personas habían sido amenazadas, entre ellas magistrados, víctimas, abogados y acusados, y un testigo había sobrevivido a un intento de asesinato".
Al final del documento, el secretario general António Guterres reiteró: "condeno enérgicamente cualquier amenaza y acto de violencia contra los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas, los comparecientes en sus casos y todos los demás actores que participan en la labor fundamental de la Jurisdicción Especial". 
Y añadió: "No puede haber duda de los muchos dividendos que ha generado el proceso de paz de Colombia, pero el trabajo de construcción de la paz está lejos de haber terminado. Deben hacerse los máximos esfuerzos para preservar y ampliar estos logros tan arduamente conseguidos. Las Naciones Unidas seguirán apoyando y acompañando a las colombianas y los colombianos en este empeño".
En Twitter: @JusticiaET

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