Las pescas milagrosas, el crimen de la 'Cacica' y los 827 secuestros que la JEP imputó a 5 exFarc del Bloque Caribe

Mientras el Tribunal de Paz alista la sentencia contra seis del último secretariado por su responsabilidad en los secuestros y delitos cometidos durante el cautiverio, la JEP emitió una nueva imputación contra cinco excabecillas del Bloque Caribe, responsable del 15 % de estos crímenes atribuidos a la extinta guerrilla.

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La oleada de secuestros desplegada en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla fue principalmente de carácter extorsivo. Uno de los métodos más utilizados eran las llamadas 'pescas milagrosas', en las que, mediante retenes ilegales instalados en las carreteras, tomaban a sus rehenes y exigían dinero a cambio de su libertad.

"La mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar lo que pedía la antigua guerrilla, así que terminaron negociando su libertad por montos de entre uno y cinco millones de pesos", relata la Jurisdicción.

El sector más afectado por este crimen fue el ganadero, al ser uno de los más representativos de la región norte.

La magistratura también encontró otros motivos detrás de los secuestros, entre ellos el control territorial y el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.

Hasta abril de este año, 4.213 víctimas se han acreditado en el macrocaso 01, que investiga los secuestros, toma de rehenes y graves crímenes de guerra. De ellas, 827 señalan a los del bloque Caribe como sus victimarios. 432 fueron víctimas directas, 364 son familiares y 19 seres queridos de personas asesinadas o desaparecidas durante o después del cautiverio.

Los frentes de este bloque operaban principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que limita con Venezuela, así como en Montes de María y La Mojana.

Los excabecillas imputados en este nuevo auto de determinación de hechos y conductas son: Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida'; Osmany Landero, llamado en la guerrilla ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, alias ‘Idemar Altamiranda’; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar ‘Leonardo Guerra’; y Uriel Oviedo, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.

Además de secuestro fueron señalados de homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual.

"Estos comparecientes de las Farc-EP ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Caribe y de sus frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país", se lee en la imputación. 

Desglosando en su responsabilidad, el despacho relator de la magistrada Julieta Lemaitre encontró que "el antiguo secretariado ordenó un buen trato a los cautivos, pero en la práctica esta directriz se redujo a mantenerlos con vida. Las consideraciones sobre su dignidad y bienestar quedaron a discreción de la guardia, sin control de los superiores".

En la primera tipificación de secuestro, la investigación de la JEP develó que el bloque Caribe tenía la misión no solo de financiarse a sí mismo, sino de enviar 2 millones de dólares anuales al Secretariado, monto que obtenían a través del secuestro extorsivo. A diferencia de otros bloques, este no obtenía ingresos significativos del cobro de "impuestos" sobre el tráfico de droga, lo que explica la cantidad de casos documentados.

La mayoría se perpetró mediante las llamadas "pescas milagrosas", en retenes ilegales instalados en la Troncal de Occidente que conduce de Sincelejo a Cartagena y Barranquilla, y fueron de corta duración. 

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Sin embargo, durante las privaciones de la libertad sometieron a las víctimas a engaños y presiones que intensificaron el dolor de sus familias. La JEP encontró todo tipo de violaciones al DIH y Derechos Humanos, entre estos el secuestro de niños y niñas o el cobro por la entrega de los cadáveres de los secuestrados. 

"Un hecho que ilustra el cobro de una extorsión por un cadáver es el secuestro de Rogelio Roviro Rodríguez Severiche, el 20 de junio de 2002, en la entrada a su finca ‘La Belleza’, en el municipio de Buenavista, Sucre. Los comparecientes reconocieron ante la Jurisdicción que luego de que la familia entregó 100 millones de pesos por su rescate, el Frente 35 lo asesinó", se lee en la imputación.

Luego, la guerrilla también diversificó sus rentas ilícitas e implementó el llamado 'impuesto a la paz', con el que exigía el 10 % de las ganancias a grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales.

En menor proporción, el Bloque Caribe secuestró para establecer condiciones políticas y militares. Para este propósito secuestró en los departamentos de influencia a quienes consideraba "enemigos" o colaboradores del adversario.

La JEP documenta en este capítulo el caso de Libardo Manuel Lúquez, concejal del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, quien fue secuestrado en tres ocasiones por guerrilleros de los frentes 59 y 41 de las Farc. En una de esas detenciones fue intimidado de tal forma que abandonó su aspiración a la alcaldía. El 23 de mayo de 2004 fue asesinado por los paramilitares.

En la imputación también se ahondó en el secuestro de ‘canje’ para pedir guerrilleros presos, una práctica criminal que, en un principio, se aplicó a integrantes de la Fuerza Pública. Solo entre 1996 y 2002 se registraron 489 secuestros de uniformados.

Sin embargo, los resultados no eran los esperados, por lo que la comandancia guerrillera volteó la mira hacia figuras nacionales de las tres ramas del poder público.

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Entre las víctimas de este crimen se narra el caso del exministro de Desarrollo Económico Fernando Araújo Perdomo, quien fue secuestrado en Cartagena el 4 de diciembre del año 2000 y sobrevivió a seis años de cautiverio.

"En un principio lo privaron de la libertad con fines extorsivos, pero después ‘Iván Márquez’ determinó que, por su perfil, era más conveniente considerarlo como una persona 'canjeable'. En todo caso, los guerrilleros exigieron cinco millones de dólares a su familia a cambio de su liberación", señala la magistratura.

En este caso, la JEP también destaca el secuestro de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo, la 'Cacica', quien fue secuestrada el 24 de septiembre de 2001 mientras se dirigía desde Valledupar hacia Patillal para celebrar el festival del municipio.

De acuerdo con los testimonios de los comparecientes de las Farc, el objetivo era el entonces gobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero, quien no iba en la caravana. Al darse cuenta de que entre los retenidos estaba la exministra, informaron a sus superiores. El entonces comandante del Bloque Caribe, ‘Iván Márquez’ –expulsado de la JEP y una de las principales cabezas de las disidencias– ordenó mantenerla cautiva como persona ‘canjeable’ y llevarla a la Sierra Nevada de Santa Marta.

"El 29 de septiembre de 2001, tropas del Ejército lograron alcanzar al grupo del Frente 59 de las Farc-EP y cuatro personas fueron rescatadas. Sin embargo, durante el operativo, un guerrillero asesinó a Consuelo Araújo Noguera. Los comparecientes reconocieron en el proceso que el fallecido Neyder Alfonso Rodríguez Sánchez, conocido como ‘Amaury’, fue quien le disparó ante el inminente rescate", se lee en el recuento de los hechos.

El secuestro de la exministra no solo devastó emocionalmente a su familia y al tejido social y cultural del Cesar, sino que también generó estigmatizaciones en los pueblos indígenas de la Sierra, a quienes terminaron acusando y 'castigando' por su supuesta colaboración con la guerrilla.

Redacción Justicia