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Los cinco mensajes clave que Estados Unidos manifestó a la procuradora sobre Colombia
Margarita Cabello sostuvo reuniones con delegados de los departamentos de Estado y de Justicia.
Procuradora general, Margarita Cabello. Foto: Procuraduría
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
Después de su visita a Estados Unidos, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, habló con EL TIEMPO sobre los pilares de las distintas reuniones que sostuvo con autoridades de ese país como el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado.
Para la jefa del Ministerio Público hubo varios temas claves, pero sus funcionarios y los del país norteamericano se enfocaron especialmente en migración, medioambiente, narcotráfico, víctimas del conflicto y 'paz total'.
Procuradora, sostuvo varios encuentros en Estados Unidos, ¿cuál es su balance de eso?
Muy positivo, el diálogo se centró en la migración, la garantía de los derechos de las víctimas, la construcción de paz, la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como la crisis ambiental, especialmente expresada en la deforestación, la minería ilegal y el impacto negativo en los ecosistemas y la salud por el uso del mercurio. Coincidimos además en la importancia de la persecución de las diversas expresiones del crimen organizado trasnacional, especialmente del combate al narcotráfico y la minería ilegal.
Hay interés y compromiso en la colaboración interinstitucional entre la Procuraduría y las diversas agencias del Gobierno de Estados Unidos y del Sistema de Naciones Unidas.
¿Qué apoyos consiguió para la Procuraduría tras la visita? ¿En ese país creen que hay que robustecerla?
Procuradora Margarita Cabello en Estados Unidos. Foto:Procuraduría
Existe una percepción significativa sobre la importancia de la Procuraduría en la democracia Colombiana. La reconocen por su actuación jurídica y técnica. Pudimos identificar los aspectos en los que resulta imprescindible el intercambio de información, pero también la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades del equipo de la entidad como cabeza del Ministerio Público en la garantía de los derechos humanos y lucha contra la corrupción, particularmente en tres temas específicos: migración, crisis ambiental y construcción de paz.
Se reconoció la relevancia del trabajo de la Procuraduría en la lucha contra la minería ilegal y el uso de Mercurio, por lo que se acordó establecer un mecanismo de intercambio de información y de fortalecimiento de capacidades.
Adicionalmente, con el apoyo de los Estados Unidos se fortalecerán las capacidades de la Procuraduría para el control de la gestión migratoria del Gobierno Nacional por ejemplo, a través de formación a nuestros funcionarios.
Con relación a la JEP hay un reconocimiento del valioso papel que la Procuraduría ha realizado para movilizar la pronta apertura del macrocaso 11, concerniente a la garantía de derechos de las víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado.
Estuvo con voceros de los departamentos de Estado y de Justicia, ¿le expresaron alguna preocupación relacionada a Colombia?
Me reuní con representantes del Departamento de Estado y de Justicia. Es notorio el interés y expectativa en conocer en detalle los retos de cómo Colombia va a avanzar en sus planes en los próximos cuatro años y como se formulará la etapa de transición frente a los cambios.
Esta expectativa es normal, la institucionalidad colombiana está aún en mora de concretar los mecanismos, instrumentos, acciones y presupuesto en materia de 'paz total', lucha contra el narcotráfico, la deforestación , la minería ilegal y el uso del mercurio, entre otros.
Le voy a dar un ejemplo, el artículo 193 del texto conciliado del proyecto de ley Plan Nacional de Desarrollo (PND) dispone que el Gobierno Nacional formulará, adoptará e implementará una nueva política nacional de drogas con una proyección de 10 años. Sin embargo, el artículo 91 de la Ley 30 de 1986 establece que el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene la misma función.
La propuesta legislativa deroga, tácitamente, las funciones asignadas legalmente al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Yo me pregunto, y es un tema que me gustaría conversar con el ministro de Justicia (Néstor Osuna) en los próximos días, la propuesta legislativa deroga, tácitamente, las funciones asignadas legalmente al Consejo Nacional de Estupefacientes para, en su lugar, ¿establecerlas en cabeza del Gobierno Nacional? Si esto es así, ¿cuáles son las implicaciones y cuál es la razón o el propósito de este cambio?
Hablemos de cultivos de uso ilícito, ¿cómo ven desde Estados Unidos la interdicción?
La interdicción es un mecanismo que genera valor a la lucha contra el narcotráfico, creo que frente a esto no hay discusión. La pregunta es si será suficiente para generar un impacto significativo en esa lucha.
La interdicción no puede ser el único énfasis de la política pública que permita al Estado cumplir con sus deberes constitucionales: la erradicación de cultivos se considera igualmente relevante, especialmente si consideramos que el establecimiento de cultivos de uso ilícito constituye un motor de la deforestación en un país en el que el aporte de emisiones responsables del calentamiento global se encuentra principalmente en la pérdida de bosque natural y el cambio de uso del suelo antes que en el uso de combustibles fósiles.
Nosotros estamos preocupados por el incremento de cultivos de uso ilícito en medio de la gobernanza de grupos delincuenciales en los territorios más vulnerables, en los que se puede estar dando la instrumentalización de los campesinos y comunidades, y el uso ilegal de zonas protegidas, lo que mantiene a las poblaciones étnicas asentadas en territorios impactados por este fenómeno, en una compleja situación que se ha venido agudizando, sin que por otro lado se aprecie una clara definición de la política de drogas ni cómo será la transición hacia la nueva política.
Usted les expresó sus preocupaciones por proyectos como el de 'paz total'... ¿Ellos cómo ven esa idea del Gobierno?
La principal inquietud en torno al tema resulta ser el de la concreción de los mecanismos jurídicos y de política de la propuesta, además de la necesidad de reconocer a las víctimas, y su derecho a la reparación.
Algo que tiene alarmados a los estadounidenses es el fentanilo. ¿Creen que ese problema tendrá un capítulo en Colombia?
El fentanilo se distribuye ilegalmente por su efecto similar al de la heroína. Foto:iStock
Cómo ustedes mismos han reportado ya hay casos en los que se ha identificado el uso de fentanilo en Colombia. Con estas alertas es necesario que entidades como el Ministerio de Justicia y el Ministerio de salud redoblen esfuerzos en materia de prevención del consumo y que este sea un componente integral de la nueva política de drogas que se encuentra diseñando el gobierno nacional.
Aquí es fundamental anticiparnos, no subestimar una situación que si bien hoy no es muy grave en Colombia, puede generar una afectación a la salud pública en un mediano plazo.
Algo que ustedes han seguido es la crisis migratoria. ¿Qué tipo de apoyos le dieron las autoridades?
Estados Unidos está comprometido con una migración segura, controlada, ordenada y humanitaria. En este orden de ideas, tienen un particular interés en apoyar al Estado colombiano y a todas sus entidades en el manejo de la política migratoria. El gobierno americano ha ofrecido apoyar a la Procuraduría en su labor de vigilancia y control de gestión en materia migratoria fortaleciendo las capacidades tanto preventivas como disciplinarias del ente de control en este campo.
Un comentario que nació por parte de Estados Unidos es el de la estación de guardacostas en Isla Gorgona. ¿Quién se lo dijo y qué interés tienen en ese proyecto?
En varias de las conversaciones sostenidas fue planteado el asunto de la estación de guardacostas en Gorgona. Resulta relevante fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas colombianas para la interdicción del tráfico de estupefacientes, la pesca ilegal y el tráfico de fauna y flora en el Pacífico, así como brindar condiciones seguras para los funcionarios de Parques Nacionales y mejorar sus condiciones de vida.
La Procuraduría resaltó su rol como garante de los derechos de todos los colombianos, por lo que solicitó la realización de una audiencia pública ambiental en el seguimiento a la licencia ambiental. Es importante mantener los canales institucionales de participación y de toma de decisiones.
Otro punto importante es el de víctimas del conflicto en el extranjero. ¿Cree que al gobierno de Petro le ha faltado atención a esa población en especial?
En el marco de las acciones preventivas, la Procuraduría efectúa el seguimiento a la implementación de la política pública de víctimas para los connacionales en el exterior, que como tales afrontan esa doble vulnerabilidad, de ser emigrantes y víctimas del conflicto armado, siendo Estados Unidos uno de los países donde a pesar del subregistro que se percibe, se encuentra el mayor número, por lo que fue priorizado dentro del plan de trabajo 2023.
Creemos que hay importantes oportunidades para fortalecer el apoyo a las víctimas del conflicto en el extranjero y a los líderes y lideresas sociales que se ven obligados a migrar fuera del país, por ejemplo, la Procuraduría viene realizando jornadas de capacitación y sensibilización para los líderes ambientales y servidores públicos en el país sobre los deberes estatales en desarrollo del Acuerdo de Escazú, por lo que se planteó en el diálogo con las víctimas la necesidad de extender este apoyo del Ministerio Público a los líderes ambientales en el exterior que les permita continuar ejerciendo su liderazgo desde donde se encuentren.
Carlos López
Redacción Justicia
En Twitter: @CarlosL49
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