No secuestrar y reclutar menores debería ser el compromiso de armados: Defensor

En dos páginas fechadas el 9 de noviembre, remitidas al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, elevó una petición especial con relación a los grupos armados y el secuestro.

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La misiva fue enviada poco después de que el país conociera la noticia sobre la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien permaneció 13 días secuestrado en La Guajira, zona de frontera.

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“Dejar de secuestrar y de reclutar menores de edad deben ser condiciones inamovibles para continuar los diálogos. Nuestro mensaje es directo: ni el Eln, ni el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc ni otro grupo armado deben sentarse a la mesa de conversaciones a buscar la paz siguiendo, como si nada, con la práctica de tan abominable crimen y teniendo a menores de edad en sus filas”, puntualizó el Defensor.

“Si se han logrado ceses al fuego bilaterales, es posible un cese al secuestro definitivo”, fue el llamado de Camargo, luego de que enviara la misiva.

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EL TIEMPO tuvo al escrito en el que el jefe del organismo humanitario hizo una solicitud muy especial al jefe de Estado y al comisionado de Paz, “con el fin de promover un eficaz alcance de los objetivos de paz perseguidos por las iniciativas estatales a su cargo”, que sea armónica y coherente con las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las disposiciones de derechos humanos (DD. HH.) universalmente reconocidos.

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En la misiva destaca la liberación de Luis Manuel Díaz; sin embargo, pone de presente “que otros/as civiles continúan siendo víctimas de acciones violentas por parte de este actor, así como del autodenominado ‘Estado Mayor Central’, facción disidente de las extintas Farc-Ep, entre otros grupos armados. Tales vulneraciones abarcan secuestros, amenazas, presiones bajo coacción a procesos organizativos y sociales, entre otros”.

En la carta, la Defensoría mostró “especial preocupación” por la continuidad de las prácticas de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados, aun a pesar de encontrarse actualmente en procesos de diálogo y negociaciones de paz.

En esa línea, la Defensoría contextualizó (denunció) la situación de una comunidad indígena en Huila.

“Muestra de ello es la grave situación de violación de derechos humanos y de riesgo inminente y extremo que padece el resguardo indígena Nasa Huila-Rionegro, ubicado en el municipio de Íquira, departamento del Huila, en donde se han conocido al menos doce (12) casos de reclutamiento por parte del Frente Ismael Ruiz del Estado Mayor Central de las Farc, seis de ellos en los últimos 5 meses”, se lee en la carta.

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Además, destaca que “ninguno de estos casos habría sido denunciado por las consecuencias que podría traer para las víctimas”.

Para la Defensoría del Pueblo, “el acogimiento irrestricto a estas normas es requisito no solo para el buen curso de los procesos de diálogo con grupos armados organizados, sino también indispensables para el alivio humanitario y la protección de las comunidades que habitan los territorios donde este tipo de actores ejercen control o cuentan con algún tipo de presencia o injerencia”.

Por último, en la carta, el Defensor “exhortó” a los despachos del presidente Petro y Rueda “a exigirles a los grupos armados y a los demás que hacen presencia en el territorio nacional el irrestricto cumplimiento de las obligaciones al DIH, conforme lo dispuesto en los decretos precitados, especialmente, el cese de secuestros y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores que se encuentran reclutados, como requisito sine qua non para el avance de los objetivos de paz y de negociación, tanto con el Eln como con la facción disidente Estado Mayor Central”.

Redacción Justicia:

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