Los 'falsos positivos' en Dabeiba por los que exmilitares reconocieron responsabilidad

Por más de 25 años, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, permanecieron enterrados no solo los cuerpos de 49 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales, sino la historia de cómo diferentes unidades militares, en distintos periodos de tiempo, asesinaron a campesinos a los que señalaron de auxiliadores de la guerrilla; a personas vulnerables como habitantes de calle o jóvenes desempleados, a quienes llevaban bajo engaños de ofrecerles un trabajo; y a personas puestas fuera de combate, como desmovilizados a quienes, en vez de presentar al sistema penal, ajusticiaban ellos mismos.

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Estos crímenes permanecían en la impunidad pues ni la justicia ordinaria, ni la justicia penal militar, ni Justicia y Paz habían investigado el horror que se ocultó en este camposanto y en otro cementerio de Ituango, Antioquia.

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Pero estos hechos están ahora más cerca de ser juzgados, y un paso clave fue una audiencia que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 27 de junio, en Dabeiba.

Allí, ante las víctimas, representantes de Naciones Unidas, altos funcionarios del Gobierno, magistrados de la JEP y la sociedad en general, más de 20 exmilitares reconocieron sus delitos en un ejercicio no solo de verdad, sino también de restauración. Así mismo, el 29 de junio, en la Terminal del Norte, de Medellín, se hará otra diligencia en la que se reconocerá la memoria de víctimas que fueron trasladadas bajo engaños desde esta ciudad hasta Dabeiba, donde encontraron su muerte.

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Esta no es la primera audiencia de reconocimiento de verdad que realiza la JEP, pero sí es la primera sobre un caso donde la verdad es completamente nueva y donde no solo hablaron los máximos responsables imputados por la JEP —8 militares—, sino también aquellos que no fueron imputados como máximos responsables, pero que también tuvieron responsabilidad en los hechos —17 exmilitares—.

Dentro de la JEP, el caso representativo de Dabeiba es el primer caso conjunto, pues allí confluye la investigación del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’ en el país, y el macrocaso 04, que se encarga de la violencia en la región del Urabá.

Y este caso además tuvo un inicio atípico: nunca hubo ningún informe de víctimas ni de la Fiscalía presentando información sobre los crímenes ni solicitando su priorización, no había tampoco informes oficiales o documentos operacionales, porque fueron destruidos.

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Este expediente comenzó con la declaración del sargento en retiro William Andrés Capera Vargas, un exmilitar que también responde por ‘falsos positivos’ cometidos en Huila y quien, en una declaración sobre su accionar en ese departamento, le contó a la JEP que antes de llegar a Huila, incurrió en los mismos delitos en Antioquia.

Al comienzo, más allá de su declaración, la JEP no tenía ninguna otra información para contrastar lo que él estaba confesando, pero decidió investigar y hacer una primera diligencia en el cementerio Las Mercedes, encontrando que efectivamente en los puntos señalados por el compareciente estaban los cuerpos de personas desaparecidas.

En varias prospecciones solo de este cementerio municipal, la Jurisdicción Especial para la Paz terminó por recuperar 49 cuerpos, 11 de los cuales ya pudieron ser identificados y entregados a sus familiares.

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En el proceso, más militares fueron vinculados al caso y uno por uno —con excepción de dos— comenzaron a itir sus crímenes, contando cómo lo hicieron, dónde estaban enterradas las víctimas, con quiénes se aliaron para los crímenes, la forma en la que destruyeron documentos con evidencias, y hasta a quiénes asesinaron para ocultar las pistas de que allí habían enterrado a ‘falsos positivos’.

De hecho, una de las víctimas en este expediente es un militar, el subteniente Jesús Javier Suárez Caro, quien fue asesinado por sus propias tropas en medio de un combate por negarse a participar en los crímenes y para generar terror en el Batallón de Contraguerrillas n.º 79 (BGC 79), al cual pertenecía, e intimidar también a quienes quisieran oponerse a la actuación criminal.

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Bajo esa misma lógica, los comparecientes reconocieron el asesinato de personas como sepultureros, quienes sabían dónde estaban inhumadas varias de las personas asesinadas.

En la imputación que en julio de 2022 hizo la JEP contra los 10 máximos responsables de estos hechos se detalla cómo fueron los crímenes y los tres patrones macrocriminales que siguieron.

En términos generales, la investigación encontró que en su inmensa mayoría, las víctimas eran hombres jóvenes, con edades entre los 20 y los 35 años de edad, y muchos de ellos en alguna situación de vulnerabilidad.

Frente a los patrones macrocriminales, el primero fue por un conjunto de homicidios perpetrados contra desmovilizados, así como contra civiles señalados previamente como auxiliadores o milicianos, en medio de un prejuicio insurgente contra los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005.

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Estos homicidios ocurrieron en un contexto de alianzas entre uniformados y grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, por ejemplo, se consiguió información sobre las dinámicas del conflicto con comandantes del bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las Auc, como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

El segundo patrón son homicidios repetitivos de civiles solo para presentar mayores resultados operacionales, entre 2005 y 2007. Las víctimas muchas veces fueron traídas bajo engaño desde Turbo, Medellín y otras ciudades.

El tercer patrón fue por asesinatos y desapariciones en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante muchos años —el primer crimen esclarecido data de 1982 y los demás casos promedian los 20 años—, que se cometieron para encubrir los otros homicidios ilegales e impedir la identificación de esas víctimas.

Por todos estos hechos fueron imputados uniformados que eran integrantes del Batallón de Contraguerrillas n.º 26 Arhuacos (BCG 26), del Batallón de Contraguerrillas n.º 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79) y la Brigada Móvil 11 (Brim 11).

Se trata de los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brim 11; David Herley Guzmán Ramírez, excomandante del BCG 79; Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del BCG 79, y Edie Pinzón Turcios, excomandante del BCG 26 Arhuacos; también los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, del BCG 26, y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, del BCG 79.

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Así mismo, se imputó a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; y a Levis de Jesús Contreras Salgado, soldado profesional en retiro del BCG 79.

De estos 10, ocho aceptaron su responsabilidad por escrito, reconociendo asesinatos puntuales, complicidad por no denunciar, e incluso la motivación a cometer estos crímenes a cambio de premios. Mientras que los coroneles Amor Páez y Guzmán Ramírez no aceptaron su responsabilidad, por lo que irán a un juicio adversarial y si lo pierden y son hallados culpables, se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.

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Además de los 8 máximos responsables que reconocieron sus crímenes hay otros 17 uniformados, algunos de ellos autores directos de homicidios, que no fueron llamados como máximos responsables, pero que cargan culpa en estos crímenes.

Ellos también reconocieron su responsabilidad, pero sus casos no serán definidos en una sentencia de la JEP propiamente, sino que su situación jurídica debe resolverse en otra instancia de la justicia especial de paz.

Todos ellos hablaron el martes ante las víctimas, la JEP, la ONU, los ministros de Justicia y de Defensa, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, en una audiencia que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad pues en medio de las investigaciones de este caso, cerca de 12 personas, entre magistrados y funcionarios de la JEP, abogados, testigos y comparecientes, han sido amenazadas o recibido ataques.

Las amenazas más recientes ocurrieron en mayo, cuando el magistrado Ramelli recibió una corona fúnebre y un mensaje amenazante en su contra y contra su magistrado auxiliar Hugo Escobar, quien, de hecho, no pudo asistir a la audiencia en Dabeiba por motivos de seguridad, ya que a comienzos de junio, en un encuentro de preparación realizado en Medellín, el carro en el que se movilizaba fue atacado, al parecer, con un disparo.

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Aun con el contexto de riesgo, la JEP decidió continuar con la audiencia de reconocimiento, con todas las garantías de seguridad, no solo por su compromiso con responderles a las víctimas, sino como un mensaje de que la justicia no será callada y que la verdad sobre estos crímenes que permanecían impunes debe conocerse.

La audiencia de reconocimiento que se hará el 27 de junio en Dabeiba es un paso más para llegar a las condenas de la JEP, que además de una restricción de libertades incluyen unos trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (Toar).

De hecho, en Dabeiba y tres municipios vecinos comenzará en julio un Toar que será un proyecto piloto de desminado humanitario y manejo del riesgo de minas antipersona.

En esta región confluyen las investigaciones de varios casos de la JEP, como el 01 -secuestros de las Farc-, 03 -‘falsos positivos’-, 04 -situación de Urabá- y 10 -crímenes no amnistiables cometidos por las Farc-, por lo cual algunos comparecientes que este martes reconocerán su responsabilidad, y otros de los demás casos, terminarán vinculados a este Toar como parte del cumplimiento anticipado de la condena que les impondrá la JEP.

Redacción Justicia

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