Esta es la imputación de la Fiscalía contra hombre asesinado en el norte de Bogotá

Hace poco más de 24 horas, en el semáforo de la calle 183 con carrera novena, en el norte de Bogotá, sicarios lanzaron una ráfaga de disparos contra un carro BMW.

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Los disparos iban dirigidos contra el conductor del vehículo de alta gama, quien fue alcanzado por al menos siete de ellos y murió de forma instantánea. Pero las balas también alcanzaron a su copiloto: su hijo adolescente de 14 años.

Minutos después, las autoridades determinaron que el acto sicarial se registró en momentos en los que Carlos Ernesto Gaviria Camacho llevaba a su hijo al colegio.

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Las autoridades están centradas en despejar una serie de hipótesis que se tejen alrededor de este doble homicidio, pero el historial judicial de Gaviria ha ido arrojando datos que podrían ser la clave del crimen.

En registros de la Rama Judicial se ve que Gaviria Camacho tenía fijada para las 8:30 de la mañana del próximo 14 de diciembre una audiencia preparatoria dentro de un proceso que se le sigue por los delitos de fraude procesal en concurso con falsedad ideológica en documento privado.

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Documentos a los que este diario tuvo dan cuenta de que en febrero de 2019 Pablo Salah Arguello, en calidad de afectado y como apoderado general de Julia Torres Calvo, presentó una denuncia contra Gaviria Camacho “a quien señala como autor responsables del delito de fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo”.

 

Torres Calvo y su hermana, en ampliación de la denuncia a la Fiscalía, señalan que “recibieron de la herencia de su padre los predios Los Mortinos, Laguna Redonda, El Paralelogramo, El Cuadrilatero y El Carretonal, que hicieron parte de la antigua finca El Carmen”.

Años más tarde, la hermana de Torres Calvo falleció y ella junto a su mamá heredaron el equivalente al 50 por ciento de los lotes en mención.

En el expediente se relatan los pormenores de la supuesta negociación.

Posteriormente, en el año de 1994, l,a mamá de Torres Calvo vendió y cedió los derechos sucesorales a Abel de Jesús Barahona Castro (sacerdote), quien “adquiere los derechos de propiedad y dominio del cincuenta por ciento de estos predios, por adjudicación en la sucesión en el mismo año de 1994. Él a su vez transfiere los derechos de propiedad y de dominio en el año de 1996 a la sociedad Cristo Lector LTDA, constituida en el año de 1992 con sus familiares, como consta en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria”.

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En septiembre del año 2009 entra en la historia Gaviria Camacho, quien “adquiere la mayoría de las acciones de la sociedad Cristo Lector  LTDA., quedando así como socio mayoritario, como consta en el certificado de cámara de comercio de esa sociedad”.

En ese mismo año, Gaviria Camacho le vende el 50 por ciento de los predios a la sociedad Construedificaciones Mundo SAS. Desde ese momento comenzó una puja por la posesión de los predios. 

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Para el 10 de diciembre de 2009, la sociedad Cristo Lector LTDA., a través de su representante legal, autorizado por el socio mayoritario Gaviria Camacho, “dispuso de los derechos de propiedad y de dominio del 50 por ciento que tenía en los predios El Cuadrilatero, Los Mortiños, y Laguna Redonda mediante contrato de compraventa en favor de la sociedad Construedificaciones”.

No obstante lo referido en las escrituras mencionadas, el negocio abarcó la totalidad de los predios de la finca El Carmen.

Sin embargo, una finca de nombre El Carretonal, en la que se encontraba un valla publicitaria, según registros judiciales, no entró en la venta, por lo que en diciembre de 2012 se practicó por parte del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá diligencia de inspección judicial, dentro del proceso divisorio de Julia Torres Calvo contra la sociedad Cristo Lector.

Pero Gaviria Camacho adujo ser el poseedor del predio.

Estando en curso una acción legal ante el Juzgado 20 Civil del Circuito de la Oralidad, Gaviria Camacho presentó en febrero de 2015 una “querella policiva, amparo de posesión, en contra de Julia Torres Calvo y Pablo Salah Arguello, entre otros.

Señala el escrito de acusación que Gaviria Camacho “para asegurarse que no operara la caducidad en su contra dentro de la querella policiva, presentó con la querella una certificación expedida por la empresa dueña de la valla publicitaria y suscrita por una funcionaria, mediante la cual pretendió acreditar que tuvo un contrato de arrendamiento con esta empresa de una parte del terreno El Carretonal para la colocación de la valla a partir de enero de 2006 y con vigencia hasta agosto de 2014 y por ende con ello quería acreditar la posesión de los terrenos hasta esa fecha", dice el documento.

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Pero la funcionaria afirmó que fue inducida por Gaviria Camacho para poner las fechas. Estos hechos llevaron a que la justicia abriera la investigación contra Gaviria Camacho por conductas fraudulentas, la cual se extendió por varios años. 

En noviembre de 2019, en el juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantias, "se le enrostró el delito de fraude procesal  al ciudadano Carlos Ernesto Gaviria Camacho en calidad de autor", sin embargo, no se allanó a los cargos.

El proceso se mantuvo vigente, y la primera audiencia de preparación de juicio  tuvo lugar el pasado 5 de octubre. 

Después del crimen de Gaviria Camacho, la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Sandra Hernández, ordenó un plan candado en las inmediaciones a la zona de los hechos.

Al tiempo, el coronel Javier Gallego, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá anunció  una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información relacionada al paradero de los presuntos responsables del doble homicidio. 

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