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'Barranquilla está cercada por grupos y bandas criminales': Procuradora Cabello
La funcionaria habla del duro panorama en varias ciudades por cuenta de homicidios y extorsiones.
Policía Metropolitana de Barranquilla refuerza la seguridad en estaciones de gasolina. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
Barranquilla, ciudad que en los últimos días ha pasado por difíciles episodios de violencia, fue mencionada por la procuradora general, Margarita Cabello, en diálogo con EL TIEMPO, en el que hizo referencia a que gran parte de su área está cercada por grupos ilegales.
(Puede ver aquí detalles de la entrevista: En medio de ceses de fuego, ya hay grupos criminales imponiendo candidatos: Procuradora)
"En Barranquilla hoy en día hay afectaciones por muchos grupos criminales. Allá están, ‘los Costeños’, ‘los Rastrojos’, ‘los Papalopez’, ‘los Vega’, ‘los Pepes’, ‘los Rastrojos caleños’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Pero peor, en Barranquilla y su área Metropolitana están hoy grupos de carácter transnacional como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa", explicó.
Por eso, hizo énfasis en que el Ministerio Público liderará el próximo lunes un tercer encuentro con autoridades locales, del área metropolitana y departamentales para buscarle un freno a la violencia e inseguridad.
(Le dejamos: Margarita Cabello revela que el ministro Velásquez no ha ido a ninguno de sus llamados)
La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO.
En ese sentido, en la entrevista invitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a hacer parte de esa mesa a realizarse en la capital del Atlántico. Por otro lado, en la entrevista la funcionaria se mostró preocupada porque las autoridades nacionales no le están poniendo atención a la Procuraduría General de la Nación, pues a los encuentros a los que los citan van funcionarios que tienen cargos de un tercer nivel con poca capacidad de decisión.
En general, lo que reclaman en su entidad los distintos delegados en materia de seguridad y elecciones es que desde Bogotá el Gobierno también les ponga atención a los mandatarios locales, quienes le han dicho a Cabello que sienten que hay poca contundencia en el actuar de las Fuerzas Militares y de Policía, pues los fenómenos criminales están desatados.
"El reclamo que nos están haciendo es que también están viendo la falta de fuerza y contundencia de las autoridades a nivel nacional para que no sigan ocurriendo estas invasiones. Esta situación es de afectación a la vida porque se demoran en llegar las autoridades: los invasores llegan, hacen lo que tienen que hacer y se retiran del lugar y dejan el daño hecho", explicó en relación con las invasiones a predios de ingenios azucareros en el suroccidente del país.
Encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Margarita Cabello. Foto:Archivo particular
Este duro panorama, aseveró, podría incluso afectar las elecciones regionales a realizarse en octubre, sobre las cuales la Procuraduría ha venido instalando una serie de comités de seguimiento. La principal alerta está sobre algunos departamentos como Meta, Arauca, Cauca, Caquetá, Antioquia, Chocó, Nariño, Valle y Cesar, donde grupos al margen de la ley han arremitido contra la población civil.
Y es que según las voces que han llegado hasta su despacho, en zonas rurales hay integrantes de redes criminales que les están imponiendo candidatos a los pobladores, a quienes además están carnetizando y ejerciendo sobre ellos constreñimiento electoral.
En medio de ceses de fuego, ya hay grupos criminales imponiendo candidatos: Procuradora
Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto:Procuraduría
Ceses del fuego con grupos ilegales, inseguridad en las regiones, elecciones locales y diálogos con el Gobierno Nacional son algunos de los temas que abordó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en entrevista con EL TIEMPO.
Durante el diálogo, la jefa del órgano disciplinario se mostró preocupada por los reiterados llamados de gobernadores y alcaldes para que el Ejecutivo desde su nivel central atienda de manera contundente los problemas de orden público que afectan a la población civil en varios departamentos. Entre los llamados también se refirió a que Barranquilla, su ciudad, está cercada por delincuentes, e hizo referencia a lo difícil que ha sido verse con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
¿Cómo ha visto la Procuraduría el arranque del cese de acciones ofensivas entre Gobierno y Eln?
El manejo del cese al fuego con el Eln ha generado más incertidumbre y más angustias para el país, porque esos ceses al fuego anunciados llegan en un momento en el que la situación de orden público se ha exacerbado. Desde la Procuraduría, con nuestra misión constitucional de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estamos preocupados porque hemos podido evidenciar una relación directa y altos riesgos entre los ceses de fuego, el orden público y el certamen electoral que vamos a tener en octubre.
Estamos pensando seriamente en que se hace necesario convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para abordar esos temas y buscar soluciones.
Esta semana, en su informe sobre el país, la ONU le hizo un llamado al Gobierno para que proteja la integridad del proceso electoral. ¿Cómo evalúa la situación de seguridad para octubre?
A la Procuraduría le corresponde garantizar unas elecciones que sean libres, transparentes, donde podamos darle a cada ciudadano la tranquilidad de poder ejercer ese derecho de participación política sin ninguna limitación ni constreñimiento. Esa situación de orden público, que está preocupando mucho, viene ocurriendo en todo el país y va a afectar, si no se toman soluciones, el normal desarrollo del proceso electoral.
Esa situación de orden público, que está preocupando mucho, viene ocurriendo en todo el país y va a afectar, si no se toman soluciones, el normal desarrollo del proceso electoral
Lo que creemos es que esa desarticulación entre el ente territorial encargado de la seguridad ciudadana y la entidad nacional está afectando muchísimo. Insistimos en que el Gobierno Nacional tiene que adoptar acciones más concretas y tiene que generar más espacios, más instancias e instrumentos claros y sólidos, que garanticen que impere una estrategia que maneje de mejor forma la seguridad, articulando entre autoridades nacionales y territoriales, que es lo que nos están reclamando en las regiones.
¿A qué se refiere con que no hay articulación entre Gobierno y las autoridades en las regiones?
Puedo decir que lo que nos dicen gobernadores, alcaldes y personeros es que no se sienten con garantías de seguridad. Hay 110 personeros amenazados en este momento en el país; hay varios alcaldes que no pueden despachar desde sus propios municipios. En cada ciudad las extorsiones están a flor de piel.
Lo que nos dicen todos es que falta una articulación clara, y mucha mayor fuerza y contundencia inmediata frente a esta situación. Hablo de la necesidad de articular entre los entes territoriales encargados de la seguridad ciudadana con las autoridades encargadas de la seguridad nacional. Esas dos seguridades tienen que encauzarse, porque ya está desbordada la capacidad de manejo de la seguridad ciudadana por parte de los gobernantes a título territorial.
Personas instalaron vallas alusivas al frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias de las Farc en Cartagena del Chairá, Caquetá. Foto:Archivo particular
¿Por qué está pasando esto?
Pienso que el mecanismo, la fórmula como se está manejando el concepto de cese al fuego y el concepto de ‘Paz total’, está originando de alguna forma que los grupos criminales y las organizaciones ilegales estén empoderándose en las regiones. Están queriendo mostrar fuerza, de pronto con la intención de sentarse a conversar de una manera mucho más beneficiosa para ellos. Ese impacto está generando una crisis de seguridad que afecta a toda la ciudadanía.
En Barranquilla ocurrió, en el Catatumbo ocurrió, también en el Cauca, en Chocó, en Buenaventura, en el Meta, en Antioquia. Hay una zozobra en todo el país y la autoridad nacional tiene que actuar con más contundencia y con más fuerza.
Cuando actúa rápidamente los resultados se ven. Lo que yo percibo de lo que nos manifiestan en las regiones y de las denuncias que nos hace la ciudadanía es que el Gobierno tiene que ser más rápido y organizado. Que si bien son buenos los diálogos, cuando se pueda dialogar con determinados grupos hay también que mostrar la contundencia de la autoridad del Estado Social de Derecho frente a la situación de orden público. Sí está bien buscar una paz, pero hay que mostrar al mismo tiempo que hay autoridad y que hay contundencia del Estado.
Sin ceses de fuegos bien diseñados y sin una verificación fuerte, ¿corre el país el riesgo de que los grupos armados ilegales impongan no ya a candidatos, sino a mandatarios locales?
El reclamo desde algunas regiones es que ya hay grupos criminales imponiendo candidatos, carnetizando y ejerciendo lo que se llama el constreñimiento al elector.
Sí está bien buscar una paz, pero hay que mostrar al mismo tiempo que hay autoridad y que hay contundencia del Estado.
¿Regiones como cuáles, procuradora?
El Meta, Arauca, Cauca, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Nariño, Montes de María, en el Cesar también ya hay extorsión y constreñimiento. Lo hemos dicho claramente, hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional frente a esa coordinación y articulación necesaria que tiene que existir entre las autoridades del nivel nacional y territorial. Lo que yo estoy viendo realmente es que las acciones violentas están muy fuertes y recrudecidas, las comunidades y territorios afectados en su vida y en su integridad. Esto nos obliga como Procuraduría a hacer las alertas, y las hacemos no por persecución al Gobierno, como a veces nos dicen, sino como apoyo al Gobierno para evitar que estas situaciones ocurran. Esa es la razón de la Procuraduría, no perseguir sino alertar.
(Lea la siguiente nota: El crítico panorama de orden público que le espera a Petro en Mesetas).
Varios sectores expresan preocupación porque con las declaraciones del estado de emergencia, como ocurrió recientemente en La Guajira, se abre la puerta a contratación directa en plena época electoral. ¿Comparte esa preocupación la Procuraduría?
Ante esas situaciones nos corresponde hacer la vigilancia adecuada y generar las alertas, en caso de que encontremos que esas contrataciones no se están llevando a cabo de manera adecuada y de manera legal y correcta. Eso es parte de nuestra misión, la de una Procuraduría que se encarga de luchar por que no haya corrupción.
No deja de ser preocupante la posibilidad de contratar directamente a través de estas facultades de emergencia o de algunas otras que están saliendo, como por ejemplo la posibilidad de contratar en lo que se ha denominado ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’. En ambos casos, nos toca redoblar el trabajo para estar preventivamente muy vigilantes en esa contratación, porque esto podría terminar en una palabra que vemos mucho dentro de los procesos de Procuraduría: en la creación de nuevos contrataderos.
Lo que se haría entonces es contratar de manera directa con personas que interesa contratar. Siempre debe haber una multiplicidad de oferentes para efectos de que haya la transparencia que exige la ciudadanía con el tema de dineros públicos. El riesgo está, sobre todo en este momento de proceso electoral.
¿Por qué la preocupación con la figura de los ‘caminos comunitarios de la paz total’?
En el Plan de Desarrollo se abrió una puerta nueva, que desde su visión social es interesante, y es una manera de colaborar con el avance de los territorios y el apoyo social a las regiones con la construcción de ‘Caminos comunitarios para la paz’. Estamos muy pendientes de Invías y de Colombia Compra Eficiente frente a esta nueva proyección relacionada con unas contrataciones de menor cuantía.
Pero ojo: la menor cuantía, dependiendo la entidad que sea la contratante, puede ser de más de 1.000 millones de pesos. No estamos hablando de 20 o 50 millones: dependiendo de la entidad se calcula la menor cuantía, y hay menores cuantías que son bastante altas. En eso se está avanzando mucho, ya yo veo que hay algunas resoluciones de directivas sacadas por Colombia Compra Eficiente para hacer un pliego tipo de contratación con Juntas de Acción Comunal. Ya se abrió una convocatoria para que las Juntas se inscriban y hacer contrataciones encaminadas a la construcción de vías terciarias. Y las Juntas de Acción Comunal son entidades privadas: ahí se estaría de alguna manera evadiendo la Ley de Garantías y sería mucho dinero.
Según el Invías, el programa busca llevar a cabo actividades de mejoramiento y rehabilitación de la transitabilidad de vías regionales y/o caminos ancestrales. Foto:Invías
¿De qué cifra estamos hablando?
Invías tiene planeados para este año unos 200 mil millones de pesos. Como Procuraduría nos toca estar muy pendientes: en pleno proceso electoral, la Ley de Garantías Electorales que ya está funcionando aquí no aplicaría, porque las Juntas de Acción Comunal son entidades privadas. Esas serían contrataciones directas en plena época electoral. Y repito, la finalidad de estos ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ es muy buena, están orientados a mejorar la transitabilidad en muchas vías terciarias que hay en Colombia. Pero ya hay una minuta-tipo para contratar con asociaciones público-privadas y Juntas de Acción Comunal, y esas las Juntas no están preparadas, su objetivo nunca fue ese.
Repito, la finalidad de estos ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ es muy buena, están orientados a mejorar la transitabilidad en muchas vías terciarias que hay en Colombia
Implica un trabajo muy especial entender cómo van a tener la capacidad de construcción de esas vías terciarias: Invías no va a tener cómo asesorarlas a todas. 200 mil millones de pesos en estos cuatro meses de proceso electoral podrían ser peligrosos, y habrá que hacer la vigilancia correspondiente para que todo se haga de una manera muy transparente, para evitar malas miradas por parte de la ciudadanía.
(También puede visitar: Los 'falsos positivos' en Dabeiba por los que exmilitares reconocieron responsabilidad).
Cambiemos de tema: En el suroccidente del país sigue la invasión de predios, sobre todo cañeros. Ha habido personas asesinadas, destrucción de proyectos productivos. ¿Qué está sucediendo allí y cómo ha visto la reacción del Gobierno?
Hemos conversado con toda la institucionalidad del sector privado y los gremios del Cauca. Escuchamos lo que nos manifiestan y las denuncias son de mucha preocupación porque vuelve y se repite el mismo tema: vuelve a existir una falta de articulación clara con las autoridades nacionales, con el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Pública.
Nos manifiestan que entran grupos, arrasan con las fincas, hay hasta muertos, conflicto entre los que están trabajando en las fincas y los invasores, y luego se van. Muchos piensan que la intención es que la gente se agote con las amenazas y con las invasiones de tierras permanentes, para que terminen vendiendo sus fincas a muy bajo precio por la sensación de inseguridad que existe.
El reclamo que nos están haciendo es que también están viendo la falta de fuerza y contundencia de las autoridades a nivel nacional para que no sigan ocurriendo estas invasiones. Esta situación es de afectación a la vida porque se demoran en llegar las autoridades: los invasores llegan, hacen lo que tienen que hacer y se retiran del lugar y dejan el daño hecho.
(Además, puede ver: Ataque contra trabajadores de ingenios en Cauca: van cuatro en este año).
¿Qué está pasando en Barranquilla, su tierra?
Este lunes tenemos la tercera reunión, liderada por la Procuraduría, de articulación entre todas las autoridades de la ciudad, del área metropolitana y del departamento, porque desde el año pasado estamos observando estas acciones de inseguridad. En Barranquilla hoy en día hay afectaciones por muchos grupos criminales. Allá están, ‘los Costeños’, ‘los Rastrojos’, ‘los Papalopez’, ‘los Vega’, ‘los Pepes’, ‘los Rastrojos caleños’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Pero peor, en Barranquilla y su área Metropolitana están hoy grupos de carácter transnacional como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Barranquilla está muy afectada con la inseguridad, está cercada por grupos y bandas criminales. En el área metropolitana se han presentado las cifras más altas de extorsión en los últimos tres años... Lo que estamos haciendo nosotros, con esta incursión de todas estas bandas criminales que además están peleando unas con otras, es pedirle al Gobierno Nacional que intervenga con seguridad en nuestra ciudad.
Invitamos al Gobierno Nacional a que participen de esta tercera reunión de articulación de las autoridades que tienen que ver con la seguridad en el departamento, en el área metropolitana y en la ciudad. Pero las autoridades nacionales no le ponen atención a la Procuraduría, generalmente van funcionarios, diría yo, de tercer nivel, que no tienen capacidad de decisión.
Margarita Cabello, procuradora general; e Iván Velásquez, ministro de Defensa. Foto:Procuraduría y Ministerio de Defensa
¿Cómo es ese diálogo de la Procuraduría con el Ministerio de Defensa, con el ministro Iván Velásquez en particular?
Debo decir que no hemos tenido la primera conversación desde que el ministro de Defensa (Iván Velásquez) se posesionó como tal. Lo hemos citado a varias reuniones, lo hemos invitado, más que citado, a trabajar frente a muchas situaciones de inseguridad, como la migración en el Darién, la minería en Buriticá y muchas otras, pero no hemos podido tener una conversación con él hasta el día de hoy.
JHON TORRES y CARLOS LÓPEZ
Redacción Justicia
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