Los crímenes de la Farolítica que llevaron a Luis Fernando Almario a juicio en la JEP

Luis Fernando Almario Rojas, quien otrora fue un barón de la política en Caquetá, se convirtió esta semana en el primer compareciente que enfrentará un juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) -conocida como la ‘Fiscalía’ de la JEP- lo acusó de 30 crímenes cometidos en asocio con las Farc para tomarse el poder político en el departamento.

La acusación, contenida en un documento de 307 páginas, detalla cómo fue que entre 1993 y 2002 Almario se alió con el Estado Mayor del Bloque Sur (EMBS) para quedarse con cargos en alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones. Su macabra estrategia fue tan exitosa que su grupo político alcanzó a quedarse con 10 de las 16 alcaldías de Caquetá en distintos periodos entre 1992 y 2009.

Entre los crímenes por los que se le acusa está la masacre del exrepresentante Diego Turbay Cote, su madre, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, ocurrida el 29 de diciembre del año 2000, pero este es solo uno entre 29 delitos de los que lo sindica la UIA.

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Es de aclarar que aunque esta acusación es solo contra Almario, el documento también menciona como coautores de los delitos a exjefes de las Farc como ‘Fabián Ramírez’, excomandante del EMBS, ‘Joaquín Gómez’, excomandante del bloque Sur, Hernán Darío Velásquez ‘el Paisa’, excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, y ‘Raúl Reyes’, exintegrante del Secretariado de las Farc.

De acuerdo con la investigación, el fin común de Almario y sus aliados con las Farc era tomarse el poder en Caquetá, por la vía que fuera, y para ello dependían los unos de los otros.

“Luis Fernando Almario Rojas dependía del control territorial y del empleo de la violencia armada de los integrantes del bloque Sur para vulnerar los derechos fundamentales de los turbayistas. De esa forma logró someter a las comunidades afines a dicho grupo, alteró el ejercicio democrático y provocó varias elecciones atípicas por el asesinato de uno o varios burgomaestres y concejales”, dice el documento.

¿Cuál era la ganancia para las Farc? La guerrilla dependía del estatus de Almario como congresista, “de su maquinaria política, y del hecho de que fuera quien otorgaba y conseguía los avales para la inscripción de candidatos con los que daba un tinte de ‘legitimidad’ a los procesos electorales corrompidos por el empleo de las armas. Desde luego las Farc-EP necesitaban de Almario Rojas para ocupar los espacios políticos en la región de Caquetá”.

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Por eso, la acusación señala la existencia de un acuerdo delincuencial entre el excongresista, algunos integrantes del Secretariado de las Farc y del EMBS encaminado a la persecución por motivos políticos de los integrantes del turbayismo en Caquetá.

“De manera sistemática, durante casi una década, la alianza criminal se encargó de atacar a las personas que pertenecían o se identificaban con el grupo político turbayista, ya fuera (i) ocupando cargos de elección popular como alcaldes, concejales, diputados, gobernadores o congresistas, (ii) aspirado a ocupar los cargos antes referidos, (iii) liderando ese grupo político, (iv) integrando las filas de dicha colectividad o, (v) laborando para quienes lideraban o representaban al turbayismo”.

La acusación contra Almario, radicada ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SAR) de la JEP, detalla que dentro del plan que desplegó con las Farc para copar la política caqueteña se incurrió en dos patrones de criminalidad. El primero fue la violencia contra líderes, simpatizantes y personal de seguridad del turbayismo, y el segundo fue por la captura del Estado por parte de la guerrilla para el ejercicio ilegítimo del poder público.

Bajo este contexto, la UIA acusó a Almario como coautor del crimen de lesa humanidad de persecución por la ejecución de asesinatos, desplazamientos forzados, y secuestros, entre otros crímenes.

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En particular, bajo el primer patrón de macrocriminalidad la UIA acusó a Almario Rojas del asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.

Así mismo, lo acusó por el secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal; y por el desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), un concejal de Florencia (Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.

Algunos casos representativos que muestran cómo fue la persecución son el secuestro del exrepresentante a la Cámara Rodrigo Turbay Cote, hermano de Diego Turbay, quien fue plagiado el 16 de junio de 1995 y permaneció en cautiverio 22 meses y 17 días, siendo asesinado mientras estaba secuestrado. Su caso es el primero en la cronología que elaboró la UIA y hace parte de una muestra de cómo una parte de la violencia se enfocó a la familia de Diego Turbay y sus personas cercanas.

Así mismo, se recogen casos como el asesinato, el 20 de junio de 1996, del gobernador de Caquetá Jesús Ángel González Arias, y su conductor, Demetrio Quintero Rentería, ocurrido en la vereda Santa Elena, de la inspección de Bolivia del municipio de El Paujil, que evidencian que la violencia también se enfocó en personas que tenían una vinculación laboral con líderes políticos del turbayismo.

Los ataques por los que tendrá que responder en juicio Almario también alcanzaron a la prensa, y se le señala como coautor de los homicidios de los periodistas simpatizantes al turbayismo Guillermo León Agudelo y José Alfredo Abad Lópezo, ocurridos el 30 de noviembre y el 13 de diciembre del 2000, respectivamente, en Florencia.

Por orden cronológico, el listado completo de las 30 víctimas e información de los hechos que sufrieron puede verlo en la siguiente línea de tiempo:

En cuanto a cómo se expresó esta violencia contra los integrantes o simpatizantes del turbayismo, la acusación de la UIA refiere que los ataques pueden analizarse en pirámide en cuya cúspide estuvo la violencia contra la familia Turbay, su personal de apoyo y esquemas de seguridad, y sus colaboradores, además de violencia contra periodistas.

En el nivel medio se identificaron los ataques contra víctimas con filiación al Partido Liberal turbayista, servidores públicos y funcionarios de elección popular. Por último, en la base se identificó la violencia estructural generalizada contra otros movimientos o partidos políticos.

La investigación señala que los ataques contra el primer grupo ocurrieron principalmente entre 1996 y 2002, los delitos del nivel medio se identificaron en un periodo más amplio entre 1993 y 2012, considerando los impactos sobre el sistema electoral en Caquetá de la violencia ejercida; y en el último grupo se identificaron crímenes entre 1992 y 2007.

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En términos generales, para la Fiscalía de la JEP los delitos ocurrieron de manera sistemática y generalizada, y se presentaron eventos especialmente en los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Florencia, Milán, Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Solano y Solita.

En el periodo investigado se identificó que la violencia contra el liderazgo social y político fue ejercida especialmente contra liberales turbayistas o quienes tenían actividades alrededor de esas personas.

“El patrón de macrovictimización se cimentó en la estigmatización por la ideología y el ejercicio político de las víctimas, con el propósito de afectar la participación y el ejercicio de derechos políticos”, dice la acusación.

La UIA destacó que con sus múltiples delitos, “los perpetradores amenazaron y persiguieron con miras a eliminar del ámbito político al turbayismo a través del secuestro y asesinato, generando vacíos de gobernabilidad y ejercicios ilegítimos del quehacer político mediados por las armas”.

Se indicó también que la amenaza fue una de las primeras y más frecuentes formas de violencia que buscó que las víctimas desistieran de su participación política, y en el caso de los periodistas, se buscó limitar su ejercicio de información y análisis.

En cuanto a los homicidios, se señala que fue una “forma de violencia extrema para eliminar a contrincantes el escenario político, mostrar poder y control, y la victoria sobre el enemigo”. En ese sentido, el homicidio selectivo se convirtió “en el instrumento más efectivo para amedrentar, callar y reducir el margen de acción política a los contrincantes y enfrentar a los ‘enemigos’, mayoritariamente sociedad civil”.

El desplazamiento forzado y el exilio, otros de los delitos investigados, fueron entonces consecuencia de las formas de violencia anteriores. “Los actores armados, en alianza con sectores políticos, desterraron a las víctimas utilizando como herramientas el miedo y la amenaza de muerte para bloquear políticamente a sus opositores”, cita la acusación. Añade que el sistema criminal buscó no solo eliminar al individuo considerado como opositor sino “despojar a su familia/círculo cercano de cualquier arraigo y sensación de seguridad”.

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La acusación de la UIA también hace una valoración sobre la dimensión de las afectaciones generadas a las víctimas y dice que el escenario de violencia sociopolítica en el Caquetá, la estigmatización y el despliegue de la violencia letal y no letal, "se relaciona con la crisis de los partidos y la representación política, la cual se traduce para el caso en la desaparición del escenario político de la facción turbayista del liberalismo”; y la pérdida de las identidades políticas transformó la composición del poder en el ámbito local y nacional, lo cual también afectó el libre ejercicio de la democracia y la libertad de prensa.

Finalmente, la acusación incluye unas propuestas de reparación por todos los crímenes. La verdad fue lo primero que pidieron las víctimas, incluyendo el saber las motivaciones de los delitos, quién o quiénes los determinaron, y a quiénes beneficiaron.

Sobre la justicia, solicitaron no solo la sanción a los responsables sino el reconocimiento y participación de las víctimas en todo el proceso judicial. También pidieron reparar los daños en la educación, trabajo y vivienda, y en la salud, así como en participación política.

En Twitter: @MIOF_