Así funcionó la ‘máquina’ de secuestros de las Farc en Tolima y Huila

El secuestro de niños, de adultos mayores y de policías, para forzar extorsiones y canjes, hacen parte del historial de horror que dejó a su paso el antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las Farc, una de las más pequeñas unidades que tuvo la guerrilla -en su punto máximo fueron 1.180 combatientes- pero también de las más claves no solo para el surgimiento mismo de la insurgencia sino en el plan que tuvo de tomarse Bogotá.

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Además de decenas de tomas guerrilleras en el sur de Tolima, Huila y Quindío, así como desplazamientos forzados, desapariciones, uso de minas antipersona, y atentados a civiles, en la historia de este comando están arraigados los secuestros con una eficiencia tal, que sus tácticas fueron copiadas por otras estructuras.

Fue por esto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en un auto de determinación de hechos y conductas a 10 de sus antiguos mandos por crímenes de guerra y de lesa humanidad ligados a la privación de la libertad de personas a las cuales convirtieron, como uno de los comparecientes le dijo a la JEP, en una especie de “animales de finca” que podían comprarse o venderse por un precio.

Además de los secuestros, también se les imputó por homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.

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En el subcaso del CCC que la JEP abrió dentro del macrocaso 01, sobre secuestros, hay acreditadas 155 víctimas, de ellas, 64 fueron víctimas directas. Entre esos, la jurisdicción, surgida del acuerdo de paz para juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en el conflicto, determinó que en 26 secuestros el fin de la privación de la libertad fue económico, y en 27, fue por control territorial; también hay 8 casos en los que no se pudo determinar el fin. Además, 17 víctimas murieron en cautiverio y hay 12 víctimas que aún están reportadas como desaparecidas.

Pese al reducido tamaño del CCC, comparado con otras estructuras de las Farc, tuvo un rol particular en cómo la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros en todo el país. Esto porque con sus seis frentes rurales, tres columnas, dos compañías, tres comisiones, una escuela y una unidad generó una eficiente y sofisticada máquina de secuestros para poder cumplir con las cuotas de dinero que el Secretariado de las Farc exigía de todas sus unidades.

Además, como el CCC estaba ubicado en zonas con pocas economías ilícitas de las que aprovecharse, las extorsiones y los secuestros fueron su principal modo de financiación, adoptando comisiones de cobro diferenciadas para los arroceros, los cafeteros, el sector de servicios públicos, entre otros, y teniendo una coordinación en la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que tenía una "nómina" (listado) identificando personas y empresas que debían aportar una ‘tasa’, o ser secuestrados como penalidad.

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Esa nómina era tan específica que incluía cuál frente estaba a cargo de determinadas personas para tratar de ‘asegurar’ que una misma unidad no estuviera extorsionando y secuestrando doblemente a la misma persona. Este tipo de listados fueron emulados por otras estructuras de la guerrilla a lo largo del país.

“El CCC desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro. Cuando no se pagaban las cuotas, o cuando necesitaban más dinero, recurrían a privas de la libertad a las personas a las que venían cobrando, así como a otras formas violentas de presión como amenazas de muerte, quemas de fincas y bombas contra bienes civiles”, se lee en el auto de imputación de la JEP.

En el extenso expediente hay información como que en 1997 el 60 por ciento de los ingresos del CCC fueron por secuestros extorsivos; además, un estado financiero de ese comando señala que en el 2000 la unidad tuvo ingresos por 3.700 millones de pesos, de los cuales el 40 por ciento era por secuestros, el 37 por ciento por “otros impuestos” y 21 por ciento por extorsiones al café y el petróleo.

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Además, la JEP encontró que el CCC tenía una tasa de negociación con bandas criminales locales a quienes prometían un porcentaje del dinero pagado por el rescate de sus víctimas, dependiendo de su nivel de colaboración con el secuestro.

“El Comando Conjunto manejó inclusive una tasa de negociación en la que pagaban el 5 % del dinero de los rescates a bandas cuando estas aportaban información ‘útil’ para las privaciones de la libertad, que se podía extender al 15 % cuando la banda participaba de alguna manera en el plagio, o máximo 20 % cuando la banda tenía toda la capacidad para hacer la inteligencia financiera y entregar a la persona secuestrada a la guerrilla”, dice el auto.

Y aunque en el Comando y su Comisión Manuelita Saénz perfeccionaron tácticas de lo que llamaron ‘inteligencia financiera’ para determinar a quién secuestrar, no fueron pocos los casos en los que esas indagaciones los llevaron a secuestrar personas que en realidad no tenían la cantidad de dinero que ellos estimaban.

Una de las modalidades de secuestro que estudió la JEP fueron los que tenían un fin de control territorial, en los cuales están los casos de 27 personas plagiadas por considerarlas presuntas colaboradoras de la Fuerza Pública o de los paramilitares.

En estos casos los comparecientes han reconocido que la información sobre los civiles que consideraban ‘sospechosos’ era en muchas ocasiones poco detallada, lo que llevó a secuestros y hasta asesinatos sobre la base de rumores, de hecho, itieron que entre el 70 y el 80 por ciento de la información que recibían estaba basada en comentarios.

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Otro de los patrones por los que la JEP realizó su imputación fueron los secuestros con fines económicos, de los cuales hay 26 casos registrados, algunos fueron de niños para presionar a las familias a pagar cuotas, ese fue el caso de los menores Alejandro y Óscar Varón, plagiados cuando iban a su colegio en un taxi. También secuestraron a adultos mayores como Samuel Rada Prieto, quien tenía 77 años cuando lo secuestraron y murió en cautiverio.

Además, los exguerrilleros han itido que en los últimos años del conflicto, cuando el comando iba en repliegue, se cometieron muchos secuestros con inteligencia financiera errada en los que se privó de la libertad a personas que no tenían dinero, pero a quienes mantenían secuestrados incluso después de saberlo.

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Entre esos casos está el de Luz Mery Eslava, de 65 años de edad, quien fue plagiada en noviembre de 2001 y a su familia le exigieron inicialmente 2.000 millones de pesos por su liberación; luego de que la guerrilla corroboró que ni ella ni su familia tenían esa plata, “le fueron exigidos 50 millones de pesos, supuestamente cobrándole por los alimentos que había consumido en el cautiverio”, se lee en la imputación.

El tercer patrón que analizó la JEP fue el secuestro de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública para usarlos como ‘monedas de cambio’ e intentar forzar canjes de guerrilleros presos.

Se tiene registrado el secuestro de nueve policías bajo esta lógica, a quienes mantuvieron secuestrados por periodos que fueron de algunos meses a hasta 8 años, en condiciones degradantes en las que incluso permanecían con amarres, atados a palos, o encerrados en jaulas de dos metros de ancho.

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Pese a la importancia que tuvo el CCC, fundado en 1993, y a la ubicación estratégica que mantuvo en el Cañón de las Hermosas, hoy en día son pocos los comparecientes que sobreviven, unos 150, pues la mayoría murió en combate con la Fuerza Pública.

De los sobrevivientes, pocos tenían posiciones de mando, es por esto que la imputación versa sobre 10 personas: Luis Eduardo Rayo, alias Marlon; Enoc Capera Trujillo, alias Giovanni, Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, alias Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva Soto, alias Erick o El Chivo; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’; Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo’; Álvaro Henner López, alias Jhon Jairo Paz o JJ; y Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald.

Estos comparecientes ya han reconocido ante la JEP 35 de los 64 secuestros endilgados y ahora, tras la imputación, tienen 30 días hábiles para reconocer, o no, el resto de sus crímenes e identificar la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.

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Ese mismo periodo de tiempo les dio la JEP para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas sobre las víctimas que aún no han podido ser halladas.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad, pueden recibir una sanción propia, que va de 5 a 8 años de restricción de derechos, fuera de la cárcel, y trabajos de reparación. Pero si no reconocen su culpa y son vencidos en juicio, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

MARÍA ISABEL ORTIZ

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