Las alertas por la gestión de los baldíos en Colombia

La advertencia de que hay comprometidos más de 5.000 millones de pesos por el uso de bienes baldíos en posesión de particulares que no están pagando los arriendos correspondientes en Islas del Rosario es solo una de las situaciones irregulares con los baldíos en el país, los cuales, aunque son tierras de propiedad de la nación, son usados por particulares como si nada.

Una parte de eso puede explicarse en que aunque los baldíos son por ley del Estado, en Colombia no se sabe a ciencia cierta cuáles son, cuántos hay ni dónde están ubicados todos estos terrenos, lo que muchas veces facilita que se les den malos usos.

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De acuerdo con una auditoría que hizo en 2020 la Contraloría a la gestión de los baldíos, a febrero de ese año había pocos bienes disponibles en el inventario de baldíos, pues, si bien se contaban 902 predios, 7 eran zonas de reserva forestal, 220 estaban en demanda y descongestión, 30 eran para asuntos étnicos, 374 eran baldíos que se adjudican a entidades de derecho público –entidades del Estado– y solo 271 eran ‘predios baldíos a nombre de la nación’.

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De esos “solo 243 se catalogan por la Agencia (Nacional de Tierras) como adjudicables, los demás predios se encuentran enmarcados en las categorías de ‘demanda y descongestión’, sobre los cuales ya se tiene iniciado un proceso, que puede o no terminar con la adjudicación, predios de comunidades étnicas, de entidades de derecho público y bienes ubicados en reservas forestales, estos últimos inadjudicables”, dice la auditoría.

Estas son algunas de las situaciones que llevaron a que la Contraloría General de la República pusiera la lupa sobre la gestión y istración de los terrenos baldíos en el país, y ahora mismo el órgano de control tiene en curso una auditoría financiera a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que desde su creación, en 2015, tiene a su cargo los procedimientos agrarios de clarificación –conocer la situación jurídica de un predio–, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y reversión de esos terrenos de la nación.

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La auditoría que está en curso, explicó Gabriel Romero, contralor delegado para el sector agropecuario, también busca verificar si lo que ha sostenido el Ministerio de Agricultura, del cual depende la ANT, sobre la agilización de trámites istrativos sobre los baldíos en el marco de la reforma agraria está funcionando.

“Le hemos puesto mucho cuidado a ver cómo avanzan los procesos de reforma agraria. Cuando se hizo la auditoría inicial (vigencias 2018-2019) vimos que un proceso que se debía demorar en sede istrativa alrededor de 14 meses se estaba demorando en promedio 60 meses. Una situación a todas luces inaudita, no solo porque eso significa que los procesos que tenían organizados e identificados se estaban demorando un montón, sino que los que no tenían, no estaban avanzando”.

Precisamente, en la auditoría de 2020 a la política de istración de baldíos, en la que se evaluaron datos de 2018 y 2019 de la ANT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), se había identificado una débil intervención de la ANT en la istración de los baldíos, en particular en los tiempos en que se demoraban en la definición de los procesos agrarios y adjudicación.

El contralor Romero explicó que en ese momento los primeros procesos istrativos de reforma agraria tenían un avance del 10 por ciento y a “ese nivel iban a terminar en más de 15 años con la primera etapa istrativa”, y la situación era peor para los procesos que no tenían ni el primer avance, que estaban en un 4 por ciento de cumplimiento, por lo que se calculó que “mientras que encontraran el expediente, lo reconstruían, se terminaban todos los papeles nuevos, se iban a demorar alrededor de 25 años”.

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Por estos y otros motivos, esa auditoría concluyó que el cumplimiento de la política de istración de baldíos llegó solo a 54,2 puntos sobre 100 posibles, y se detectaron 24 hallazgos sobre la gestión de la ANT, cinco por la gestión de la SNR y uno por la del Igac.

En este punto, el contralor explicó que, como fruto de la primera auditoría, el Ministerio de Agricultura ha asegurado que mejoraron los procesos y que ahora no se demoran 14 meses, sino uno, pero esto hace parte de lo que el órgano de control está verificando en la auditoría que está en curso.

Frente al rezago de solicitudes de adjudicación de baldíos, el más reciente informe de rendición de cuentas de la ANT, correspondiente a 2020, señala que al terminar ese año el rezago “disminuyó a 100.683 expedientes de baldíos a persona natural, alcanzando un descenso del 22,6 por ciento en un año, que incluyó el registro de 2.299 títulos de adjudicación de baldíos, así como la radicación de 2.575 títulos y las actividades de depuración que permitieron identificar 13.675 solicitudes posiblemente anuladas”.

Ese mismo año, la Agencia identificó 5.056 solicitudes archivadas por el antiguo Incoder (al que reemplazó la ANT) y 8.721 solicitudes negadas. Por su parte, en 2020 se registraron 2.939 resoluciones de adjudicación de baldíos a personas naturales, correspondientes a 38.003 hectáreas. Además, según esa rendición de cuentas, en 2020 se ingresaron 1.328 bienes al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma rural Integral, producto del acuerdo de paz.

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Además de las dudas del órgano de control por la lentitud para avanzar en la adjudicación de baldíos, en relación con la reforma agraria, la Contraloría volvió a alertar hace unos días por el uso de bienes baldíos en posesión de particulares en las Islas del Rosario, Bolívar, que son baldíos de la nación.

Para ocupar estos terrenos, los particulares deben pagar unos arriendos al Estado, lo cual en muchos casos no se está cumpliendo. “Hemos encontrado contratos de arrendamiento vencidos, otros que deben ser cedidos porque siguen a nombre de personas fallecidas, como Fanny Mikey (fallecida en 2008), quien sigue apareciendo como arrendataria de una isla”, citó el contralor Romero.

De acuerdo con el órgano de control, con corte al 2020 había registro de 128 contratos de arrendamiento en los predios de Islas del Rosario y San Bernardo, y solo 60 de ellos estaban vigentes, otros 68 contratos estaban vencidos, es decir, predios que estaban ocupados pero sin remuneración para el Estado; así mismo, había 22 contratos con una mora de más de 90 días en los pagos, y en 9 contratos la mora era de más de cinco años.

También se identificaron 27 predios que estaban ocupados pese a no tener ni haber tenido nunca un contrato de arrendamiento con el Estado. Por todo ello se establecieron hace dos años 19 hallazgos istrativos, nueve disciplinarios y 3 fiscales por valor de $5.134’328.850. La realidad hoy no ha cambiado mucho, y los valores indexados de esos hallazgos para este año ya suman $5.590’377.314, según explicó el contralor para el sector agropecuario.

“Hay pedazos de las islas que son explotados económicamente de forma ilegal, hay pasadías (hoteles para pasar el día) contra los que se han impuesto multitud de recursos judiciales y siguen ahí. Hay un caso incluso que va para 15 años explotando eso sin darle un peso al Estado”, afirmó Romero.

Frente a los contratos que sí están vigentes también hay peros de la Contraloría, que considera que los valores que se pagan por el arrendamiento son bajos, no se han actualizado los cánones de arrendamiento en años y, además, en muchos casos no se están cobrando los arriendos.

“La ANT nos dice que esa cartera no la pueden cobrar porque los contratos ya terminaron, decidieron ir ante un juez para que diga si hay o no contrato, pero mientras eso se resuelve, por años la gente sigue explotando las islas sin pagarle al Estado”, dijo el contralor.

Por las irregularidades en las islas hay en curso un proceso fiscal en el cual habría decisiones finales pronto. Así mismo, el 24 de marzo, el Ministerio de Agricultura anunció que en respuesta a los hallazgos de la Contraloría se aplicarán las acciones necesarias para recuperar esa cartera y los predios.

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“La instrucción que se le ha dado a la ANT, a partir del Plan de Mejoramiento por los hallazgos que hizo la Contraloría, es que se deben hacer todas las acciones judiciales necesarias para lanzar o para sacar a las personas que están de manera ilegal en esos sitios”, dijo hace unos días el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, en un evento en el que conversó con el contralor Romero.

EL TIEMPO consultó con la ANT sobre las advertencias de la Contraloría, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

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