El presidente
Iván Duque dio a conocer este martes el decreto 601 - en el que abre la posibilidad de un sometimiento (individual) a los grupos armados organizados - Eln, 'Clan del Golfo', 'Los Pelusos', 'Los Caparros' y las disidencias de la Farc.
En el mismo se establece que el Alto Comisionado para la Paz,
Miguel Ceballos y las personas autorizadas por él,
serán las encargadas de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia, de los integrantes de estos grupos al margen de la ley.
¿Por qué el Gobierno le apuesta a la desmovilización individual?
La decisión del Gobierno de abrir la puerta para un sometimiento individual de las disidencias y los grupos irregulares "se centra fundamentalmente en una estrategia de ir desgranando poco a poco esos grupos", dijo a EL TIEMPO una fuente de alto nivel.
Hasta ahora no había una ruta para el sometimiento de las personas vinculadas a estas estructuras, con excepción del Eln, por eso, en el Gobierno consideraron que era necesario establecer ese camino.
Inicialmente se determinó generarles un marco de confianza por lo que se estableció que el camino fuera la Oficina del Alto Comisionado de Paz, "que les puede generar más tranquilidad que estar tramitando su desvinculación con una unidad militar", aseguró la fuente.
Hasta hoy solo existía la posibilidad del sometimiento y la única gabela que tenían era un eventual subrrogado penal por colaboración.
Y en esta puerta que está abriendo el Gobierno se les habla no solo de la posibilidad de que la dejación de la pertenencia a estas organizaciones se pueda hacer de manera individual, sino que se les darán algunos beneficios puntuales, desde el punto de vista económico y de protección, no solo para ellos sino para sus familias.
Por eso en la Casa de Nariño están alistando un decreto en el cual se fijan las ayudas a que tendrán derecho por intermedio de la Agencia de Reincorporación. Son los mismos beneficios que han tenido un poco más de 73.000 personas que desde el 2003 se han desvinculado de grupos irregulares.
EL TIEMPO consultó con varios sectores del país (analistas, políticos, juristas) sobre los posibles alcances y beneficios de la iniciativa.
De acuerdo con las autoridades, estos grupos, están relacionados directamente con actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y los homicidios de líderes sociales.
¿Cuál es la situación del Eln?
El
Eln se considera un grupo guerrillero (alzado en armas), que busca un reconocimiento político, y por ello, se han adelantado varias negociaciones, en diferentes gobiernos. Que tendría las mismas dimensiones del logrado con las Farc.
El Eln, por sus acciones, esta sindicado de delitos de lesa de humanidad. El tratamiento para sus integrantes, con el decreto, es el ofrecimiento de una desmovilización individual y no como grupo.
Para el exfiscal Alfonso Valdivieso, "en el caso particular del Eln, es una noticia importante y consecuente con lo que está sucediendo en el país, que se reanuden las negociaciones con todo y lo complejo que es el tema".
Señaló, que en términos prácticos hay que evolucionar en esa materia. "Al Eln hay que darle un tratamiento, buscar una negociación, y ya que se les da la opción de hacerlo individual, puede dificultar el inicio de los diálogos".
Para el senador del Polo Democrático
Iván Cepeda, es una medida útil, ya que contribuiría a mejorar las condiciones de vida de muchas personas que viven en zonas alejadas, donde hacen presencia los ilegales.
"El Gobierno debería ser más audaz en este tema y buscar de una vez, no solamente sometimientos individuales, sino lograr de una vez, la desmovilización colectiva, de sometimiento a la justicia del 'Clan del Golfo', que es la organización más poderosa", aseguró Cepeda.
Señaló que esta es la oportunidad para que se defina una política concreta frente al Eln, "este decreto no está hecho para el Eln, ellos no se van a someter a la justicia, eso es claro. Porque como el mismo Gobierno lo reconoce, es una organización que tiene índole político, así que hay que buscar una forma para reinicar los diálogos con la guerrilla".
Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático,
Edward Rodríguez, señaló que "vale la pena la legalidad", y considera que este es un llamado del Gobierno para todos las personas que hoy hacen parte de las organizaciones criminales, "muchos de ellos obligados y sometidos al miedo", para que se inmovilicen.
"Esto traerá una serie de beneficios. Uno que me parece espectacular es el de educación. Porque no solo se extiende a la persona desmovilizada, sino a su familia. Cubrirá proyectos productivos hasta de 12 millones de pesos, y una ayuda mensual hasta que pueda reinicar su vida", aseguró el congresista.
Cubrirá proyectos productivos hasta de 12 millones de pesos, y una ayuda mensual hasta que pueda reinicar su vida
Por su parte el penalista, Francisco Bernate dijo que era curioso que hace poco tiempo se hubiera expedido la Ley 1908 para fomentar y propiciar las desmovilizaciones colectivas, y ahora se vuelva al modelo de la desmovilización individual.
"Lo que se ve es una absoluta carencia de coherencia, porque cada tres meses vamos de un modelo a otro, por supuesto que es bienvenida la experiencia", puntualizó Bernate.
El abogado señaló que ahora toca esperar qué pasa con un modelo como estos, "dónde los van a poner, qué los van a poner hacer y si son o no elegibles para la JEP".
Afirmó que siempre "será bueno que un colombiano abandone las armas y transite hacia la legalidad, pero con un mínimo de coherencia".
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