Las razones de la crisis de orden público y seguridad en todo el país

La anunciada, pero no por ello prevenida, escalada de violencia y terrorismo con la que históricamente el Eln ha recibido cualquier avance de paz puso esta semana en jaque la seguridad en al menos tres regiones del país.

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Aunque la familia de la sargento Karina Ramírez y sus dos pequeños hijos de 8 y 6 años –uno de ellos autista– ya respira tranquila, tras su liberación después de cuatro días de secuestro en Arauca, las familias de los patrulleros Renzo García, Gerson Cuevas y José Vega están de luto.

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A los dos primeros los mataron a mansalva cuando pararon a desayunar en un restaurante en Zulia, Norte de Santander. Los dos sicarios esperaron a que se quitaran los chalecos blindados para atacarlos a quemarropa. A Vega, entre tanto, lo asesinó un francotirador del Eln el mismo martes 4 de julio. Es la misma modalidad que este año ha cobrado la vida de siete uniformados también en Norte de Santander.

La misma guerrilla, que desde el 6 de julio entró en un cese de acciones ofensivas con el gobierno del presidente Gustavo Petro, decretó un paro armado que aún asusta en el Chocó y disparó indiscriminadamente contra los alrededores de la estación de la Policía en Fortul, Arauca, apenas a horas del inicio formal del desescalamiento militar.

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Pero la violenta semana del Eln no se sale de la línea que ese grupo ha seguido desde hace meses, especialmente desde que ‘Antonio García’ y el presidente Petro se vieron las caras en Cuba para anunciar oficialmente el cese de fuegos bilateral.

Según las bases de datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en junio se duplicaron las acciones violentas del Eln: fueron 16, frente a las 8 reportadas en mayo.

“El número de muertes en eventos violentos atribuidos al Eln en junio (9) también aumentó frente a mayo (6 casos). Tres de los combates que ocurrieron en junio ocasionaron desplazamiento forzado y confinamientos en Antioquia, Cauca y Chocó”, dice el reporte que registra también 16 secuestros cometidos por el Eln. Nueve de las víctimas ya fueron liberadas.

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El complejo panorama del orden público y la seguridad ciudadana en todo el país –que esta semana forzó al Gobierno y al Presidente a moverse hacia Buenaventura, en donde la guerra entre bandas volvió después de varios meses de relativa calma– sigue sumando voces, como las de los gobernadores de todo el país, que reclaman una respuesta más contundente del Estado. Incluso, voces del Pacto Histórico como la del presidente del Congreso, Alexander López, empiezan a cuestionar los resultados en materia de seguridad.

“Señor Presidente @petrogustavo: nuevamente el terror y la barbarie se apoderan de Buenaventura, son varios días de acciones violentas contra las comunidades (...) ¿Qué estamos haciendo para garantizar la vida de las comunidades en Buenaventura?”, cuestionó López en su cuenta de Twitter.

El balance de seguridad del propio Gobierno, a 31 de mayo, muestra una reducción del 6 por ciento en homicidios: fueron 5.263 este año frente a las 5.595 del 2022. Otra es la situación de los secuestros, que pasaron de 55 víctimas el año pasado a 144 entre enero y junio de 2023. Las masacres, extorsiones y el delito que más impacta a los colombianos, el hurto a personas, siguen creciendo pese a todas las estrategias y anuncios de las autoridades.

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Pero, incluso, frente al que el Gobierno presenta como su mejor logro en seguridad, la reducción de asesinatos, hay dudas. Jorge Restrepo, director del Cerac, afirma que aún no está claro si esa reducción reportada del 6 % frente al año anterior “se debe a un cambio en la metodología de mediciones o si en realidad se están salvando vidas”, en referencia a la disonancia de los datos oficiales frente a otras mediciones sobre la violencia.

Claramente y así lo señalan todos los observadores, la degradación de las condiciones de seguridad en el país no son responsabilidad exclusiva del gobierno Petro.

Gabriel Cifuentes, abogado y analista político de la Universidad de los Andes, dice que uno de los factores claves en la crisis es la incapacidad del Estado para llegar a los territorios que antes estaban controlados por las Farc y que hoy son coto de caza de ‘elenos’, bandas de narcos purasangre y disidencias.

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Otro analista, Jairo Libreros, recuerda que tras un breve respiro en la violencia producto de los acuerdos con las Farc, empezaron a resurgir o a fortalecerse fenómenos criminales que también pusieron en jaque en varias regiones al gobierno del presidente Iván Duque.

La disparada de la delincuencia en las ciudades, que no se ha detenido, empezó incluso antes de la pandemia. Pero los analistas advierten también que problemas que venían de antes han llegado a niveles críticos durante este gobierno y que varias decisiones de la actual istración tienen directa relación con esa situación.

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Un primer factor es la falta de claridad en la estrategia de paz, seguridad y orden público. Lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se logró la firma de la paz con las Farc, en Cartagena en junio pasado, durante la Convención Bancaria: “El Gobierno tiene que tener claro para dónde va y parece que no lo tiene claro (...) Para negociar con unos grupos al margen de la ley se requiere zanahoria, sí, pero también se requiere garrote: sin garrote no hay negociación exitosa”.

Jorge Restrepo dice que en un contexto de ceses de fuego sin reglas claras y sin verificación, sí hubo regiones como Putumayo y el mismo Catatumbo donde hubo alguna reducción de violencia, pero donde a la vez se disparó la inseguridad “pues muchos de esos grupos intensificaron acciones de extorsión y tráfico de narcóticos”. Y agrega que las guerras entre esos grupos por el control de las rentas criminales nunca se detuvo y que “estas disputas, por el contrario, se han intensificado”.

Frente a cada vendetta entre esas facciones (como la reciente masacre entre narcos en Barranquilla) o el asesinato de menores reclutados por las disidencias, el Gobierno y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, son repitentes en declaraciones de condena, pero la respuesta del Estado no se ve o llega tarde.

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Otro factor que está cobrado factura es la barrida de generales y coroneles decidida por el presidente Petro y el ministro Velásquez apenas iniciado el Gobierno y que puso a muchos oficiales destacados sí, pero sin mayor experiencia, al frente de asuntos y regiones claves.

“Los cambios operativos y en la estructura de mando –que han sido integrales y generalizados, por usar un término– han significado desajustes notorios que han reducido la capacidad de acción de la Fuerza Pública tanto en términos de investigación judicial como de vigilancia y prestación de servicios de seguridad y de control territorial”, dice el director del Cerac.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostiene que en departamentos como Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño y Arauca la situación es crítica y que los problemas volvieron a regiones que estaban tranquilas: “Departamentos que hace ya muchos años habían empezado a tener unos estándares de seguridad relativa hoy están en manos de los violentos. Me refiero a lo que está pasando en el Huila y en el Tolima, en especial en el sur, en donde hace mucho tiempo no se sentía tanta presión”.

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Y un punto crítico es el particular estilo del ministro Velásquez, quien no logra conectarse ni con las tropas ni con el país. Muchos generales se quejan de que no pueden hablar con él y de falta de claridad en sus instrucciones. “La crisis de liderazgo del señor ministro de Defensa no es nueva, la está viviendo desde que asumió esta cartera”, dice el senador de Cambio Radical David Luna. Jorge Restrepo, a su vez, dice que Velásquez “no es relevante y no tiene liderazgo en materia de concepción de la seguridad ciudadana”.

Por su parte, Libreros califica al mindefensa como “vacilante y errático” y asegura que la política pública de seguridad que diseñó está “desconectada de la realidad porque fue diseñada sin contar con los aportes de las Fuerzas Militares y de la Policía ni con las consideraciones de los alcaldes y gobernadores”.

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Con las regiones, las capitales y municipios fuertemente golpeados por el crimen y la violencia y con las encuestas reflejando esa situación y de cara a las elecciones de octubre, el presidente Petro se enfrenta a una disyuntiva: mantener el curso de la ‘paz total’ y de su actual estrategia de seguridad o empezar a pensar en un timonazo y en un relevo en el mindefensa, como ya lo hizo en la Policía para traer a un director, el general William Salamanca, realmente experto en los estratégicos asuntos a su cargo.

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